Como si ya se tratara de un proceso intrínseco del ciclo del ciclo de la uva, este 2024 ha presentado nuevamente el problema de la falta de cosechadores. Con la temporada ya dando sus primeros pasos, en mayor o menor medida, las distintas regiones vitivinícolas de la provincia presentan inconvenientes para levantar la producción. Así mismo, pese a que aseguran que la actividad es compatible con la permanencia en planes sociales, muchos trabajadores se niegan a ser registrados.
A la espera del pronóstico de cosecha del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se sabe que la producción estará por encima de los casi 15 millones de quintales con los que cerró el 2023 y que también la escasez de mano de obra temporal, como sucede en la mayoría de las producciones regionales, se presentará como un inconveniente en las próximas semanas, cuando haya que levantar mayores volúmenes de uva.
Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este Mendoza le llevaron la preocupación por la falta de mano de obra y la negativa de los trabajadores a ser registrados, con una directa relación con la vigencia de los planes asistenciales, con el pedido de resolverse de manera urgente y evitar inconvenientes conforme avance la temporada.
Mauro Sosa, director Ejecutivo de la entidad aseguró que se trata de un tema que persiste en el tiempo y que esperan que se prolongue un poco más y lo relacionó directamente al cobro de planes sociales, pero particularmente al pago de la Tarjeta Alimentar. “Esto sigue provocando un inconveniente muy grave, que es que todas las partes pierden, el productor, el trabajador y el Estado”, sostuvo.
“El trabajador, que al no querer registrarse, pierde un montón de beneficios sociales vinculados al trabajo formal, más allá del que pueda estar percibiendo por la Tarjeta Alimentar que debería ser un subsidio transitorio, no un derecho adquirido. Y el Estado, porque deja de percibir ante un trabajador no registrado los aportes y contribuciones que van a fortalecer el sistema de la seguridad social”, argumentó Sosa.
El bodeguero del Este planteó que solicitaron al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, ayuda para llevar el reclamo al Gobierno nacional para darle una solución definitiva al asunto. “Es una preocupación central, creo que la Nación debe tomar cartas en el asunto, porque afecta a todas las economías regionales del país, y donde los gobiernos provinciales pueden no tener herramientas suficientes, pero sí pueden mostrar su preocupación y ponerse al servicio o a disposición de la Nación en cuanto a aquellos mecanismos que permitan que de una vez por todas esto se vaya solucionando”, declaró Mauro Sosa.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), coincidió con su colega sobre las complicaciones que están enfrentado en el sector. “Pese a que el Gobierno insiste en que no tendríamos que tener problemas, todos los años enfrentamos esta situación. Cuando los cosechadores les pedís los documentos para que queden registrados, no te los dan porque argumentan que cuando cambian de categoría tienen problemas con las asignaciones, porque pasan a la categoría de empleados registrados. Y aunque las autoridades digan que no hay problema, desde que se les da la baja como trabajadores hasta que pueden volver a cobrar planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), pasa un tiempo”, explicó Ruggeri.
Una normativa confusa
Si bien desde el Gobierno nacional se ha aclarado en varias oportunidades que los trabajadores rurales temporarios pueden tener empleo registrado sin perder la ayuda social, la duda surgió tras una medida implementada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, el año pasado que creó incertidumbre sobre la compatibilidad entre el empleo formal y la asistencia social.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha asegurado que sigue en vigor la posibilidad de combinar el trabajo registrado con los beneficios de la seguridad social para los trabajadores rurales temporales.
El pasado 18 de agosto de 2023, se publicó el decreto 423, que extendió el decreto 514/2021, garantizando la promoción del empleo formal y la ampliación de los beneficios de seguridad social, incluida la tarjeta “Alimentar”, para los trabajadores temporales y sus familias. Esto significa que los trabajadores temporales pueden ser registrados por sus empleadores sin perder la asistencia social.
Sin embargo, el pasado 2 de octubre de 2023, el ex presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el Decreto 493/2023, que estableció un “Nuevo IFE” como un refuerzo para los trabajadores informales. Esta medida, que impedía que los trabajadores registrados recibieran la ayuda adicional, ahora plantea un dilema para los trabajadores temporales, quienes temen perder la asistencia social si se registran para trabajar. Esto ha llevado a muchos a optar por no registrarse, con la preocupación de que puedan perder o no recibir la ayuda en el futuro si se implementa otra medida similar.
Zonas afectadas
Fabián Ruggeri explicó que las zonas afectadas son parte de Maipú, Luján y Valle de Uco, principalmente. “Hay zonas donde están acostumbrados a darles habitaciones o casas para que vengan a cosechar. En consecuencia, en esas zonas, en general, no faltan cosechadores. Y hay donde sí hay una migración de personal, donde depende del momento y la variedad que estén cosechando en otros lugares. Ahí sí faltan cosechadores”, declaró el presidente de Acovi.
El cooperativista argumentó que esta situación, que se repite todos los años, sería mucho más grave sin los trabajadores conocidos como “golondrinas”, que llegan desde otras provincias, principalmente el Norte del país, para trabajar en la temporada. “La gente por ahí prefiere no trabajar cuando la viña no está muy productiva. Se van, no cosechan. Entonces, en esos lugares y en esa viña en particular se puede dar una falta de cosechadores, lo cual obliga a que suban abruptamente los precios del tacho para poder levantar la uva. Pero es el juego oferta demanda de toda la vida”, comentó Ruggeri.
Santiago Sancho, consejero y tesorero de la Asociación Viñateros de Mendoza (AVM), planteó que son varios los factores que están influyendo en la falta de personal para la cosecha. Sobre las zonas más afectadas, contó: “La situación se repite en el Valle de Uco y el Sur, en primer término. Después, para el Este y el Norte han llegado trabajadores golondrinas, por ahí un poco más que otros años. Ante la falta de trabajo, la gente está saliendo un poco más. Pero la realidad es que la cosecha recién está arrancando. Recién en marzo vamos a ver cómo se da la situación, donde los cosechadores van eligiendo el lugar donde ir”.
Sancho sumó otros dos factores que complican la temporada 2024. “Uno es la falta de financiamiento. Ya desde AVM hemos planteado a las autoridades que los productores no tienen alternativas de financiamiento para poder abordar la cosecha y el acarreo”, aseguró. Y, para cerrar, sumó: “El otro factor que influye es el alto costo de la cosecha mecanizada, que hoy estamos hablando de entre 650 y 800 dólares por hectárea. Cuando se hace el cálculo, estamos hablando de entre 290 y 300 quintales para que los números cierren. Eso hace que muchos que otros años han implementado la cosecha mecánica se vuelquen a la manual”.
