A casi una semana del anuncio de la extensión y ampliación del programa Precios Justos y a días del acuerdo del Gobierno nacional con los colegios privados para que el incremento de cuotas no supere el índice de inflación (al menos hasta el mes de junio), en Mendoza faltan precisiones de ambas medidas.
El pasado martes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las cámaras de los colegios privados a nivel nacional para que las escuelas privadas con subvención estatal solo puedan aumentar las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35% en abril, mayo y junio. Luego de ese mes, se trabajaría en un cuadro de compensación.
La primera provincia que anunció que hará caso omiso a la disposición nacional fue Córdoba, donde el ministro de Educación, Walter Grahovac, en compañia del director general de Institutos Privados de Enseñanza, Hugo Zanet, mantuvo un encuentro con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de esa provincia y determinaron que la Docta va a mantener su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad para no “poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas”.
En Mendoza, en cambio, todavía no hay precisiones al respecto. Fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia comentaron a Los Andes que, más allá del anuncio de Sergio Massa no hay una decisión oficial. Asimismo, habrá que esperar la reunión del Consejo Federal de Educación, donde podría haber una resolución. Por su parte, Fernando Bertonatti, apoderado legal de los colegios privados del Arzobispado de Mendoza, comentó que están en contacto con las autoridades, pero “no hay nada” por el momento.
En la provincia, el primer aumento del año autorizado por la DGE había tenido lugar en plena vacaciones de verano, el pasado 26 de enero, cuando a través de la Resolución 272 publicada en el Boletín Oficial otorgaron un incremento en las cuotas del 24%, un porcentaje superior al que determinaron las autoridades nacionales. En ese momento, argumentaron que era necesario que las las Instituciones de Enseñanza Pública de Gestión Privada que reciben aporte del estado adecuen sus aranceles “a la realidad económica actual”.
De esa manera, desde el día de la publicación de la normativa, la cuota más baja en el nivel Inicial y Primario pasó a ser de $7.698 y la más alta de $15.422. En tanto que en el Secundario las cuotas varían entre $9.507 y los $19.317. En el nivel Especial, los valores van desde $13.711 a $16.186. Y en el Superior, el mínimo alcanza los $10.511 y el máximo llega a los $31.539.
La incertidumbre de Precios Justos
De acuerdo a la página de la Secretaría de Comercio, hoy en Mendoza deberían ser 1.884 los productos incluidos en el programa Precios Justos que podrían encontrarse en 78 supermercados de doce departamentos de la provincia. Sin embargo, al recorrer los diferentes establecimientos pertenecientes a las grandes cadenas de supermercados adheridas, la disponibilidad real puede llegar a un promedio de 900 productos, en el mejor de los casos, de acuerdo a lo informado a Los Andes por fuentes del Gobierno provincial.
En esta nueva etapa anunciada el pasado viernes “para llevar estabilidad a los precios, disminuir la expectativa inflacionaria y recuperar el poder de compra de las argentinas y los argentino”, incorporó 15 sectores claves de la economía y determinó que el incremento de precios mensual no puede superar el 3,2% hasta el 30 de junio.
En este sentido, los artículos incluidos en el listado no serán fijos durante los cinco meses que se extiende el programa, sino que tendrán una rotación cada 60 o 90 días. En Mendoza, el organismo encargado del control y fiscalización del programa Precios Justos es la Direccióde Defensa del Consumidor.
Sin embargo, desde las oficinas que comanda Mónica Lucero comentaron a Los Andes que todavía no tienen instrucciones definidas para esta nueva etapa y que están “esperando instrucciones desde Buenos Aires y que se terminen de definir los productos para la provincia”.
En lo que a la fiscalización respecta, a nivel nacional esperan tener más control sobre el programa. De hecho, el día jueves fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 67/2023, mediante la cual las empresas que superen un determinado nivel de ventas totales en el mercado interno tendrán que informar mensualmente en el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, hasta el día 31 de diciembre de 2023.
Además de los precios, las empresas deberán informar las cantidades producidas y vendidas, así como también el stock de todos los productos durante enero de 2023, con un plazo hasta el día 10 de marzo.
En el caso de las microempresas, deberán informar a partir de ventas superiores a $23.560.000 para el comercio y de $21.990.000 en la industria. Para las pequeñas lo harán cuando superen $141.680.000 y $157.740.000, respectivamente. En tanto, para las medianas empresas del tramo 1, el límite será de $1.190.400.000 para el comercio y de $986.080.000 para la industria; y en el tramo 2, de $1.700.590.000 y $1.441.090.000.
