En 2017, había 24.448 juicios en el fuero laboral de la provincia. Para entender lo que este número significaba, hoy, entre las cuatro provincias que mayor cantidad de causas tienen -Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe- llegan, en conjunto, a 110.000. Por otra parte, el proceso tenía una duración promedio de cuatro años, lo que no sólo complicaba la resolución del conflicto, sino que añadía intereses al monto final a pagar y funcionaba como un incentivo a litigar.
Después de realizar diversas reformas en el sistema, entendiendo que no toda solución debe ser judicial, sino que, por el contrario, debían reforzarse los mecanismos extrajudiciales, se logró reducir en un 49,63% la cantidad de causas que ingresan al fuero: se pasó de esas 24.448 en 2017 a 15.660 en 2023, lo que implica 8.788 menos. Aún más, se conciliaron más de la mitad de las denuncias.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, fue uno de los disertantes en el Primer Coloquio Anual del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (Cides), cuyo lema fue: “El impacto de la litigiosidad en la economía argentina”.
Sobre esto, Garay explicó que, cuando era ministro de Gobierno de la provincia, le tocó renegociar la alícuota con las ART y descubrió que, mientras San Juan y San Luis tenían una del 2%, en Mendoza rozaba el 4% (3,7%). Cuando preguntó cuál era el motivo de esta diferencia, le respondieron que eran los juicios laborales. “Eso lo pagan las pymes mendocinas”, resaltó el magistrado.
La reducción del tiempo en que se resuelve el proceso, de 4 años en promedio a 1,8 años, sumado a la cantidad de causas que se resuelven en instancias previas, permitió que esa alícuota cayera a 2,84%. Llevado a números, en 7 años se ahorraron US$ 87,4 millones, lo que equivale a la contratación de unos 10.705 trabajadores. Por otra parte, sólo en 2023, esa baja de porcentaje igualó una suma de US$ 11,4 millones.
Garay detalló que, a partir de un diagnóstico inicial, en 2016, identificaron que la solución podía estar fuera de Tribunales y así se creó la Oficinal de Conciliación Laboral Obligatoria y se adhirió a la Ley de Riesgos del Trabajo. De la mano de la profesionalización de los abogados, se logró alcanzar una tasa de conciliación de 51,5%. “Son causas que hubieran ingresado al sistema judicial”, resaltó Garay.
Ya dentro de Tribunales, detalló, se decidió que podían intervenir jueces en primera instancia, sin necesidad de que los casos fueran a la cámara y permitió que hubiera tres jueces en lugar de un solo ámbito. El integrante del máximo tribunal de la provincia indicó que el fuero laboral era muy castigado, pero de esta manera se resuelve el 100% de la cantidad de sentencias que ingresa en un año (no se van acumulando).
La reducción de los plazos no sólo tiene el impacto económico ya señalado -reducción de alícuotas y de intereses-, sino que también beneficia al trabajador, ya que también logra una resolución en menos tiempo. Esto, porque debe ir a la comisión médica con un abogado, o se lo designa el Estado, y la audiencia en la OCL se fija dentro del mismo mes (aunque se pueda ir a más de una y, si no hay acuerdo, acudir a la cámara).
Luego de la presentación en el panel del Cides, Garay fue consultado por especialistas de otras provincias, para ver de qué manera se puede hacer más eficiente el proceso laboral. El juez indicó que, más allá de esto, pretenden seguir avanzando en la reducción de los tiempos del proceso y en mejorar el sistema de pericias, para acelerar los plazos. Por un lado, se apunta a que el Cuerpo Médico Laboral audite a los peritos, pero también a implementar tecnología, con inteligencia artificial, para realizar determinadas tareas, como analizar radiografías.
Asimismo, se separó la remuneración del perito del proceso, ya que antes cobraba un porcentaje de la condena, lo que era un incentivo para llegar a juicio, mientras ahora percibe un monto fijo por cada pericia que realiza.
Por otra parte, la Reforma del Código Procesal (que se realizó en octubre del 2018) incluyó la oralidad, que brinda inmediatez; se estableció la prueba anticipada, previa a la realización de la audiencia inicial; se creó un sistema pericial creando el Cuerpo de Peritos; se comenzó en 2021 con la gestión de causas electrónicas (expediente digital); y se generó una gestión articulada con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, comentó que este proceso comenzó en la primera gestión del gobernador Alfredo Cornejo y ha sido muy positivo para los empleadores y entendió que también para los empleados, porque baja de manera considerable la conflictividad y, consecuentemente, la litigiosidad.
