A las 0 de este viernes, los trabajadores petroleros de Mendoza y otras provincias iniciaron un paro en yacimientos para reclamar porque el 75% de ellos no ha podido volver a trabajar y percibe un 60% de sus ingresos antes de la pandemia. Esto, pese a que consideran que ya están dadas las condiciones para retomar su tarea habitual. De no llegar la conciliación obligatoria, podrían extender la medida y cortar el ingreso a la destilería.
David Castro, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo, informó que el paro es por tiempo indeterminado y que no van a levantarlo hasta que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, ya que esto obliga a las partes a sentarse en una audiencia. Es que subraya que hace 20 días que intentan tener una respuesta por parte de las empresas y las cámaras del sector, pero ni siquiera han podido reunirse.
El petrolero insistió en que la gente quiere volver a trabajar y no estar en sus casas, percibiendo una parte de su salario, como se acordó en el marco de la cuarentena. Y resaltó que el valor internacional del crudo se recuperó y ronda los U$S 40, lo que les permite a las empresas trabajar sin pérdidas. También, que la refinería ya está produciendo más del 60% del petróleo que ingresa, porque se han reactivado la mayoría de las actividades y, con eso, el consumo de combustible.
Pese a eso, de los 3 mil trabajadores del sector en la provincia, 2.500 se encuentran todavía en sus casas. Castro subrayó que ya se han armado protocolos y que todo está listo para retomar las tareas habituales.
Como no pudieron obtener una explicación de por qué esto no ha ocurrido, decidieron ir al paro. Y si bien estimó que no se va a llegar al desabastecimiento de combustibles por esto, sí podría ocurrir si no hay una solución y deben reforzar la medida, con el corte del ingreso a la destilería y a las plantas fraccionadoras; algo que resaltó no quieren que suceda.
El titular de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, detalló que la medida de fuerza se adoptó en Salta, Tierra del Fuego, Mendoza, Bahía Blanca y La Pampa, después de un plenario con los secretarios generales de los sindicatos de esas provincias, que representan a unos 8 mil trabajadores.
Milla planteó que el 31 de mayo venció el acuerdo por el que un grupo importante de personas se quedaba en su casa, percibiendo el 60% del salario neto de febrero. Es decir que el 1 de junio deberían haber retornado a sus tareas o, al menos, tener una reunión para acordar cómo se sigue. En cambio, algunas empresas ni siquiera respetaron lo acordado y han pagado un 30% menos de ese 60%.
Por otra parte, los empleados que sí siguieron trabajando en guardias mínimas deben cumplir múltiples funciones, lo que consideró se trata de una flexibilización encubierta. Como querían discutir estos temas, además de que no se ha cumplido la cláusula de revisión de 2019 (lo que los deja con un atraso salarial del 18%), enviaron el miércoles un pronto despacho al Ministerio de Trabajo, para que llamara a una audiencia urgente. Como no sucedió, decidieron ir al paro en yacimientos.
