Impsa presentó la oferta para que el Gobierno de Mendoza tome parte del paquete accionario de la compañía. Según trascendió, de los U$S $20 millones ofertados, la Provincia compraría U$S $5 millones; el resto sería adquirido por el Estado Nacional.
El Gobierno local analiza la propuesta y evalúa la posibilidad de poner algunas condiciones para avanzar en el proceso. Una de ellas, sería que la firma permanezca por al menos 25 o 30 años más operando dentro de territorio mendocino.
La empresa, que se dedica a ofrecer soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear, lleva un proceso de reestructuración de deuda desde el año 2014, cuando una firma “hermana” brasileña entró en convocatoria de acreedores e Impsa debió asumir deuda garantizada de más de U$S 850 millones, teniendo que reestructurar pasivos por U$S 1.200 millones.
Más tarde, en 2018, y en la búsqueda de subsanar esa deuda, la familia Pescarmona cedió el 65% del paquete accionario a sus acreedores (el Banco de la Nación Argentina, el Bice, el Banco Interamericano de Desarrollo Export Development Canada, Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales). No fue hasta noviembre de 2020 que logró cerrar la aprobación del canje de la deuda existente a condiciones sustentables para la compañía, de unos U$S 560 millones por nuevas Obligaciones Negociables con oferta pública y privada, un nuevo bono internacional y nuevos préstamos.
En la última reestructuración de deuda se incluyó la mejora en los plazos de pago, con vencimientos para intereses para 2025 y de capital para 2028 y una rebaja en las tasas en dólares pasando de 8,5% al 1,5%, quedando con un balance que le permite volver a competir en mercados internacionales.
Como una segunda parte de este mismo proceso, hace una semana se aprobó en asamblea la nueva emisión de acciones para que tanto Mendoza como el Estado Nacional aporten capital. Este martes ingresó el pedido formal a la provincia.
Las cinco condiciones de Mendoza
El ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, confirmó que iniciarán el estudio para definir si habrá una participación estatal en la empresa. Antes de eso, el funcionario mendocino señaló que “hay puntos centrales” que se deberán cumplir.
En principio, se espera que la empresa permanezca en Mendoza por un periodo no menor a 25 o 30 años. En segundo lugar, que ingrese un director por parte de la provincia “para saber que los fondos que la Mendoza coloque se puedan preservar”.
También está entre las condiciones la creación de una cláusula que establezca que “no entrarán empleados por la ventana permanentemente”, más un artículo que permita que el síndico pueda evaluar que la empresa sigue “un camino normal”.
El resto de las condiciones tienen que ver con el financiamiento. Por un lado, se pretende que el Gobierno Nacional sume fondos a los de la provincia. “No podríamos hacerlo sin ellos, si no ponen dinero para colaborar”, señaló Vaquié. En resúmen, Mendoza aportaría U$S 5 millones y el capital restante, llegaría de parte del Estado Nacional. Al respecto, fuentes nacionales consultadas por Los Andes confirmaron que hay interés por hacer un aporte financiero para que la empresa pueda dejar atrás la crisis y fortalezca sus procesos productivos. De hecho, revelaron que ya hay un preacuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Gobierno Provincial y la empresa, con apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica, para que la Nación se convierta en accionista.
Según explicaron, la idea es que el Estado Nacional haga un aporte de capital en la sociedad a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), dado que la compañía es considerada por el Gobierno como una “empresa estratégica para el desarrollo nacional”.
En lo que respecta a la parte de Mendoza, se estudia utilizar “fondos vinculados a la energía” (“Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar”, Fopiatzad), atendiendo a que se trata del objeto principal de la compañía.
Las acciones a la venta
Según comunicó Fabián D’Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa, a la Comisión Nacional de Valores, la firma busca lograr un aumento de capital de hasta $ 1.817.200.000, el equivalente en pesos de 20 millones de dólares, según la cotización actual del Banco Nación.
Para ello, se emitirán 1.817.200.000 nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables de la Sociedad correspondientes a una nueva “Clase C” de acciones, con derecho a un voto por acción y de valor nominal de $1 cada una. Esto implica una reforma integral del Estatuto Social de la compañía. La modificación contemplará la creación de la Clase C de acciones y aumentará a siete el número de directores titulares, de los cuales cuatro serán elegidos por la mencionada clase C (incluyendo presidente y vicepresidente), dos por la clase A y uno por la clase B.
