La pandemia agravó problemas económicos y en Malargüe esperan que esto sea suficiente para lograr el consenso necesario para habilitar una excepción a los alcances de la ley 7.722, que regula la minería en Mendoza. Desde el municipio y con apoyo de varios legisladores están buscando ingresar un proyecto a la Legislatura que permita el desarrollo minero sólo en ese departamento, donde existe consenso social para la actividad.
El intendente, Juan Manuel Ojeda, señaló que no existe “otra opción en el corto y en el mediano plazo”, para atender la “situación delicada” que tiene su departamento y adelantó que, a mediados de agosto, estarán enviando un proyecto a la Legislatura provincial para pedir exceptuar a Malargüe, “salvo la cuenca del río Atuel”, de las prohibiciones expresas de la normativa.
“Les pedimos a todos los mendocinos que nos sepan entender. Malargüe no tiene la cantidad de habitantes de otros departamentos y cuenta con el 30 % de la superficie de la provincia. Les pedimos solidaridad y que analicen la situación de Malargüe que, no ha recibido un peso en concepto de coparticipación, y por eso necesita ir por el camino productivo”, enfatizó el intendente tras anunciar que a la primera quincena de julio el dinero no había llegado. Cabe recordar que la semana pasada Ojeda puso en duda el pago de los sueldos de su comuna ante la falta de ingresos por regalías.
Para lograrlo, la comuna está dispuesta a “generar un plan estratégico minero” y que, desde el municipio, se demuestre que se puede hacer minería con la participación de organismos educativos y científicos, y que se valoran los estándares ambientales. Previo al envío del proyecto, Ojeda busca los consensos necesarios con sus pares de la región. Le aseguró a “los vecinos de General Alvear y San Rafael”, que la cuenca del río Atuel no se verá afectada.
Un tema cerrado
El gobernador Rodolfo Suárez afirmó a fines de mayo, que “la minería en Mendoza es un tema cerrado”. Es que luego de las manifestaciones que se produjeron a fin de año para que se diera marcha atrás con la ley que modificaba la 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para extraer minerales, el Ejecutivo provincial tomó nota de la falta de aval social. Aún así, los malargüinos insisten en la necesidad de reactivar tanto los yacimientos como la economía.
En este sentido, la senadora provincial Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), oriunda de Malargüe, afirmó que la idea de lograr una excepción viene desde el momento en que se derogó la ley. “La posibilidad de hacer una excepción existe, hay que ver exactamente los términos que se pueden colocar en el proyecto para que no se vuelva inconstitucional”, indicó.
Sin embargo, la legisladora explicó que lo que se necesita lograr hoy son acuerdos. “El Gobernador ha dicho que el tema está cerrado y por eso la idea es consensuarlo primero con los departamentos. Como estamos en una situación distinta, el proyecto se está estudiando con una serie de profesionales en Malargüe busca un camino que no sea inconstitucional”, señaló.
“Buscamos que pueda entrar el proyecto, que pase a comisiones (Legislación y Asuntos Constitucionales y de Ambiente, al menos), y que luego se discuta. Pero antes el intendente tiene que hablarlo con sus pares”, agregó.
A nivel político, el PJ ya le había dado su apoyo a la actividad (con ciertas restricciones), y la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló que el único departamento que cuenta con el consenso necesario es justamente Malargüe. Sin embargo, luego de que se hiciera evidente el descontento social, el partido solicitó por medio de un comunicado que se derogara la 9.209 para “empezar desde foja cero”, dejando abierta una puerta a una nueva discusión.
Una nueva ley
El abogado especialista en Derecho Minero, y presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez, explicó que por el momento no han podido ver un borrador que les permita tener una esperanza sobre la posibilidad de que se avance con la minería en el sur mendocino, pero la posición de la cámara es apoyar a Malargüe.
Sin embargo, señaló que no tendría sentido lograr una excepción que impida el desarrollo en el resto del territorio provincial, en pos de realizarlo en un único punto de la provincia.
“Como abogado considero que no hay forma de que Malargüe puede iniciar trabajos mineros, y utilizar las sustancias que la ley prohíbe (cianuro entre ellas), si no hay una norma legal que lo autorice, se necesita una excepción. La ley es para toda la provincia, y las minas son provinciales, no departamentales, por lo que si bien existe la posibilidad es complejo”, agregó.
Rodríguez insistió en que apoyan a Malargüe desde la institución, pero le piden a la política que encuentre una solución para todo el territorio provincial, y “qué una ventana para Malargüe no le cierre la puerta a toda la provincia”.
El oro de Don Sixto
Don Sixto, una mina de oro ubicada entre San Rafael y Malargüe, es uno de los proyectos en los que se podría avanzar si se logra la modificación. Esta sería la posibilidad más cercana para Malargüe. “Es el único proyecto que vemos, pero sin una ley de excepción no se puede”, señalan desde la Cámara Minera. En este caso, la explotación estaría a cargo de Yamana Gold, empresa que podría financiarla.
Entre la necesidad de recursos y la protección de los ríos
Estamos a favor de que se exceptúe a Malargüe de la ley 7.722, más teniendo en cuenta la necesidad de generar trabajo genuino que existe”, indicó Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio del departamento.
Miras señaló que hay que tener recaudos cuando se habla de exceptuar proyectos sobre nacientes, pero “Don Sixto” está en Agua Escondida, y allí no sería un problema porque no se afecta el río”. En este caso, se pide que se les permita el desarrollo de la actividad aunque esta requiera del uso controlado de cianuro.
Sin embargo, el empresario entiende que el desarrollo de la actividad inyectaría dinero en el departamento que terminaría por beneficiar a toda la economía local y al resto de la provincia. “Tenemos que diagnosticar y dialogar antes, para saber cuál sería el impacto en Malargüe”, comentó.
En cambio, para la profesora Carolina Peña, directora de la Escuela de Educación Técnica Industrial “Gral. Manuel Nicolás Sabio”, los números son claros, cada año se reciben alrededor de 40 jóvenes técnicos mineros, que ven reducidas sus opciones.
“Sabemos que el municipio busca la posibilidad de generar mano de obra dentro del departamento y lo apoyamos. La escuela hace 50 años que trabaja, tenemos laboratorios e instrumental para formar jóvenes que luego se van a estudiar Geología a San Juan, o Licenciatura en Minas en San Luis, y esas provincias, junto con Santa Cruz o Tierra del Fuego recepcionan a nuestros egresados”, explicó.
La profesional explicó que las opciones se reducen a la actividad petrolera, mientras que “la economía de Malargüe ha ido en descenso y cada vez se hace más difícil obtener una salida laboral”.
