El año pasado, el decreto 2348/23 estableció un procedimiento de adecuación trimestral de VAD (Valor Agregado de Distribución), que se aplica en agosto, noviembre, febrero y mayo de cada año. De hecho, en la audiencia pública de los primeros días de julio se propuso un incremento en las facturas de energía eléctrica de los usuarios mendocinos, del 12% en promedio con respecto a mayo. Sin embargo, las distribuidoras siguen siendo multadas por el EPRE (Entre Provincial Regulador Eléctrico) por falencias en la prestación del servicio.
En el Boletín Oficial del jueves pasado fue publicada una resolución del EPRE que aplica multas a seis distribuidoras. Algunas responden a cortes de servicio por eventos que se consideran como de “fuerza mayor”, como el viento Zonda, pero la mayoría se debe a mala calidad del servicio.
Edemsa recibió una sanción de casi $300 millones, por estos casos de fuerza mayor, y otra de casi $135 millones por el “apartamiento de los límites admisibles de calidad del servicio técnico”. Se debe recordar que la empresa es la prestadora que abarca a la mayor cantidad de usuarios en la provincia, superando los 490 mil.
Aunque las dos multas alcanzan los $135 millones, el 93% de ese monto deberá devolverse a los usuarios que fueron afectados como bonificaciones en la boleta, mientras el 7% restante se destinará al Fondo Provincial Compensador de Tarifas.
A fines de julio, ya se le habían aplicado otras dos sanciones a la distribuidora, por un total de $1.130 millones. Los motivos habían sido los mismos: interrupciones en la prestación del servicio y problemas de tensión.
Otra de las distribuidoras multadas la semana pasada fue Edeste SA, por un monto de $2,5 millones, por “apartamiento de los límites admisibles de calidad del servicio técnico”; también la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde-Algarrobo Grande, por una suma de $5 millones; y la Cooperativa Alto Verde, por más de $10 millones.
Las dos restantes también son cooperativas, pero los montos de las sanciones son insignificantes: $589,71 en el caso de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia y $5.090,43 en el de la Cooperativa Sud Río Tunuyán Rivadavia.
Estas multas por mala prestación del servicio que aplica el EPRE parecieran chocar con el hecho de que, según el Reporte de Tarifas y Subsidios, de julio, que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (de la UBA y el Conicet) en base a los cuadros tarifarios de las distribuidoras, los usuarios mendocinos pagan la boleta promedio de electricidad más cara del país.
Hay que reconocer que el ajuste trimestral del VAD se aplicó por primera vez en febrero de este año; con algunas divergencias en la medición del índice que generaron una diferencia a favor de las distribuidoras que los usuarios pagarán con las boletas del consumo de agosto, septiembre y octubre.
Tarifas actualizadas
Sin embargo, Romina Ríos, presidente de la asociación civil de defensa del consumidor Protectora, señaló que esta actualización de las tarifas no se ha alcanzado recién ahora, sino que ya en la auditoría integral que se realizó en 2019 se comprobó que las empresas ya tenían la tarifa actualizada y que, pese a eso, “no cumplían en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo que, justamente, son las inversiones para mejorar el servicio”. Y precisó que esto no sólo tiene como finalidad evitar cortes o mala prestación, sino también extender la red eléctrica, por ejemplo.
Detalló que la sanción que aplica el EPRE generalmente se produce con una demora considerable, ya que se van haciendo las auditorías y se les da un plazo a las distribuidoras para presentar descargos. Esto hace que la devolución a los usuarios llegue unos meses después, lo que tiene importancia en un contexto de aumentos frecuentes (tanto del VAD, componente provincial, como del costo de la energía y su distribución, que fija Nación) y de reducción de subsidios.
Ríos reconoció que, en 2020, con la pandemia y el congelamiento de las tarifas, podría entenderse que se frenaran las inversiones, pero resaltó que en la provincia se retomó la actualización tarifaria más rápido que a nivel nacional. Como contraparte, acotó que, en las últimas auditorías, ha detectado que las empresas están realizando las obras comprometidas y, si bien no cumplen al 100% con lo acordado, sí están siguiendo un buen ritmo.
Planteó que la deficiencia en la calidad del servicio se vincula con las instalaciones actuales y la falta de inversión, tanto en renovación como en extensión de la infraestructura. Pero también responde a la sobrecarga del sistema por una mayor cantidad de usuarios clandestinos, que se “cuelgan” a la red y generan cortes por cortocircuitos.
Zonda, robos y conexiones clandestinas
Los Andes se contactó con dos de las distribuidoras que fueron multadas la semana pasada, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en la audiencia pública de principios de julio, cuando se discutió la actualización del VAD y la posible revisión de las variables para determinar el aumento del costo de operación de las empresas y cooperativas, quienes acudieron en representación de éstas plantearon algunos de estas consideraciones.
Marta Molinaro, gerente técnica de Edemsa, mencionó las inversiones más importantes que han concretado recientemente y destacó que “tuvieron un gran impacto en la calidad de servicio, manteniendo altos estándares, pese a las contingencias de viento Zonda cada vez más fuertes y frecuentes, así como importantes olas de calor durante el verano”.
También hizo referencia a la problemática de robo de cables y transformadores, que genera un gran costo para la distribuidora y provoca afectaciones del servicio eléctrico hasta que se logra sustituir los elementos sustraídos. En esta línea, señaló, están sustituyendo las bobinas de cobre por aluminio y resaltó el accionar del Ministerio de Seguridad.
Molinaro comentó, además, que en los últimos años han “aumentado los recursos humanos y económicos destinados a afrontar el incremento de pérdidas de energía”, debido a que hay barrios en estado de extrema vulnerabilidad que todavía no forman parte de la red y los daños que producen las conexiones clandestinas repercuten en la calidad del servicio a los usuarios formales.
Ricardo Poccioni, quien también fue uno de los oradores en la audiencia, en representación de Edeste SA, mencionó el daño a equipos e instalaciones por causa del vandalismo y las “pérdidas no técnicas” que, debido a la situación socioeconómica, se han incrementado significativamente.
