Un sector del Frente de Todos impulsa en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la suspensión de los aumentos de los alquileres hasta que haya una norma que los regule y en paralelo propone la creación de una Cámara Nacional que gestione el rubro.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Gisela Marziotta. La problemática de los alquileres se debatirá en Diputados desde el próximo martes y durante un mes.
Tras el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para debatir el tema que afecta a al menos cuatro millones de familias, la nueva iniciativa establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la futura ley.
Marziotta propone que los precios pasen a ser regulados mediante una Cámara Nacional de Alquileres (CNA), órgano autárquico. “El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado”, dijo Marziotta al presentar el proyecto.
La iniciativa también prohíbe, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual.
Asimismo, el proyecto señala que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales a partir de la fecha de la firma del contrato, y que al momento de renovar el alquiler, en caso de que el locador no responda al pedido de renovación del locatario, el contrato se renovará automáticamente por el plazo previo.
El proyecto propone que la CNA sea el órgano de regulación de precios de alquileres y control de contratos. Estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo –uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio–, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores. Esta conformación deberá, además, tener paridad de género y se reunirá mensualmente como mínimo.
Los objetivos de este organismo serán varios: llevar un Registro Público Nacional de Contratos de Locación para la Vivienda; y fijar los “precios máximos” de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional.
Asimismo, dice el texto, la CNA deberá establecer el índice de ajuste anual de los contratos de locación para vivienda, a través de un encuentro anual que se realizará en abril de cada año y en el que se determinará el índice de aumento aplicable para todo el año aniversario; establecer regulaciones y controles del alquiler turístico.
Y también realizar programas de difusión de los derechos y obligaciones emergentes de la normas que regulan la locación para vivienda; y por último crear un sitio de internet de acceso libre y gratuito con alcance nacional para la publicación de la oferta de alquileres de inmuebles para vivienda.
“La ley que sancionamos en la pandemia fue un gran avance, por eso mismo fue resistida y boicoteada por los principales actores del mercado. Pero tampoco podemos dejar de lado que con el contexto pandémico al que se suman un dólar en alza y una inflación interanual que supera el 50%, inmuebles dolarizados y salarios que no se recuperan, es necesaria mayor presencia del Estado”, agregó la diputada.
