Desde que el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el impuesto a la riqueza, los inversores se pusieron nerviosos y comenzaron un proceso de dolarización de carteras, que incluye no sólo pasarla de pesos a divisas, sino además mandarlas al exterior.
De hecho, el contado con liquidación duplicó el volumen negociado, al pasar de casi u$s 20 millones a casi u$s 40 millones por día, contra u$s 7 millones que venía operando a principios de octubre, antes de que achicaran el parking.
Cuando se eliminan las restricciones aumentaba el volumen, y por un tiempo se estabilizó entre u$s 18 y u$s 20 millones diarios, hasta que ahora se duplicó.
No es que el que tiene que pagar el impuesto a la riqueza compra CCL, sino que al sancionarse el impuesto algunos creen que puede hacer subir el precio del liqui y se anticipan.
Guillermo Pérez, titular de Grupo GNP, atribuye este fenómeno a un fuerte efecto desconfianza, “que se acentuó producto que se haya tratado tan intempestivamente en el Senado, que apareció de golpe y que impactará en el aparato productivo. La gente que tiene fortuna, ganada luego de décadas de trabajo, no ve una luz en el horizonte, entonces se refugia en el dólar y en el exterior, porque prefiere tenerla plata afuera, pese a tener que pagar un mayor porcentaje de impuesto, o discutirlo judicialmente, antes que tener el dinero en el país. No creen que sea un impuesto por única vez y huyen”.
Además, a su juicio no resuelve ningún problema, porque los $ 300.000 millones que se prevé de recaudación es apenas el déficit de un solo mes del país. “Ya son tasas desmedida en el tramo medio de la escala, porque si la persona ya pagó el 2% del impuesto a los bienes personales, y debe pagar otro 4%, equivale al 6%. Por lo tanto, a una persona que trabajó durante 40 años le roban dos años y medio de trabajo en un solo año”.
“Ante una suba esperada del dólar a futuro, se trata de hacer que el pago del impuesto (aporte solidario) implique una menor cantidad de dólares”, señala Martin Caranta, de Lisicki Litvin.
Para el tributarista Iván Sasovsky, la lectura que se hace es que la creación de nuevos impuestos ahuyenta la inversión, “lo que traerá una mayor lentitud para la generación de empleo, consumo y recuperación económica, por lo que a futuro la Argentina estará más condicionada y ante la adversidad el gobierno puede tomar decisiones más drásticas y por las dudas salgo. Por momentos parece que el Gobierno es el único que no percibe esto y se abroquela a una postura ideológica y sesgada que hasta los empresarios más cercanos al gobierno lo han advertido”.
A su juicio, este impuesto genera un efecto muy similar al impuesto a la renta financiera, que buscaba alcanzar a la renta supuestamente especulativa y terminó alcanzando a los plazos fijos en pesos de los jubilados; generando todo lo contrario a lo buscado originalmente. “Llamar impuesto a la pobreza a este impuesto a la riqueza es la simplificación más gráfica de esta contradicción entre objetivos perseguidos y resultados alcanzados”, indica Sasovsky.
Fernando Schettini, socio de S&A, supone que puede haber gente que esté sacando la plata para luego traerla, ya que quien trae el 30% de su patrimonio paga una alícuota menor. Pero el tema es si se toma la fecha de corte al 31 de diciembre del año pasado.
Ante esto, Jorge Gebhardt, director de impuestos de Aguirre Saravia & Gebhardt, asegura que la fecha de corte será cuando la ley se promulgue a n de año: “Muchos clientes han llamado con preocupación y observan los recursos jurídicos que se pueden tener en cuenta para tratar de ver cómo atenuar el impuesto o directamente no pagarlo. La molestia es bastante grande, sobre todo de gente que si tiene acciones debe gravarlas, y eso en las grandes fortunas es mucho dinero”.
