Un reciente informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet posicionó a Mendoza como la provincia con la tarifa de luz más cara del país, un dato que generó debate y reacciones en distintos sectores. Andrea Molina, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), matizó el contenido del estudio y aseguró que se trata de un dato “circunstancial”.
“Es cierto que en ocasiones podemos tener una de las tarifas más caras, pero no es una constante. Es circunstancial porque todas las provincias están atravesando procesos de revisión tarifaria”, explicó Molina en relación al estudio. Según señaló, uno de los problemas radica en las fechas utilizadas para el análisis comparativo: “Lo que pasa es que toman fechas distintas de los cuadros tarifarios”.
Molina también hizo hincapié en que los subsidios provinciales juegan un papel importante en la variabilidad de las tarifas: “Las provincias que aparecen con tarifas muy bajas lo logran porque los gobiernos provinciales deciden seguir subsidiándolas. Eso no siempre refleja los costos reales del servicio”.
La titular del EPRE subrayó que, a pesar de las críticas por el costo del servicio, en Mendoza se priorizan las inversiones para garantizar calidad y continuidad en el suministro eléctrico. “Este año se proyectan inversiones de no menos de 28 mil millones de pesos únicamente en distribución e infraestructura nueva. Mantener la inversión es clave para evitar atrasos tarifarios que, a largo plazo, impactan en la calidad del servicio”, enfatizó.
Además, Molina destacó que la provincia cuenta con mecanismos de control y penalización a las empresas distribuidoras en caso de incumplimientos. “Cuando se corta el suministro de manera indebida, las empresas son multadas, y ese dinero se devuelve a los usuarios. Es una forma de garantizar que el servicio mantenga estándares altos”, aseguró.
Cabe recordar que en el documento del Observatorio de Tarifas y Subsidios se sostiene que “este año los hogares de ingresos altos (N1) pagaron un promedio de $ 82.000; de los cuales un 30% del total corresponde a impuestos, el 43% al Valor Agregado de Distribución (VAD) y el 27% a la energía. En este segmento de altos ingresos por detrás de Mendoza aparecen Neuquén ($ 81.800), Río Negro ($ 75.700) y Entre Ríos ($ 70.700). En el análisis de la composición de la factura final indica que para el segmento N1 el 40% corresponde a energía, el 35% al VAD y el 25% a impuestos, en promedio”.
“En la Región Cuyo, los usuario de San Juan pasaron a pagar $ 51.100 y en San Luis $ 53.900. En tanto que las tarifas más bajas las tiene La Rioja ($ 30.700) y Santa Cruz ($ 31.100). En estos últimos casos, según el estudio de la UBA el 17,5% de la factura -en promedio- corresponde a impuestos.”
Informe y aumentos
Molina cuestionó que el estudio no considere elementos clave, como los ciclos de inversión y las revisiones tarifarias integrales que se implementan en diferentes jurisdicciones. “En algunos casos, los retrasos en las tarifas terminan afectando las inversiones, lo que lleva a deterioros en la calidad del servicio a mediano plazo. En Mendoza, tratamos de equilibrar los costos para mantener el sistema en funcionamiento y con mejoras constantes”.
Insistió en que, si bien el informe puede generar alarma, es fundamental entender las particularidades de cada región y las decisiones políticas que afectan los costos de la energía. “Es un tema complejo, y para garantizar calidad y continuidad, es necesario ser sinceros sobre los costos reales. Mendoza hace un esfuerzo importante para asegurar un servicio de calidad, y eso requiere un compromiso tanto de las empresas como de los usuarios”, concluyó.
Sobre posibles incrementos, Molina adelantó que podría haber ajustes en los próximos meses: “En febrero estimamos que va a haber alguna corrección tanto de la Secretaría de Energía de la Nación como en el caso de la provincia de Mendoza, en función de la inflación. Así que te diré en febrero”, expresó, dejando abierta la posibilidad de actualizaciones en las tarifas eléctricas.
