El empresario y directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) Maurcio Badaloni habló con Los Andes y volvió sobre un reclamo clave para el sector: la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de los privados. Badaloni subrayó la importancia de apoyar a las pymes, que enfrentan altos costos operativos y carga impositiva, y abogó por un Estado más eficiente que promueva el crecimiento.
-Hace unos días dirigentes de la UIA planteaban que la recuperación de la economía no sería rápida. ¿Ustedes lo ven igual?
-Sí, totalmente. La recuperación, para nosotros, tiene tres factores clave que se están materializando poco a poco. Uno de ellos es el financiamiento en el sector privado. Tenemos que recordar que venimos de 20 años donde el sistema bancario prestaba el 96% de toda la base monetaria al Estado. Solo un 4% o 5% se destinaba al sector privado, lo cual es muy poco. Hoy eso está cambiando, ya ha cambiado, y es un punto que hay que consolidar.
El segundo punto es, por supuesto, la inflación, que es una gran preocupación para todos. El tercer factor está relacionado con la ley laboral, específicamente con el impuesto relacionado al trabajo y con la libre elección de una obra social o sindicato. Este tipo de cosas, que le quitan al sistema sindical cierto poder, como el de hacer paros o tomar una calle, son parte de un marco de normalización muy importante.
Por otro lado, es crucial bajar los costos relacionados al empleo, no el salario en sí, sino lo que está relacionado. Hoy en día, muchos empleados reclaman una mejor obra social, pero no pueden cambiarse, tienen que pagar por un servicio que muchas veces no es satisfactorio. Creo que ahí hay un punto vital, que no necesariamente se trata de reducir el costo del empleo, sino de mejorar el costo de la salud o reducir ese costo y dejarlo a libre disponibilidad del empleado. Este es un tema fundamental.
-¿Considera que es necesario asumir una reforma laboral más profunda?
-Sí, especialmente en todo lo relacionado con la competitividad, como las capacitaciones del personal, mejores instrucciones y la utilización de tecnología. Todo lo que hace al mundo moderno del trabajo es crucial, pero actualmente hay cinco leyes que no lo permiten. Por ejemplo, hoy en día, muchos jóvenes quieren trabajar una o cuatro horas, o prefieren el trabajo freelance o remoto, pero muchos convenios colectivos no lo contemplan. Este es un punto que creemos necesario normalizar, mejorar, y acercarnos más a lo que sucede en el resto del mundo.
-También mencionó la necesidad de bajar los impuestos. ¿Qué impacto cree que tendrá la reducción del impuesto PAIS en los precios?
-La reducción del impuesto PAIS va a tener un impacto significativo. Seguramente habrá una baja en los precios porque entrarán productos importados más baratos. Esto también podría significar que se compren insumos a menor costo para producir bienes en Argentina, lo que resultará en una reducción en los costos. Aunque no puedo precisar el impacto exacto, estimo que será notable y podría ayudar a aliviar la presión inflacionaria en los próximos meses.
-¿Le preocupa la competencia desleal de productos importados frente a los nacionales, especialmente dado que la industria argentina aún enfrenta desafíos de productividad y altos costos impositivos?
-Esa es nuestra mayor preocupación. En las últimas semanas, la devaluación en Brasil, junto con la apreciación de nuestra moneda y la falta de una reducción de impuestos, ha generado incertidumbre. Si no logramos bajar los impuestos o implementar medidas que permitan reducir los costos de importación y, al mismo tiempo, bajar la carga impositiva, será muy difícil competir. En Argentina, entre el 40% y el 55% del costo de un insumo o servicio son impuestos, mientras que en otros países ese porcentaje ronda entre el 19% y el 25%. Si no logramos igualar eso, será complicado para nuestras industrias, incluso las más tecnificadas, competir.
-Las pymes enfrentan costos altos y generan más empleo que las grandes empresas, pero da la sensación que en esta primera etapa el gobierno parece no enfocarse en ellas..
