Tal como adelantó Los Andes a mediados de febrero, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza la posibilidad de que haya desarrollo minero en la Mendoza, en el marco de la Ley 7.722. Esa posibilidad es un buen motivo para analizar algunos yacimientos no metalíferos que ya existen en ese marco, más un proyecto de hierro que avanza en su exploración.
Hay que tener en mente que la Ley 7,722, sancionada en 2007, prohíbe en la provincia el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Bajo ese marco, ¿qué es lo que se hace y qué se podría hacer?
Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), explicó que el Código de Minería divide los materiales en tres categorías. En la primera están los más importantes a nivel estratégico y económico, como oro, plata, cobre, hierro, uranio y litio, y casi todos son metalíferos, por lo que la explotación de la mayoría de ellos sería dentro de la 7.722.
La segunda categoría incluye minerales como bentonita, dolomita y fluorita, que requieren de menos inversiones que los metalíferos. La tercera categoría son canteras como yeso, piedras ornamentales, mármol, cemento y arena. Estas dos últimas categorías, por no incluir metales, están exentas de la 7.722, y Mendoza tiene varias empresas con trayectoria.
Rodríguez remarcó que los proyectos que “más mueven la aguja de la economía” son los metalíferos. Entonces, para poder realizarlos, deberían ser proyectos que no impliquen las sustancias químicas ya mencionadas, sino emplear otros procesos, como separar el mineral con magnetismo. De todos modos, el presidente de Camem afirmó que, además de esa barrera técnica, hay otra barrera de tipo político.
“La ley establece que la Legislatura ratifique las mediciones ambientales. Hay minerales que podrían tratarse sin usar sustancias prohibidas, pero quien termina decidiendo son políticos, no técnicos. Si se respeta la 7.722, debería hacerse integralmente, prohibir lo prohibido y permitir lo que sí se permite”, apuntó Rodríguez. Este pedido se debe presentar en las etapas de prospección, exploración, explotación e industrialización (hasta 4 veces, aunque las dos últimas suelen ir juntas).
El director de Minería de Mendoza, Roberto Zenobi, comentó que están trabajando “bajo los ejes de ordenar, medir y controlar”. Ordenar se refiere tanto a dinamizar la gestión como a regularizar legajos. Medir significa analizar lo que se produce en cantidad y calidad y, finalmente, controlar es supervisar que funcionen bien los dos puntos anteriores y que la facturación del sector se vuelque sobre la matriz productiva local.
Para esto incorporaron, por intermedio de Naciones Unidas, un software para el registro de productores mineros; otro, para unificar criterios a nivel nacional en las concesiones mineras y un tercero, para mejorar el catastro, en el marco de un plan nacional. Para dar números de Mendoza, Zenobi ejemplificó que, durante 2021, la minería de tercera categoría (calisa, yeso, arcilla y esquistos) y su valor agregado para construcción, generaron casi $ 10.000 millones.
Respecto de inversiones, el director de Minería comentó que “con este plan de trabajo las empresas se ven un poco más estimuladas” y “se ha convocado a todos los inversores mientras avanzamos en la digitalización de los expedientes y en notificaciones electrónicas”. La idea es minimizar los tiempos para ser más efectivos en controles y expedientes. “Con esto, hay un buen síntoma dentro de los concesionarios y están actuando en consecuencia”, opinó Zenobi.
Empresas no metalíferas
Se pueden detallar algunos minerales que explota Mendoza y su aplicación: la fluorita se usa para la metalurgia como fundente (la provincia llegó a exportar hacia Japón); la dolomita se usa para fábricas de pintura y para desalar agua; la bentonita se usa para la extracción de petróleo en los pozos de inyección e impermeabilizar reservorios de aguas, entre otros usos.
“La minería es la madre de la industria en el mundo. Sin ella, no se hace nada”, afirmó Norma Montoya que, a sus 70 años, es socia de la minera mendocina Nuevo Milenio. Su padre trabajaba en Tupungato con 90 personas explotando cobre y generando sulfato de cobre en fábricas de Guaymallén. Hoy, Nuevo Milenio maneja yacimientos de bentonita en 12 hectáreas en Potrerillos.
Un aspecto que destacó Montoya es que cada dos años renuevan la declaración de impacto ambiental: “No podés trabajar de forma irresponsable en minería. Necesitás tener la aprobación de la Dirección de Protección Ambiental. Ese estudio cada dos años se renueva, pasa por muchos entes y mandan inspectores a verificar si es verdad lo que presentaste”.
Al preguntarle si la minería no metalífera tiene espacio para crecer, la directora de Nuevo Milenio contestó que “por supuesto, hay mucho para trabajar, el tema es analizar los posibles lugares”. Además cree que, con proyectos como cobre, se podría crecer aún más y recordó el caso de Potasio Río Colorado (emprendimiento no metalífero) en Malargüe, que tenía 3.000 empleos directos.
