“Massa viaja a China en busca de dólares”. Ese fue el título con el cuál se publicitó la visita del Ministro de Economía al país asiático y en función de esa promoción ahora se intentan acomodar los anuncios, pero la opacidad de la información no hace más que aumentar la incertidumbre.
Esa búsqueda de fondos tiene dos canales: reanudar el financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz que se había frenado y ampliar la utilización del swap de yuanes vigente para las importaciones.
Sobre las inversiones en energía giró el primer día de trabajo de Massa y su nutrida comitiva, quienes se reunieron en Shangai con la cúpula del Grupo Gezhouba (CGGC), que tiene a su cargo la construcción de las ya emblemáticas represas.
En una primera comunicación a través de redes sociales tras el encuentro, Massa informó que “había concretado financiamiento por U$S 1.000 millones” para ambos emprendimientos.
Sin embargo, poco después un comunicado oficial del Ministerio de Economía aclaró que la compañía “prevé completar el segundo tramo de los más de U$S 1.000 millones previstos para el 2023 para mediados de julio de este año”.
El informe no precisa el monto, aunque se puede inferir que rondaría los U$S 500 millones, la mitad de lo expresado inicialmente por Massa.
Si nos atenemos a la información surgida desde el Palacio de Haciendas meses atrás, los primeros U$S 500 millones fueron girados en dos tramos: U$S 287 millones a fines de 2022 y U$S 212 millones en los primeros días de enero de este año.
Por tanto, depurando los anuncios, Massa se trajo el compromiso de los chinos de desembolsar U$S 500 millones durante el mes de julio. Los mismos U$S 500 millones que un mes atrás se habían dicho que llegarían antes del 30 de junio.
Como es lógico y habitual, desde el lado de los orientales no hubo ninguna comunicación confirmando lo dicho por el gobierno argentino.
De todas maneras, cabe señalar que esta inversión ya debiera haberse concretado, pero fueron los mismos chinos quienes la dilataron, tal vez esperando respuestas que el propio Massa les habría acercado en esta oportunidad.
Asimismo, vale puntualizar que en caso que los chinos esta vez cumplan con lo que aparentemente al parecer le prometieron a Massa los U$S 500 millones servirán para mejorar el nivel de reservas, pero llegarán tarde para auxiliar al BCRA en los casi U$S 3.000 que deberá desembolsar en junio.
Con el grupo Gezhouba también se analizó la construcción de dos plantas depuradoras para la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que preside la esposa del ministro, Malena Galmarini.
Luego Massa conversó con representantes de la empresa Power China, con la que se pretende avanzar en la construcción del segundo tramo del gasoducto que nace en Vaca Muerta. Sobre estas dos iniciativas no se dieron a conocer montos de inversión ni tampoco plazos.
“Hoy es un buen día porque avanzamos no solamente con desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas, sino que además a largo plazo arreglan la luz de 8 millones de personas, el agua y las cloacas de 1.600.000 personas, que resuelven el tema de generación eléctrica, generación energética por vías renovables y que nos permiten generar más competencia para el segundo tramo de Gasoducto”, eligió destacar Massa.
El segundo compendio de reuniones del ministro se dará en el transcurso de las próximas horas cuando se encuentre con las autoridades del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), que es la institución que financia a los BRICS (grupo de países compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Actualmente la presidencia de la institución está a cargo de la brasileña, Dilma Rousseef, aunque en rigor a la verdad es China el país más influyente.
En esta ocasión Massa intentará explorar opciones para que a través del NBD se puedan financiar operaciones de comercio exterior eliminando el dólar como moneda transaccional.
En paralelo se avanzará en las negociaciones con el Banco Popular de China para ampliar la utilización del swap en curso. La línea a disposición es por un monto de U$S 5.000 millones y el gobierno argentino pretende llevarla a U$S 8.000 millones, pero además extender su uso, aunque esta opción ya fue explorada y no pudo concretarse por los costos que implicaría.
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