El Gobierno habilitó este jueves la renegociación de las tarifas de gas y de luz, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso, a través de la publicación del Decreto 1020/2020 en el Boletín Oficial, que, al mismo tiempo, extiende el congelamiento de los valores actuales por 90 días.
“Determínase el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, en el marco de lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, detalla el decreto.
Es como consecuencia del vencimiento del artículo que facultaba al Ejecutivo para mantenerlas tarifas energéticas a precios accesibles. No obstante, el congelamiento se extenderá por 90 días mientras que los entes reguladores renegocian los montos que podrían verse afectados para los consumidores.
Según indica el documento, “se prorroga el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado por el Decreto N° 543/20 desde su vencimiento y por un plazo adicional de noventa (90) días corridos o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal, lo que ocurra primero, con los alcances que en cada caso corresponda”.
Cuando lleguen los aumentos, prevén en el Gobierno, no sólo serán segmentados por el nivel de ingresos de cada usuario sino también escalonados.
Y con la premisa fiscal de que los subsidios no crezcan en términos reales: el esquema que hoy por hoy planea el Gobierno es que el gasto en subsidios se mantenga constante en relación al Producto Bruto Interno (PBI), en torno al 2,2%, que se divide entre 1,7 puntos para la energía y 0,5 para el transporte.
Los porcentajes de las subas aún no están definidos, pero la certeza que sí tienen en el Poder Ejecutivo es que hay un 15% de usuarios con mejores posibilidades, que afrontarán mayores alzas.
En el verano, la Secretaría de Energía avanzará en las cuestiones burocráticas para convocar a audiencias públicas que validen las subas en las tarifas.
