Esta noche, a las 21 horas, se espera que el presidente Javier Mielei de a conocer un Decreto de Necesidad y Urgencia o DNU, que incluirá cambios de fondo para la economía argentina y, en particular, para los trabajadores:
- Periodo de prueba: pasarán ocho meses antes de que quienes se integran a un nuevo puesto laboral “pasen a libros”, o sean registrados como parte de la planta permanente. Hasta hoy, el periodo de prueba es de 3 meses.
- Aportes y contribuciones: las empresas contribuyen con el 16% de jubilación, 2% del PAMI, 6% para la obra social, 0,3% para el seguro de vida y ART, 1,5% para el Fondo de Empleo, mientras que los trabajadores aportan otro 17% (11% para jubilación, 3% para PAMI y 3% para su obra social). Se espera una considerable baja a lo que deben pagar los empleadores.
- Cambio en indemnizaciones: en este caso, se quitarían las multas que deben pagar los empleadores cuando despiden a un trabajador. Se trata de una parte del costo de despedir que no va al bolsillo de quien se queda sin empleo, sino al Estado. Por otro lado, se limitarán rubros que componen la base de cálculo de la indemnización (pago del celular, vales de alimentos y otros bonos).
- Fondo de desempleo: se promoverá el modelo de la UOCRA por el que los mismos trabajadores aportan a una caja que cubre sus salarios durante un tiempo determinado, en caso de perder el empleo.
- Derecho a huelga: se esperan cambios en su regulación.
- El “bloqueo sindical” pasará a ser una causal de despido.
¿Puede un decreto reemplazar a la Ley Laboral?
A pesar de que los Decretos de Necesidad y Urgencia entran en vigencia en cuanto se publican en el Boletín Oficial, luego son remitidos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo integrada por diputados y senadores que emite un ditamen sobre su validez, los aprueba o rechaza.
Para que un decretos e mantenga basta con que alguna de las Cámaras lo apruebe (Diputados o Senadores, porque funciona con mayoría simple), y para dejarlo sin efecto, ambas cámaras deben votar en contra.