En poco más de un mes, el Gobierno provincial anunció que dejaba de financiar el IDR y el IDC, que eliminaba la lucha antigranizo con aviones y que planea enviar el anteproyecto del Código de Aguas a Legislatura en septiembre, luego de abrir un proceso de 30 días para realizar aportes. Ayer, productores del Este y el Norte se movilizaron a Casa de Gobierno, y en el Sur se convocaron frente a la Municipalidad de San Rafael para plantear su desacuerdo no sólo con las medidas en sí, sino con el modo en que fueron decididas, sin participación del sector.
Luis Cañas, de Productores Unidos y Autoconvocados de Mendoza, una de las entidades que convocó a un “caravanazo” que partió desde San Martín, con personas de los departamentos del Este, a las que se sumaron otras del cinturón verde en Rodeo del Medio y Rodeo de la Cruz, y algunos más del Norte de la provincia en la explanada de Casa de Gobierno, explicó que la convocatoria surgió del “descontento generalizado por todas las medidas que ha tomado el Gobierno en estos últimos 30 días”.
Enumeró que se eliminó el uso de aviones para mitigar las tormentas graniceras, se cerraron instituciones que acompañaban a los pequeños y medianos productores (IDC e IDR), se ha impulsado la derogación de la ley de contratos de compraventa de fruta que protegía al productor, y se discute un Código de Aguas sobre el que hay dudas en torno al uso del recurso para riego.
“En vez de derogar, se puede mejorar, para lo que no hay que poner plata. Y la lucha antigranizo se suspendió cuando ya estaba aprobado el presupuesto para este año. Vemos una búsqueda de eliminar, por decirlo de alguna manera, la agricultura”, planteó.
Algunos de los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo, y le entregaron un petitorio con estos cuatro puntos, para que lo haga llegar al gobernador Alfredo Cornejo.
Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo (que reúne principalmente a horticultores de Maipú y la zona Este), señaló que la principal preocupación, tanto con la lucha antigranizo como con el anteproyecto del Código de Aguas, es que no se están discutiendo las decisiones con los principales protagonistas de estos cambios, ni se han contemplado los momentos para implementarlos. Añadió que, si bien los escucharon, no hubo una respuesta favorable, lo que generó mucho enojo y ahora definirán los nuevos pasos para sostener el reclamo.
Moralejo, por su parte, indicó que se recibió a los manifestantes y se les explicó que, en 40 años de lucha activa, se sostienen las 36 mil a 39 mil hectáreas afectadas por granizo por año, y cerca de 19 mil con pérdidas al 100%. Además, alrededor del 80% de quienes denuncian daños son productores de menos de 20 hectáreas, que son los que no tienen “espalda” para afrontar la próxima temporada.
Resaltó, también, que no se disminuye el presupuesto destinado a acompañar la producción, ya que el piso de inversión del Estado serán los $11 mil millones que costaba financiar a Aemsa -la empresa estatal de los aviones-, pero que se utilizará para ofrecer un seguro agrícola que permita sostener buena parte de los costos de producción (uno de los problemas del sistema actual es que el monto es muy bajo y se diluye con la inflación).
El funcionario añadió que se consultará al sector productivo cuál actualización sería más conveniente: IPC, dólar futuro, precio del mosto (que suele seguir la evolución del dólar) u otro. Esto, además de que se lanzó una línea de crédito con tasas subsidiadas para la colocación de malla antigranizo, eficiencia energética y eficiencia hídrica.
Réplica en el Sur
La convocatoria también se realizó en San Rafael, con una caravana de más de 300 vehículos y un concurrido encuentro en la explanada de la Municipalidad. Ricardo Schkop, de la Multisectorial de ese departamento, comentó que le entregaron un documento al intendente Omar Félix, para que se lo haga llegar al gobernador, con el pedido de restaurar la mitigación del granizo con aviones, de no cerrar el IDR, de consultar antes de modificar el Código de Aguas y de que los fondos de Portezuelo se destinen a obras en el Sur.
“Siempre estuvimos dispuestos al diálogo, pero no al diálogo después de la decisión tomada. Son decisiones que afectan a mucha gente y no han sido consultadas”, manifestó. De hecho, indicó que, si el Gobierno considera hay que mejorar, cambiar o reemplazar el sistema de lucha activa, se puede estudiar, pero no a tres meses del inicio de la temporada de tormentas. Sobre todo, cuando el granizo no sólo afecta a la producción agrícola, para la que se propone un seguro, sino al turismo, que representa un buen porcentaje de los ingresos del departamento.
Petitorio del Valle de Uco
El Valle de Uco, explicó Carlos Dávila Hinojosa, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), señaló que están de acuerdo con la necesidad de una reestructuración del sistema actual de abordaje de las contingencias climáticas, ya que se debe hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos. Y si bien él mismo es productor, consideró que la comunidad en su conjunto financia subsidios para el agro, que se podrían distribuir en otras actividades, como el comercio, la industria o el turismo.
Recordó que, en el Valle de Uco, no se utilizaban aviones para la lucha activa, ya que no pueden volar por la cercanía de la montaña, sino generadores de superficie. La semana pasada, mantuvieron una reunión en la cámara con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en la que pidieron información sobre la cantidad y estado actual de estos elementos, y su costo operativo, para que el sector privado evalúe si es conveniente sostenerlo, pero con financiamiento propio.
Sobre la otra “pata” del sistema, el seguro agrícola, Dávila señaló que el grado de adhesión no supera el 10% y esto se debe a que, si bien el productor paga $10 mil por hectárea, recibe una indemnización de $250 mil por hectárea dañada al 100%, lo que no cubre ni el 10% de los costos de producción. Por eso, estiman que se debería ofrecer una opción B o póliza más costosa, pero que realmente permita recuperar el cultivo. Para ilustrarlo, comentó que los socios de Tomate 2000 aportan $290 mil por hectárea, pero, si tienen daño, perciben $5 millones.
Y sumó que debería existir una política más agresiva de incentivo de la colocación de malla, ya que hay consenso de que es la única medida efectiva contra el granizo, aunque se trate de un proceso más lento. Indicó que el subsidio de tasa ofrecido por el Gobierno es suficiente para los grandes productores, pero no para los pequeños, que a veces no cumplen con los requisitos de los bancos. Para los de menos de 10 hectáreas idearon una propuesta de fianza personal y que los municipios sean fiadores con la coparticipación provincial como garantía.