-Creo que Mendoza, con su plan de ordenamiento fiscal y equilibrio de cuentas, es una de las provincias mejor vistas a nivel nacional. Estamos identificando los puntos clave donde debemos reducir la presión impositiva. Hace unos dos meses que estamos trabajando en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA), CAME y las provincias en una nueva Ley Pyme. Entendíamos que el RIGI podía generar una distorsión, y hubo un compromiso del gobierno para mejorar la Ley Pyme, corrigiendo cuestiones que podrían ser complicadas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Estamos muy enfocados en ese trabajo, y el gobierno ha mostrado una actitud positiva. A nivel provincial, el ministro de producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, por ejemplo, ha logrado reducir los costos operativos del ministerio en un 20% interanual. Esto, sumado a un gobierno provincial que ha mantenido un equilibrio fiscal y ha sido eficiente en su gasto, refuerza la idea de que este tipo de gestión debe recibir algún tipo de beneficio.
Es en este contexto donde buscamos que la Ley Pyme corrija definitivamente algunas inequidades y le otorgue un protagonismo adicional a las provincias que estamos más lejos de los puertos. Creemos que esta ley debe incluir medidas específicas para las provincias que han cumplido con el pacto fiscal y que, por su lejanía de los puertos, enfrentan mayores desafíos logísticos. Esto podría permitirnos mejorar nuestra competitividad y aprovechar las oportunidades que se presenten.
-¿Cree que la dirección que está tomando el gobierno nacional y provincial es la correcta?
-Sin duda, el gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza ha demostrado un enfoque proactivo hacia la inversión privada, algo que no siempre ha sido una prioridad en otros gobiernos. Este apoyo a la iniciativa privada es crucial porque fomenta un ambiente donde emprendedores, pymes, y pequeños y medianos comerciantes tienen la oportunidad de crecer.
Es alentador ver que el gobierno nacional también está adoptando una postura similar, reconociendo la importancia de un Estado que sea más inteligente en su gestión. No se trata de intervenir en todo, sino de establecer las condiciones adecuadas para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse sin las trabas burocráticas que muchas veces las frenan.
Creo que la salida para el país pasa por tener más personas trabajando en entornos flexibles y autónomos, donde puedan desarrollar sus propios proyectos. Esto contrasta con la dependencia de megaempresas estatales, que a menudo terminan siendo focos de corrupción y desmanejo, con altos costos innecesarios.
Si realmente queremos un crecimiento sostenible y evitar los problemas del pasado, necesitamos un Estado que apoye el crecimiento del sector privado, especialmente de las pymes, permitiéndoles ser el motor que impulse la economía. Este enfoque, que fomenta la autonomía y la eficiencia, es clave para superar las dificultades actuales y construir un futuro más próspero para todos.
-Desde la UIM han abogado mucho por el desarrollo industrial en Mendoza, particularmente en sectores como la minería y la energía...
-Estoy convencido de que estamos en un momento crucial, y no es solo mi opinión; la Unión Industrial y las cámaras especializadas en sectores como la minería, petróleo, gas y energía, también lo ven así. En los últimos ocho meses, hemos presenciado avances significativos, como la finalización del primer gasoducto y el progreso de la reversión del gasoducto norte.
También vemos el crecimiento en San Juan, donde se están desarrollando importantes yacimientos mineros, como José María, que es un ejemplo de cómo la inversión minera puede transformar la región. Y ni hablar de Vaca Muerta, que está en pleno proceso de duplicar su inversión. Todo esto nos posiciona en un camino donde Argentina, en poco tiempo, podría convertirse en uno de los principales exportadores de gas del mundo.
Sin embargo, el desafío ha sido la falta de políticas de Estado consistentes. Los últimos tres gobiernos sufrieron por el déficit energético, en parte porque no se tomaron las decisiones necesarias a tiempo, como la construcción del gasoducto, que podría haberse recuperado la inversión en dos años. Estas demoras reflejan un déficit en la política que ha afectado nuestro desarrollo industrial.
En cuanto a la minería, es un sector que ha sido víctima de debates ideológicos que han frenado su avance. Cuando hablamos de iniciativas como el RIGI, muchos piensan erróneamente que se trata de regalar nuestros recursos, cuando en realidad estas compañías pagan salarios con impuestos, cumplen con las leyes provinciales, y el RIGI simplemente establece un marco claro para estas obligaciones.
Mendoza tiene un potencial enorme, no solo en energía y minería, sino también en turismo y logística con el corredor bioceánico. Si logramos capitalizar estas oportunidades, podemos aprovechar nuestros recursos naturales, como los minerales necesarios para el mundo moderno, y posicionar a Mendoza como un motor de crecimiento en Argentina.
