La pérdida de poder adquisitivo de los salarios impacta en diversos aspectos de la vida cotidiana y las posibilidades de acceso a la atención en el sector privado de la salud por parte de los mendocinos no escapan a esto. La ministra Ana María Nadal mencionó que el porcentaje de la población que se está atendiendo en el sistema público asciende al 55% y que esto no responde a la decisión reciente por parte de los médicos de cobrar la consulta particular o un copago, sino a la crisis económica.
Los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE), basados en la Encuesta de Condiciones de Vida, muestran que, el año pasado, 59,2% de los mendocinos contaban con cobertura médica a través de PAMI, obras sociales o un plan de salud privada. Esto significa que el 41,5% dependía de la atención en el sistema público. En cambio, en 2016, la proporción de mendocinos que no tenía una cobertura médica ascendía al 38,2%. Es decir, la cantidad de personas que recibe el sistema público se incrementó en 3,3 puntos porcentuales en los últimos 6 años.
Por otra parte, también según la DEIE, el año pasado, el 50,3% de la población se atendía en un hospital público o centro de salud, un 33,3% en un hospital o consultorio de la obra social y un 16% en un hospital o consultorio privado. Esto, con marcadas diferencias según el departamento -y la existencia de centros asistenciales del sector privado-, ya que, por ejemplo, en Santa Rosa, el 81,1% de los habitantes acuden al sistema público, mientras esa cifra cae al 26,2% en Capital.
En tanto, en 2016, el 48,1% de los mendocinos acudían a un hospital público o centro de salud para atenderse, un 42,8% en un hospital o consultorio de la obra social -lo que implica que, a 2022, la diferencia es de 9,5 puntos porcentuales- y un 8,7% en un hospital o consultorio privado (también cayó, en los últimos seis años, 7,3 puntos). De todos modos, las estadísticas indican que puede haber variaciones de registro de entre 10 y 20%.
Por otra parte, y aunque estas estadísticas aún no lo reflejan, en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, hay 35 mil mendocinos más que tienen ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Dentro de este grupo, se observa un fenómeno poco habitual años atrás: el de familias que tienen un salario -por lo tanto, un empleo estable- y se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Los datos de una economía desquiciada
El incremento que vienen teniendo las cuotas de las obras sociales en los primeros nueve meses del año es del 78% y del 63% para los que lograron obtener el congelamiento. Hasta agosto la inflación acumulada era del 80% según el Indec y seguramente será un poco más del 90% cuando salga el indicador de setiembre.
En Mendoza, según la consultora Evaluecom, el promedio de incremento salarial, entre los privados, públicos e informales, en un año fue del 134%. Y para el Indec la inflación de 12 meses, de agosto del 2022 al mismo mes del 2023, llega al 124%. Visto así, la gente que vive de un salario estaría en condiciones de seguir manteniendo su nivel de vida porque, hasta aquí el aumento salarial superó la inflación. Pero cuando vamos a los montos la cosa se complica. El salario promedio en Mendoza es de $ 225.000 y el costo de un plan de una prepaga para una pareja de unos 35 años con dos hijos de 5 y 6 años puede llegar hasta los 80 mil pesos, casi el 36% del ingreso de una persona del hogar.
Otro punto importante es que en principio, el Estado provincial ha sido más “eficiente” que las prepagas a la hora de aplicar incrementos. Es que esta semana se definió el porcentaje de ajuste de los impuestos patrimoniales que sirven, en parte, para financiar la salud pública. El inmobiliario está previsto que se ajuste 136% y el automotor 151%.
Incremento
Los datos de la DEIE sólo abarcan hasta 2022, pero la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes comentó que el porcentaje de mendocinos que se atiende en el sistema de saludo público ha crecido al 55% y resaltó que esto se debe al impacto que la situación económica está teniendo en las familias, más allá del conflicto puntual de las últimas semanas.
Detalló que, si bien, según el relevamiento de la DEIE, aproximadamente el 60% de los mendocinos posee algún tipo de cobertura social, en muchos casos, dependiendo de la obra social o seguro de salud, los afiliados tienen barreras de acceso, que hacen que las personas acudan al sistema público, que resulta más accesible.
