En medio de un conflicto judicial que enfrenta a Jugos Australes (JASA) con la empresa Iberte, Marcelo Bocardo, titular de JASA, respondió a las recientes declaraciones en Los Andes de Carlos Aguinaga, abogado de Iberte. En esta entrevista, Bocardo afirma que la disputa debería haberse resuelto en el ámbito civil. Acusa a Iberte de iniciar una campaña de desprestigio en su contra y de usar el proceso penal como herramienta de presión para obtener supuestos pagos indebidos.
-La semana pasada en una entrevista, el Dr. Carlos Aguinaga, abogado de Iberte hizo declaraciones sobre el conflicto que tienen las dos empresas…
- Jamás buscamos mediatizar un conflicto que, desde el inicio, debería haberse resuelto en la justicia civil. Fueron los señores Retamero y García quienes, en una de las cláusulas del contrato redactado a su conveniencia, establecieron que cualquier controversia sería sometida al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mendoza. A pesar de esto, luego de iniciar acciones penales, también presentaron una demanda civil ante dicho tribunal, embargando bienes de mi propiedad por sumas mucho mayores a la deuda real. Esto demuestra que la denuncia por estafa, ahora transformada en vaciamiento de empresa, fue utilizada como una herramienta de presión para exigir un pago indebido. Claramente, es Iberte, junto a García y Retamero, quien busca perjudicar el desarrollo de nuestra empresa de manera maliciosa.
El Dr. Aguinaga ha realizado afirmaciones que responden a una campaña de desprestigio en mi contra y contra Jugos Australes (JASA). Sus declaraciones buscan dañar la imagen de la empresa y poner en riesgo las fuentes de trabajo de numerosos empleados que desde 2005 se desempeñan regularmente en nuestra firma.
-Entonces, ¿Cómo comenzó el negocio con Iberte?
- Empezamos a trabajar con Iberte en 2019, cuando adquirieron pequeñas partidas de vino. En marzo de 2020, firmamos el primer contrato, y en junio de ese año volvieron a contactarme para ampliar el monto. En ese momento, me ofrecieron un préstamo en el que participé como garante. El contrato fue redactado e impuesto por Iberte, que buscaba operar con un trader en el exterior para justificar el flujo de dinero, ya que en Argentina ya estaba en vigor el cepo cambiario, lo que impedía la convertibilidad y la transferencia de dinero en moneda extranjera. En ese contrato, Iberte figura como comprador ficticio y JASA como garante, estableciéndose que cualquier incumplimiento sería resuelto por el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
-¿En qué momento cambiaron las condiciones?
- La tasa de interés aplicada fue tan elevada que hizo insostenible el acuerdo. Cuando intenté negociar un cierre del contrato, surgieron problemas con García y Retamero, quienes en ese momento eran las caras visibles de Iberte. Al no lograr un acuerdo, arremetieron en mi contra exigiendo montos usurarios, los cuales nunca acepté.
-En otro caso se habló de maniobras extorsivas, ¿qué ocurrió en el suyo?
- Considero que hubo presiones extorsivas hacia mí y hacia la empresa. Utilizaron a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos como herramienta para intentar obtener tres o cuatro veces la suma acordada o, incluso, la propia empresa. Esto está documentado, ya que, en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Mendoza, este grupo económico presentó una demanda con embargos millonarios que afectaron las operaciones de JASA. La situación sanitaria, la inflación y las presiones de Retamero y García me obligaron a recurrir a mi otra firma, Recoleto, para sostener a la empresa y preservar las fuentes de trabajo de muchas familias. A pesar de las dificultades, hemos cumplido con el pago de sueldos, proveedores, clientes y organismos de recaudación.
-¿Y cómo considera que actuó la justicia mendocina?
- Durante todos estos años de investigación, la Fiscalía ignoró o menospreció las decisiones de varias juezas de garantías de gran trayectoria, experiencia e independencia de criterio, quienes, ante pedidos similares de medidas coercitivas por parte del primer fiscal interviniente, Dr. Santiago Garay, resolvieron no hacer lugar, considerando que solo se trataba de un incumplimiento contractual y que, como tal, debía resolverse en el fuero civil, ya que el derecho penal no está para intervenir en cuestiones que corresponden a la Justicia civil.
