Javier Milei anunció un ambicioso plan de ajuste fiscal que busca una reducción significativa del gasto público, equivalente a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, es importante destacar que este ajuste se centrará en gran medida en un recorte del 0,5% dirigido específicamente hacia lo que Milei denomina la “casta política”.
Es también destacable que no será el único sector recortado y que esto podría tener un impacto significativo en diversos sectores de la sociedad, plantean un escenario de transformaciones profundas en la estructura de gastos del gobierno con el Plan Motosierra. Sin embargo, la efectividad práctica de estas medidas aún está por verse y dependerá de la capacidad de implementación y aceptación que encuentren en la realidad económica y política del país.
Cuáles son los sectores dónde se recortarán gastos
1. Reducción de Ministerios
Como el candidato electo anunció en campaña, una de las medidas es achicar la cantidad de Ministerios Nacionales. Bajo la propuesta de Javier Milei para la estructura ministerial de su eventual gobierno, se contempla la permanencia de varios ministerios clave, como: Economía, Justicia, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura e Interior.
A su vez, introduce la incorporación del Ministerio de Capital Humano. Este se formaría mediante la fusión de los actuales Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud.
La creación del Ministerio de Capital Humano responde a la visión de Milei sobre la importancia fundamental de las habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada individuo para la economía de un país.
Según el líder político, invertir en el desarrollo de este capital humano no solo incrementa la productividad, sino que también impulsa el progreso tecnológico. Además, destaca los múltiples beneficios que esta inversión podría aportar a otras áreas, como las sociales o científicas. Aún no se sabe si Salud puede seguir siendo un Ministerio o si se degradaría a Secretaría.
2. Quita de subsidios
El grueso de las medidas de ajuste se traducirá en recortes sustanciales de subsidios a los servicios públicos, comúnmente conocidos como “tarifazos”. Esto engloba a todos los servicios que la mayoría de la población usa diariariamente, como: agua, luz, gas, transporte, entre otros.
La estrategia propuesta implica una secuencia de medidas orientadas a transformar el panorama económico a través de la reducción del gasto público y la consiguiente disminución de impuestos. Después de llevar a cabo recortes significativos en el gasto gubernamental, la siguiente etapa consistiría en una reducción considerable de la carga tributaria.
La intención detrás de esta disminución de impuestos es eliminar hasta el 90% de los impuestos actuales que, según la perspectiva de quienes proponen esta estrategia, tienen un impacto recaudatorio relativamente bajo, representando aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto (PBI). Aunque estos impuestos no generan ingresos significativos, se argumenta que su existencia podría generar obstáculos y complicaciones para el funcionamiento eficiente de la economía.
3. Planes sociales
Milei tiene como objetivo principal llevar a cabo un ajuste fiscal y abordar desafíos económicos. Aunque planea reducir el gasto público, reconoce la importancia de mantener la asistencia social para evitar un aumento drástico de la pobreza. La ministra electa de Capital Humano, Pettovello, tendrá la responsabilidad de gestionar fondos adicionales durante el período de ajuste.
Se anticipa un rediseño de los programas sociales para mejorar la asignación de fondos y reducir la influencia de las organizaciones sociales. El equipo discute estrategias para entregar la ayuda social de manera directa, posiblemente a través de una tarjeta. Entre las medidas propuestas se encuentra la transformación del plan Potenciar Trabajo y la creación de Centros de Infancia y Familia para abordar condiciones sociales de la primera infancia. El equipo enfrenta el desafío de gestionar posibles protestas y asegurar la eficiencia en la distribución de la ayuda social.
4. Privatizaciones
Esta propuesta no solo implica la reducción de gastos en empresas estatales, sino que también contempla la disminución de subsidios al sector privado y la paralización de proyectos de obra pública.
En otras palabras, varias empresas estatales experimentarían cambios en la forma en que se financian en el próximo año, ya que los subsidios se verían afectados como parte del recorte del 15% del PBI. Además, los proyectos de construcción de infraestructura pública requerirán la participación de inversores privados.
En términos de rentabilidad, esta medida genera inquietudes, especialmente en lo que respecta a proyectos destinados al bienestar social. Siguiendo el modelo chileno, solo las grandes carreteras son construidas y gestionadas por capital privado. La idea subyacente es que una vez que la empresa recupera la inversión, se retira y la infraestructura se convierte en un bien público.
Sin embargo, es crucial tener en cuenta que este modelo no siempre se traduce de la misma manera en la realidad, como se ilustra en el caso de las carreteras en Chile. Al finalizar los contratos, se introdujo un “impuesto verde” con el objetivo de fomentar el uso de transportes ecológicos y reducir la dependencia del automóvil.
5. Eliminación de regulaciones
La “apertura comercial” se refiere a la adopción de políticas que promueven la integración y la participación activa de un país en el comercio internacional. En el contexto proporcionado, la idea de una “apertura comercial unilateral a la chilena” implica seguir el modelo del país vecino, que ha adoptado políticas de apertura económica.
En términos prácticos, esto significa reducir las barreras comerciales, como aranceles y restricciones a la importación, con el objetivo de fomentar el intercambio comercial con otros países. La justificación detrás de esta medida es la creencia de que el comercio libre tiene el potencial de generar bienes de mejor calidad o a mejores precios para los consumidores.
En el contexto de las reformas anteriores mencionadas, se sugiere que después de llevar a cabo ajustes económicos y reformas internas, el siguiente paso sería abrir de manera unilateral las fronteras comerciales del país. Esta apertura permitiría a las empresas nacionales acceder a nuevos mercados y competir con productos y servicios extranjeros.
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