Asimismo, actualizó los últimos datos disponibles y detalló que entre OSEP, PAMI y las personas con cobertura exclusiva a cargo del Estado se encuentra el 70 % de la población. Del restante, el 25% tiene obras sociales nacionales y el 5% prepagas.
Por otro lado, indicó que también hay prestaciones de alta complejidad, especialmente en niños, que son realizadas en el hospital Humberto Notti, independientemente de la cobertura que la persona posea. Y aclaró que, desde el Ministerio y los hospitales de gestión descentralizada se realizan los trámites de facturación a las obras sociales y de recaudación “para evitar y/o disminuir el subsidio cruzado y hacer más eficiente el gasto público en salud”.
“Las crisis económicas atraviesan al sistema de salud en varias dimensiones: recurso humano, compras de insumos casi en su totalidad dolarizados y aumento de la demanda en el subsector público”, expresó Nadal. Y sumó que, en este contexto, en los hospitales y establecimientos públicos se ha incrementado desde fines de la pandemia -lo que coincide con la consulta acumulada y la situación económica- la cantidad de consultas ambulatorias y de internación.
Coyuntura compleja
Esto evidencia que, aunque la situación sanitaria reciente sin duda ha tenido un impacto transitorio en la elección del lugar de atención, el cambio se venía registrando desde hace un tiempo. Se debe recordar que, el 1 de setiembre, los médicos dejaron de recibir obras sociales y prepagas en la provincia, ya que señalaron que los aranceles estaban muy desactualizados, además de tener demoras de 90 días para el pago.
Como consecuencia de esto, los afiliados debían pagar una consulta particular de $6.000 (u $8.000 en casos puntuales). Luego, la situación se diversificó según la cobertura con la que cuente el paciente: los afiliados de prepagas u obras sociales que aumentaron el monto que les pagan a los médicos no deberán pagar nada; los que cuentan con planes de empresas u organizaciones que otorgaron un incremento inferior al pedido por los profesionales, deberán pagar $1.000 o $2.000 de plus; y los que están afiliados a las que no aceptaron el aumento solicitado deben pagar $6.000.
Es de esperar que, para evadir este copago, algunas personas que cuentan con cobertura médica hayan optado por acudir al sistema público, pero el cambio se venía observando con anterioridad.
Rotación
Quienes siguen trabajando en blanco, siguen contando con cobertura médica. Sin embargo, existe un cierto consenso en que buena parte de la recuperación del empleo postpandemia en la provincia se ha asociado a trabajos informales. Por otra parte, hay familias que suelen pagar un extra de lo que les descuentan del sueldo para poder acceder a un plan superior, y con ello a una mejor cobertura, dentro de la misma obra social o para contar con una prepaga.
Sobre si la crisis económica generó que personas hayan tenido que optar por un plan inferior o por pasarse de una prepaga a una obra social, una fuente del sistema privado de salud señaló que no están viendo un éxodo masivo de afiliados ni tampoco una marcada elección de planes más bajos (aunque ha habido casos). Y añadió que se compensan con nuevos ingresos. Detalló que esto sucede porque hay quienes han tenido aumentos de sueldos que han ido acompañando la inflación, mientras que las cuotas de las prepagas se han quedado por debajo.
Sin embargo, advirtió la compleja situación que enfrenta el sistema de salud privado, por el desfinanciamiento que viene sufriendo desde hace 20 años y, con más fuerza, en los últimos 12. Por un lado, por la incorporación de prácticas al plan médico obligatorio sin considerar cómo iba a afrontarse el pago. Y por otro, por la sanción, en 2011, de la ley que establece la regulación, por parte del Gobierno, de los aumentos de las cuotas de las prepagas.
El atraso, resaltó, es progresivo y se suma que, en todo 2020, sólo pudieron aplicar un aumento, del 10% en diciembre y que los siguientes ajustes se realizaron sobre estos montos ya desactualizados. Y si bien al utilizar el índice de costos de salud los ingresos seguían quedando por detrás de la inflación, otorgaba una cierta previsibilidad a las empresas del sector. Mientras ahora, con el congelamiento de las cuotas por 90 días, temen que se pueda llegar al quebranto y planteó que esto tendría consecuencias muy complejas en todo el sistema.