Es importante recordar que los jueces de garantías están encargados de asegurar que las investigaciones se realicen en un marco de legalidad y objetividad. Lamentablemente, en este caso, se han vulnerado mis derechos de manera clara, lo que también se evidencia en la decisión del fiscal Garay de solicitar una compulsa contra Guillermo García y remitirla al fiscal de la Unidad de Delitos No Especializados por posible falsa denuncia. Esta decisión nunca fue ejecutada, lo cual demuestra una protección indebida hacia el grupo económico liderado por Retamero y García.
Sin embargo, el tribunal arbitral de la bolsa de comercio de Mendoza ha avanzado con embargos millonarios sobre mis bienes, lo que nos hizo perder cuentas en los bancos con los que trabajábamos. Esto me obligó a recurrir a mi otra firma, Recoleto, para sostener la actividad. Esta situación genera desconfianza en la administración de justicia, ya que los fiscales han atendido una denuncia que, a todas luces, debió ser desestimada o archivada. Este manejo demuestra una falta de transparencia que compromete la credibilidad de la justicia.
-¿Cómo impacta esta situación en su actividad y en los empleados de Jugos Australes?
- Esta situación es sumamente grave, porque, de manera intencional, se incumplieron los deberes de funcionarios públicos al no dar lugar a lo ordenado por el mismo fiscal que recibió la denuncia. Con este proceder, se muestra una protección manifiesta y una aceptación de las medidas solicitadas por el denunciante y el grupo económico que representa e integra Guillermo García.
Esta omisión o incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos compromete seriamente a la Administración de Justicia, ya que queda claro que esta investigación, de alguna manera, está dirigida a satisfacer las pretensiones de este grupo, que no solo lleva adelante la demanda ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio, tribunal elegido por ellos mismos.
Además, ha puesto en riesgo el normal funcionamiento de Jugos Australes, una empresa que desde 2005 cumple regularmente con el pago de salarios, a proveedores, y mantiene todas las certificaciones necesarias para operar en el negocio del mosto. El embargo de bienes y el cierre de cuentas bancarias afectan la estabilidad financiera de la empresa, amenazando directamente las fuentes de trabajo de nuestros empleados. Hemos tenido que recurrir a mecanismos alternativos para poder seguir adelante, lo cual representa un sacrificio constante.
-¿Ha evaluado acudir a la Legislatura para presentar su caso y solicitar una investigación por el accionar de estos fiscales?
- No lo hemos considerado por ahora, ya que nos hemos opuesto a un requerimiento fiscal. Sin embargo, hay elementos llamativos. Por ejemplo, Guillermo García —con el único propósito de impedir que una testigo de la defensa, la Licenciada Emilse Córdoba, prestara declaración— “armó” un expediente penal en menos de 24 horas ante la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Una vez que le proporcionaron la carátula y el número de expediente, procedió a enviar a la empresa donde la profesional trabaja una captura de pantalla de la carátula, agregando que ella había cometido los delitos de Desobediencia, Falsedad Ideológica y Usurpación de Títulos.
Por supuesto, mis defensores lograron que la testigo pudiera declarar. En aquella oportunidad, se solicitó labrar un acta donde se dejó constancia de la falsedad de esta denuncia, revelando así la impunidad, temeridad y poder que ostenta y dice tener Guillermo García. Todo esto, lamentablemente, se ha reflejado en esta investigación penal.
-¿Considera que ha habido alguna intencionalidad de perjudicar su imagen y la de su empresa?
- Sin dudas. Desde el comienzo, he percibido una campaña de desprestigio hacia mi persona y hacia Jugos Australes, una empresa con más de 15 años de trayectoria. Las declaraciones de los representantes de este grupo económico, sumadas a las medidas judiciales que ellos mismos han solicitado, parecen diseñadas para afectar nuestra imagen y generar desconfianza en el mercado. Lo que más me preocupa es el impacto que esta situación tiene en las familias que dependen de la empresa y en la reputación que tanto esfuerzo nos ha costado construir.
-¿Qué espera de todo esto?
- Los daños son enormes, los gastos en honorarios y el intento de desprestigio son incalculables. Espero que la justicia penal, en especial la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, deje de ser un instrumento al servicio de este grupo económico.
Considero que mi caso es un claro ejemplo de cómo se utiliza la vía penal como medio de extorsión para obtener pagos indebidos, sabiendo que en otras sedes o fueros deberían demostrar no solo el origen, sino también la causa de sus exigencias indebidas.
La posibilidad de vigilar o controlar la legalidad y objetividad de quienes han dirigido esta investigación ha sido una verdadera ficción, ya que las decisiones de los jueces de garantías, que debieron intervenir en diversas situaciones, han sido completamente soslayadas por los fiscales intervinientes.
Seguir leyendo
