Esta semana, se celebró el Día Nacional de la Olivicultura. Desde el sector plantearon los desafíos que enfrenta la producción olivícola en la provincia y las dificultades para exportar, pese a que el mundo aprecia la calidad del aceite de oliva mendocino. A la par, expresaron su preocupación por que, nuevamente, desde Nación se habla de crear un Instituto Nacional de Olivicultura, lo que consideran “duplicaría los controles que ya se están realizando”.
Aunque aún no ha habido un anuncio oficial, sí se puede acceder a un documento de trabajo, con fecha de abril de 2022, que analiza la situación de la olivicultura en Argentina y tiene el título de “Aprendiendo de la experiencia internacional: políticas públicas para el desarrollo sostenible del sector”. El estudio fue elaborado en el Centro de Estudios para la Producción (del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación) y es parte de una serie de Documentos para el Cambio Estructural, que “se hace circular con el propósito de estimular el debate académico y recibir comentarios”.
El trabajo analiza las políticas públicas aplicadas en la Unión Europea y en Argentina, los sistemas de fiscalización y control internacionales y locales, y concluye que el país “presenta una necesidad imperante de accionar políticas que le permitan acoplarse al nuevo paradigma productivo, aunque de forma ordenada y sistemática, con la creación de un Instituto Nacional de Olivicultura bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.
Este organismo tendría, entre otras funciones, las generales de coordinar, junto con ese ministerio, “políticas de largo plazo para el desarrollo de la actividad, en lo referente al mercado tanto interno como externo; fomentar, en este sentido, las exportaciones del aceite de oliva y las aceitunas en conserva; formular políticas concretas para el desarrollo educativo, de transporte, de sanidad y seguridad en el marco laboral de los trabajadores; tomar medidas necesarias para formalizar al sector, especialmente en pequeños productores”.
Oposición sectorial
En la provincia ven con preocupación la posible creación de este ámbito y ya han presentado en Nación escritos en los que plantean los motivos de su oposición al proyecto. Mario Bustos Carra, gerente de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza) e integrante de la comisión directiva de la Federación Olivícola Argentina (FOA), comentó que desde 2005 se viene hablando de crear un Instituto Nacional de Olivicultura y que, en cada ocasión, el sector olivícola ha desaconsejado su creación, por diversas razones.
Bustos Carra detalló que los municipios, la provincia y Anmat ya realizan controles a la producción y la calidad del producto. Señaló que prueba de esto es que periódicamente se saca del mercado una partida de aceite, porque el etiquetado no registra todos los componentes o porque no es aceite de oliva puro (ver aparte). Asimismo, resaltó que desde la industria se ha acompañado este proceso para favorecer que el consumidor pueda tener confianza en el producto.
Añadió que las industrias tienen que presentar, ante la Subsecretaría de Industria y Comercio (del Ministerio de Economía y Energía de la provincia) y la Dirección de Fiscalización y Control los contratos de compra de materia prima, como también las declaraciones de producción.
En lo que a precios se refiere -el documento nacional menciona, dentro de las funciones productivas y de competitividad del organismo, la de “acordar anualmente el precio de la materia prima y el producto elaborado”-, el gerente de Asolmen advirtió que Argentina no es formadora de precios, sino que lo son los grandes productores, como España o Italia.
En este sentido, es que considera que se está fomentando la creación de un instituto que tendrá como objetivos hacer lo que ya se está haciendo y que deberá financiarse. “Por si fuera poco, nunca hemos sido consultados”, alertó. Por otra parte, resaltó que se toma como referencia la olivicultura europea y comentó con cierta ironía que el sector desearía estar más cerca de la situación de esos países, ya que el aceite de oliva es uno de los productos que reciba mayor subsidio estatal en el viejo continente.
Otra de las metas que tendría esta entidad sería la de “impulsar un sistema de Calidad Diferenciada que otorgue certificaciones IGP (Indicación Geográfica Protegida), DOP (Denominación de Origen Protegido) y ETG (Especialidad Tradicional Garantizada)”. Bustos Carra recordó que ya se está a punto de obtener la IG para el aceite de oliva mendocino y que el Ministerio de Agricultura de la Nación tiene un área de valor agregado con la que vienen trabajando hace cuatro años para obtener este reconocimiento.
Gabriel Guardia, gerente de Olivícola Laur, compartió la preocupación por la potencial creación de un instituto. “Se comienza por controlar y seguramente por aplicar tasas, en lugar de promover un mayor desarrollo de la actividad. Muchas veces hay buenas intenciones, pero quienes diseñan estas políticas no están bien asesorados y las medidas terminan generando un perjuicio al sector que quieren beneficiar”, comentó.
En cuanto a las necesidades más urgentes del sector, explicó que en Mendoza se han erradicado miles de hectáreas de olivares y las fábricas deben comprar materia prima en otras provincias. Esto, pese a que el mundo demanda el aceite de oliva mendocino, por su calidad. Asimismo, indicó que 80% del producto que se exporta, se envía a granel y son pocas las empresas locales que pueden sumar ese valor agregado por el retraso en el tipo de cambio, lo que les resta competitividad.
Guardia sumó que un importador de Suiza les compró cuatro contenedores de aceite, pero no ha conseguido esa cantidad de botellas, por lo que les tuvo que plantear que, en lugar de enviarles envases de vidrio de 500 cc, les podía ofrecer bag in box de dos litros; lo que reconoció que no es serio. Aún más, señaló que las firmas extranjeras les piden que les mantenga el precio, en dólares, durante un año; algo que le resulta imposible. “Son demasiadas las cosas que atentan contra la exportación”, lanzó.
Escenario adverso
Un informe elaborado por la Federación Olivícola Argentina, a partir de información oficial del Indec y de estimaciones propias, muestra, que la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa generó, en 2021, una facturación de U$S 223 millones, entre consumo interno y exportación.
El documento plantea que la falta de rentabilidad, y la consecuente reinversión necesaria en los cultivos, la demora en la cosecha, la poda incorrecta y la reducción de la fertilización y el riego, son factores que afectan los rendimientos, lo que impide que se alcance el potencial productivo de las 86 mil hectáreas plantadas con olivos en el país. A esto añade que, con la inversión y el cuidado necesarios, esa superficie podría generar unos U$S 550 millones anuales.
Controles de la Anmat
Con frecuencia, en los medios de comunicación, se informa sobre controles que ha realizado la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y que derivan en la prohibición de elaborar, fraccionar y/o comercializar determinada marca o partida de aceite de oliva.
Sólo por presentar algunos ejemplos, en diciembre del año pasado, el organismo informó que la empresa Agro Aceitunera S.A, elaboradora del aceite de oliva extra virgen Nucete, había denunciado la comercialización de unidades falsificadas de una botella de 500 ml, y dio a conocer las diferencias en la presentación de ambas.
En febrero, prohibió la comercialización de otro, marca Los Olivos, que no tenía autorización de establecimiento y producto, y estaba falsamente rotulado, al consignar un número de RNE y de RNPA inexistente. En este caso, fue la Federación Olivícola Argentina (FOA) la que presentó la denuncia frente a las autoridades, señalando que el producto estaría compuesto por una mezcla de aceite de soja y oliva.
Y en marzo, estableció que no se podía elaborar, fraccionar ni comercializar el aceite de oliva Olivos del Norte, por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales.
