En Mendoza hay al menos 200 asentamientos con un total de 14.000 familias viviendo en ellos, sin acceso formal a los servicios públicos, y con conexiones clandestinas. Para las distribuidoras de luz, esos consumos irregulares provocan “pérdidas técnicas” superiores a los $140 millones, ya que es energía que se compra pero que no se puede facturar a ningún usuario.
Por citar un ejemplo, solo la Cooperativa Alto Verde registró pérdidas en cuatro barrios denominados “conflictivos” por $3,17 millones al año. "Estamos facturando y pagando sin poder cobrar las facturas. Se considera que el hurto se produce por consumos mayores a 600 kw/h (se pondera un promedio bimestral de 750 w/h).
“Varios usuarios conectados en forma directa, y otros con medidor, se niegan a pagar la factura, y no podemos cortar, ni retirar los medidores, pues el personal se niega a ingresar, por lo peligroso del lugar. Solo se toma lectura, a primera hora, y de forma muy rápida”: así refirieron la situación de uno de los barrios
“Tenemos que tener en cuenta, no sólo la pérdida económica estimada, sino también la imagen que se da al resto de los usuarios. Además, esta situación se va a agravando día a día, porque se va agregando gente enganchada”, sumaron. La misma cooperativa, incluso, ha realizado reclamos ante la municipalidad de San Martín, para tratar de encontrar una solución al conflicto.
De igual manera, Raúl Stasi, titular de Edeste, señaló que es muy difícil medir el número exacto de conexiones clandestinas y teme que en los próximos meses se pueda llegar a incrementar. “Es un consumo sin control. El colgado no cuida la energía y termina por desbordar el sistema. Vamos a incrementar campañas de concientización con los municipios para dar a entender que se está perjudicando a toda la sociedad”, señaló.
“No queremos que exista el colgado, es como una cañería que tiene pinchaduras y por lo tanto pierde presión, y perjudica a los usuarios que sí cumplen. Además, existen alternativas para que todos puedan pagar el servicio. Hay tarifas sociales, y estamos abiertos a los planes de pago”, agregó.
Energía sin pagar
Para las empresas resulta difícil conocer con precisión cuántas viviendas están conectadas al sistemas de forma clandestina, pero sí pueden estimar las pérdidas de energía, es decir los kw/h que se demandan por encima de lo que efectivamente se puede facturar a los usuarios. Si este cálculo se realiza para Edemsa, la mayor prestadora del servicio en la provincia, la pérdida se estima en 63.000 MWh/año, lo que es equivalente a un monto de $140.000.000.
Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) señalaron que no se tienen datos sobre el número de conexiones clandestinas, pero se busca trabajar con las municipalidades en planes que aseguren la regularización de los vecinos, teniendo en cuenta que “engancharse a la luz” constituye un delito. La última vez que el organismo brindó datos oficiales, la clandestinidad alcanzaba al 10% de la energía de la provincia (17 mil conexiones en 2015).
Otro aspecto del problema, y quizás el más importante, es que las conexiones clandestinas presentan un serio peligro de electrocución para quienes las manipulan, y aumentan las posibilidades de que se generen cortocircuitos e incendios.
Voluntad de pago
Más allá de la pérdida económica, los usuarios que se “cuelgan” o “enganchan” a la luz, generalmente se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, y es por eso que se intenta regularizarlos, con planes a medida, y sobre todo, con programas de concientización para el uso responsable y seguro de la energía eléctrica.
También las empresas persiguen el mismo objetivo. Según señalaron desde Edemsa, por ejemplo, desde el año 2005 que vienen desarrollando el programa “Luz en Casa” (PLEC), con el que buscan que las familias de menores recursos de la provincia puedan acceder al servicio eléctrico formal y seguro, atendiendo a su situación socioeconómica. El plan se basa en capacitar en el uso racional de la energía eléctrica y la prevención de accidentes.
Reglamento del suministro
Según el reglamento para la distribución de la electricidad, “la cuantificación de la energía consumida no registrada, se efectuará a partir del error determinado y por el tiempo presunto que corresponda, el cual no podrá exceder los dos años”.
Así, cuando se detecta a un usuario “colgado”, este se expone a que se le cobren los consumos presuntos de los últimos 24 meses, a valores actuales, más intereses. “Se valorizará a tarifa vigente, aplicándosele al monto así obtenido un recargo del veinte por ciento (20%) o del cuarenta por ciento (40%) en caso de reincidencia del mismo usuario en el mismo suministro, más los intereses compensatorios (...). En caso de detección de conexiones directas a la red de la distribuidora, esta procederá a eliminar la misma, pudiendo facturar la energía consumida no registrada según lo especificado”, señala el detalle de la normativa vigente.