Hoy, el socio de Montoya y presidente de Nuevo Milenio es Aldo Javier Andrés quien, además, es CEO de MZA Bentonit, una empresa que trabaja en la molienda, envasado y comercialización de bentonita sódica para distintas industrias. Así, por ejemplo, genera piedras sanitarias para gatos, siendo el número 1 en volumen en el país.
“MZA Bentonit pertenece a la segunda categoría de minerales. Creo que vale la pena apostar a proyectos no metalíferos que, si bien no generarían un volumen como el oro, el cobre o la plata, con financiamiento se pueden generar negocios a gran escala de abastecimiento de minerales para diferentes industrias”, comentó Andrés.
En la mirada del CEO de MZA Bentonit, el crecimiento de Mendoza “está dependiendo de los proyectos mineros actuales en stand by” y en las futuras inversiones que están “supeditadas” a la definición de la ley. “Todo lo que sea minería encuadrada en la ley 7.722 y por fuera, vale la pena por lo que genera”, agregó Andrés.
Hierro Indio
Hace pocos años, se pensó en recuperar una mina de hierro en Malargüe que funcionó entre 1932 y 1972. Ese proyecto se convirtió en 2019 en el único metalífero de exploración aprobado por la legislatura bajo la ley 7.722. La pandemia retrasó la exploración, pero este año continúan los trabajos y se espera que, al finalizar el invierno, se inviertan U$S 500.000 para perforar 15 pozos. Eso permitirá ver la calidad del material y definir la factibilidad económica del negocio.
“Hierro Indio es un proyecto dentro de la 7.722. Entiendo que es el único proyecto metalífero vigente. Hemos cumplido con todos los pasos y requerimientos de la Legislatura y, en este momento, viene la etapa de perforaciones”, comentó Guillermo Re Kühl, presidente Hytec Alto Américas (a cargo de Hierro Indio). Esperan poder iniciar las perforaciones en setiembre, aunque dependerá de cuándo termine el frío del invierno.
En su opinión, “para estar en la minería hay que ser optimista”, ya que los riesgos a la hora de invertir son muy altos y sólo el 10% de los proyectos a nivel mundial se convierten después en una mina. Mientras avanza la exploración se va reduciendo el riesgo y, de momento, han encontrado buen material. Al preguntar cómo se encuadra en la 7.722, Kühl respondió que no planean usar químicos, sino separar el material a través de molienda y separación magnética.
En cuanto a la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de Hierro Indio, ésa se dio en 2019 pero, una vez que concluyan la exploración, deberán presentar nuevamente el pedido de autorización para iniciar la explotación. “No sé cuánto tiempo tomará ese análisis legislativo pero, una vez que esté aprobado, se puede demorar un año en el armado de campamento y demás”, comentó el presidente de Hytec Alto Américas.
El análisis del BID para Malargüe
El 13 de febrero, este medio daba a conocer que funcionarios del BID habían estado en Mendoza con funcionarios y referentes locales para avanzar en dos temas: una mesa de diálogo para el desarrollo minero en Malargüe dentro de la 7.722, y ver cómo modernizar la Dirección Provincial de Minería. Claro está, incluyendo en la agenda los controles y el cuidado del ambiente.
Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, comentó en ese entonces que “habrá un camino de diálogo para hacer minería. Nos cansamos de hacer estudios y no llegar nunca al final del camino”. Para esto, se busca avanzar en conformar mesas de diálogo (como la que realizó el gobierno de Alfredo Cornejo entre 2016 y 2019) para escuchar a los distintos referentes y realizar así las acciones necesarias para desarrollar “minería en paz” en el departamento.
Vale mencionar que, en 2020, el Comité de Política y Evaluación del Directorio del BID aprobó el Marco Sectorial de Industrias Extractivas, un tema que consideran de singular relevancia para América Latina en general y para Argentina en particular. Es que en nuestro país, en 2018, la minería representó sólo el 0,6 % del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en Chile el valor agregado de la minería al PBI fue de 9,8% y, en Perú, de 8,2%.
El geólogo Mario Cuello considera que, en minería no metalífera “no hay mucho más económicamente interesante y factible de lo que ya está en producción” y cree que debería ponerse el foco en proyectos metalíferos. Como ejemplo, señaló que Mendoza está “enfrente” de las minas más grandes de Chile y pegada a grandes minas de San Juan, en especial, de cobre.
“Respecto de las inversiones, no es la ley 7.722 lo que espanta a los inversores. Lo que los espanta es la irracionalidad antiminera y la falta de acción al respecto, del gobierno, lo que en definitiva genera una inseguridad a la inversión”, analizó Cuello.
