Los hogares mendocinos pagan, en promedio, entre un 47% y un 93% más que la media nacional por el servicio de electricidad. Y son los usuarios de ingresos bajos los que tienen mayor brecha con lo que sucede en otras provincias. El mes que viene, además, se aplicará un nuevo aumento, del 12%, que corresponde al componente de la facturación ligado al costo de operación de las distribuidoras, que es de determinación provincial.
De acuerdo con el Reporte de Tarifas y Subsidios, de julio, que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (de la UBA y el Conicet) en base a los cuadros tarifarios de las distribuidoras, los usuarios N1 (de ingresos altos) que consumen 300 Kwh/mes pagaron en julio, en promedio en Argentina, una factura de $55.229 sin impuestos. En Mendoza, ese monto se eleva a $75.120 (47%).
Los N3, es decir los hogares de ingresos medios, abonan, en promedio en Argentina, $34.158 por su consumo mensual de electricidad de 300Kwh, mientras que, en la provincia, deben pagar $57.625; un 69% más.
Sin embargo, la diferencia más marcada se da en el caso de los usuarios de bajos ingresos. En todo el país los N2 pagan una factura de $27.259 y los mendocinos llegan a $52.654, lo que implica un 93% por encima. Pero, además, si en promedio, en Argentina, los N1 pagan un 88% más que los N2, en Mendoza los hogares de ingresos altos apenas abonan un 43% más que los de menor capacidad de pago.
El informe del organismo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política explica que es importante tener en cuenta que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), compañías privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales -como en el caso de Edenor y Edesur-, provinciales y municipales (lo que sucede con las cooperativas).
También destaca que, si bien el precio estacional es el mismo en todas las jurisdicciones, la dispersión de tarifas es multicausal. “La regulación de los valores agregados de distribución (VAD) en cada jurisdicción responde a un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”.
Añade que, “si bien una comparación de tarifas puede mostrar una foto del estado de situación en un momento determinado en el tiempo, para no llegar a conclusiones erróneas la comparación debe ser analizada a la luz de los factores que inciden en la determinación de tarifas en cada una de las jurisdicciones”. Se consultó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) qué podía explicar esta diferencia, pero no se obtuvo respuesta.
La determinación del valor promedio en todo el país está influida también por el importe de las facturas finales de Formosa, La Rioja y Santa Cruz, en las que el precio de la energía no fue actualizado en junio.
Ajuste periódico
La presidente de la asociación civil de defensa del consumidor Protectora, Romina Ríos, comentó que, en parte, esta variación del importe de las boletas de electricidad en Mendoza con respecto a otras jurisdicciones se explica por el hecho de que el Gobierno provincial no congela o atrasa las tarifas, sino que aplica actualizaciones periódicas. En cambio, otras provincias no las han actualizado u otorgan más subsidios, lo que hace que la factura sea más baja.
Agregó que cada empresa distribuidora presenta su estructura de costos para pedir el aumento del VAD (Valor Agregado de Distribución), que se determina en la provincia. Y que la parte de “impuestos cargas y otras contribuciones” también tiene peso en la factura final. Por ejemplo, el ítem de alumbrado público se actualiza con la tarifa y cada municipio fija tasas por ordenanza.
En cuanto a si las variaciones en los montos se vinculan con diferencias en el servicio, Ríos reconoció que, en términos generales, se podría decir que sí, porque en Mendoza no se produjeron en el verano los cortes de electricidad de hasta 15 días que hubo en Buenos Aires. Pero indicó que los usuarios no pueden corroborar si los aumentos que se le otorgan por tarifa son razonables ni si están cumplimiento de la concesión. Y sumó que, periódicamente, el EPRE aplica multas a las empresas por falencias en la prestación del servicio.
La facturación tiene tres componentes principales: el costo de la energía y su transporte, que los determina la Secretaría de Energía de Nación; el VAD, que corresponde al costo de distribución y se define en la provincia; y los impuestos, entre los que hay nacionales, provinciales y municipales (y que pueden llegar a tener un impacto muy diferente según el lugar).
Nuevo aumento
Los primeros días de julio se realizó una audiencia pública para analizar la adecuación del VAD a partir del mes que viene. Esto, en el marco del procedimiento de ajuste trimestral que se estableció en 2023 para agosto, noviembre, febrero y mayo de cada año. El aumento que el EPRE consideró razonable, en función del incremento de los costos de las distribuidoras y la evolución de ciertos índices, fue del 12% en promedio para los usuarios finales. Como siempre, el Ejecutivo provincial es el que debe avalar este porcentaje para que se puedan aplicar los nuevos cuadros tarifarios.
Estos ajustes trimestrales tienen como objetivo mantener actualizado el costo de operación de las distribuidoras y evitar volver a las pujas entre el Gobierno, que reclamaba que no estaban realizando las inversiones comprometidas, y las empresas, que sostenían que no podían realizarlas por el atraso tarifario (e, incluso, tenían una deuda con Cammesa, que ahora están pagando en cuotas).
Por otra parte, desde el 1 de junio, la Secretaría de Energía de Nación estableció el precio estacional de la energía eléctrica hasta el 31 de octubre (también del gas). Esto se tradujo en un aumento para todos los usuarios. Pero, además, fijó cambios en el esquema de subsidios, que pueden haber elevado el importe a pagar en ciertos casos. Es que, hasta ahora, los N2 (de ingresos bajos) tenían subsidiada la totalidad de su consumo de electricidad, pero pasaron a tener bonificado sólo hasta 350 kWh/mes. Y los N3 (de ingresos medios), que tenían un tope de 400kWh/mes, se les redujo a 250 kWh/mes. En ambos casos, por encima de ese límite, pagan tarifa plena.
De todos modos, se empezó a hablar de “tarifa plena” cuando se les retiró -de modo paulatino- el subsidio a los hogares de altos ingresos, pero hoy todos volvieron a tener bonificación. El informe del IIEP permite apreciar que, hasta mayo, efectivamente, los N1 pagaban el 100% del costo de la energía eléctrica (aunque sólo el 23% del valor del gas). Pero los precios estacionales que se fijaron en junio hicieron que sólo paguen el 80%. Por supuesto, en el caso de los usuarios N2 y N3, la cobertura del precio de la electricidad es mucho menor, ya que apenas llega al 22% y 35%, respectivamente.
