Los bonos en dólares inician la semana en rojo

Por Julián Yosovitch - El Cronista especial para Los Andes

Los bonos soberanos de legislación internacional operaron a la baja el lunes en los distintos tramos de la curva. Los inversores están a la expectativa de novedades respecto a las negociaciones deuda y asimilando la novedad sobre el trato igualitario que recibirían las diferentes legislaciones.

La parte corta de la curva soberana argentina de legislación internacional operó a la baja con los Globales 2021, 2022 y 2023 cayendo 0,76%, 0,69% y 0,62% respectivamente. Misma tónica mostraron los Bonar 2026, 2027 y 2028, que retrocedieron 0,57%, 0,97% y 0,8% respectivamente. Finalmente, en el extremo más largo de la curva, los bonos también operaron a la baja, con una pérdida de 0,45% para el Bonar 2046. Mientras que el Bonar 2048 y el bono centenario a 2117, en tanto, operaron sin grandes cambios.

En lo que respecta a los bonos en dólares emitidos bajo ley local, operaron con bajas de 3,4% para el Bonar 20, de 3,9% y 3,6% para el Bonar 2024 y el DICA. El Bonar 2037 y el PARA, por su parte, retrocedieron 2,8% y 3,3% respectivamente.

Ante este panorama, el riesgo país subió hasta los 2386 puntos básicos, avanzando 42 unidades (1,8%).

El Ministerio de Economía presentó su proyecto de ley para la reestructuración de la deuda en dólares ley local, en el que confirmó que dará un tratamiento en los mismos términos que los ofrecidos a los títulos de ley extranjera. Además, incluye un canje de la deuda ley local con bonos CER. De esta manera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cumplió su promesa de ofrecer un tratamiento equitativo a los tenedores de títulos ley local a la vez que mantuvo la excepción de quitas de capital para los bonos emitidos en 2005/2010.

Esto implica que se replica el tratamiento que tuvo la deuda durante el canje de 2005 cuando el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, ofrecieron los mismos flujos para ambas legislaciones. Incluso como buen punto se resalta la mención de la cláusula RUFO que apunta a una mejora en las condiciones de la oferta,si existe una mejora en la de ley extranjera.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) entienden que el Gobierno busca asegurarse una aceptación alta del total de los bonos elegibles bajo ley nacional, que rondan unos u$s 46.000 millones y entienden que dar un tratamiento equitativo entre ambas deudas es un buen punto de partida.

“Despejó incluso la posibilidad de pesificarla de forma compulsiva, que, en algún momento, llegó a afectar las cotizaciones. Entendemos que su tratamiento en el Congreso será express, y que el proceso de canje –más allá de los temas operativos a cumplimentar– comenzará en el corto plazo. El grado de aceptación creemos que será alto, en el marco de una oferta que consideramos razonable dentro de los lineamientos generales de la coyuntura, y la incapacidad de litigar en la Justicia internacional. También creemos que suma a favor la inclusión de la cláusula que apunta, a que si dentro de un período, voluntariamente hay una mejor oferta, ésta se hará extensiva a los tenedores de los nuevos títulos. Establecida con éxito la estrategia para la deuda en pesos, la normalización de la de dólares ayudará a que el mercado local sea una fuente de financiamiento del Tesoro (en momentos donde el mercado externo permanecerá cerrado por varios años). Esto ayudará incluso a evitar caer en la monetización de la deuda”, afirmaron.

Los analistas de Dracma agregan que, al igual que la oferta de canje enviada a la SEC, esta propuesta establece una quita de capital del 3% (solamente para Indenture 2016) y cupones que se incrementan en el tiempo hasta un máximo de 5% cuando se alcanza la madurez del bono. Además, remarcan que en la misma se incorpora un bono adicional con vencimiento en 2030 que considera los intereses corridos hasta el 4 de septiembre para quienes acepten el canje en el período que sea definido por el Gobierno.

“En el caso de no adherirse en este plazo, los tenedores seguirán teniendo el derecho a hacerlo en el futuro pero limitando el reconocimiento de los intereses corridos hasta el 5 de abril de 2020 (versus el 4 de septiembre). Al mismo tiempo, los bonistas que no adhieran a la propuesta continuarían con los pagos diferidos al 31 de diciembre de este año. Un aspecto importante es que si la propuesta para los acreedores de bonos con ley externa es mejorada, las nuevas condiciones también se harían extensibles a la oferta local, lo que refuerza la idea de trato igualitario entre ambas legislaciones”, afirmaron.