Además del proceso de privatización, la empresa metalmecánica Impsa enfrenta un complejo panorama laboral y financiero. Los 750 trabajadores de la firma fueron notificados de que recibirán solo el 50% de sus salarios correspondientes al mes de noviembre y no tienen certezas sobre el pago del aguinaldo de diciembre. Ante esta noticia, comunicada por la conducción de la empresa el 29 de noviembre, los empleados realizaron un paro con asistencia a su lugares de trabajo.
Nucleados en los gremios de Asimra y la OUM, los trabajadores iniciaron un paro con asistencia al lugar de trabajo como medida de protesta frente a la falta de garantías sobre el pago total de sus haberes y el aguinaldo. Desde Asimra se informó que la decisión fue adoptada de manera unánime tras reuniones internas con el personal afectado.
El paro no implicó interrupciones en la operación de las instalaciones ni cortes de tránsito en las inmediaciones de la planta ubicada en el carril Rodríguez Peña, pero refleja el descontento de los empleados, quienes señalan que sus sueldos no han sido actualizados durante meses, excepto por un incremento del 2,5% recientemente aplicado.
La privatización, entre retrasos e incertidumbres
El proceso de privatización de Impsa, que comenzó bajo la administración del presidente Javier Milei, ha enfrentado demoras significativas. El estadounidense ARC Energy, único interesado en adquirir la mayoría accionaria de la empresa, aún no ha cerrado la operación debido al alto nivel de pasivos con los que cuenta la compañía.
Originalmente, se esperaba que la adjudicación se concretara entre finales de noviembre y principios de diciembre. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación confirmaron que se solicitó una prórroga de un mes para continuar con las conversaciones con los acreedores. Este aplazamiento pospone la resolución hasta al menos enero de 2025, manteniendo en vilo tanto a los trabajadores como a la actual administración.
Impsa, cuya composición accionaria incluye un 21,2% en manos de Mendoza, no ha contado con participación activa de las autoridades locales en las negociaciones. En septiembre, el oficialismo local sancionó una ley que permite la transferencia de este paquete accionario como parte del proceso de privatización. La oferta de ARC Energy, única en el marco de esta operación, contempla un plan de negocios enfocado en proyectos relacionados con grúas, energía hidroeléctrica y nuclear.
Caminando al rollover
La crisis financiera que atraviesa Impsa no es nueva. La empresa ha enfrentado dificultades económicas recurrentes, y este nuevo capítulo añade incertidumbre tanto para los empleados como para los actores involucrados en el proceso de privatización. Representantes de la firma estadounidense visitaron recientemente las instalaciones de Impsa para presentar sus planos al equipo gerencial, lo que generó ciertas expectativas positivas dentro de la compañía.
Sin embargo, la crítica situación financiera sigue dominando el escenario. El futuro de IMPSA dependerá en gran medida de la capacidad para cerrar el acuerdo con ARC Energy y reestructurar sus finanzas. Mientras tanto, los trabajadores esperan definiciones que aseguren sus derechos laborales, y el sector sindical analiza nuevas medidas para presionar una salida al conflicto.
