Durante las últimas horas, el Ministerio de Economía tomó la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres que está vigente desde junio de 2020. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, discutieron el tema esta semana, buscando alternativas posibles para poner fin a la normativa que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de los numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.
Pese a que durante el almuerzo que compartieron el primer mandatario del país y el referente de la cartera económica ambos habrían coincidido en que esa ley “no da para más” y quue la intención sería modificarla por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la actual Ley de Alquiteres continúa vigente, ya que desde el Ejecutivo no han emitido ni resolución ni DNU que dictamine lo contrario.
En el caso de que se concrete, los cambios que analizaría el Gobierno son suspender la ley por 180 días con un DNU que restablezca la legislación anterior y sumaría algunos beneficios impositivos para los propietarios que destinen sus departamentos al mercado de los alquileres: la renta del negocio no pagaría Ganancias y la propiedad estaría exenta de Bienes Personales. Todo con el claro objetivo de aumentar la oferta en alquiler, hoy en el mínimo histórico.
Del conseso a la derogación de la Ley de alquileres
La Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo cuando fue discutida. Fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. La ley introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
La ley ha generado incertidumbre entre los propietarios, y uno de los primeros efectos no deseados fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios, y el tema fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.
En noviembre de 2021, Massa anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, durante la apertura de las sesiones en el Congreso el 1º de marzo de 2022, el presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Se habló incluso de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos, pero nada de eso avanzó.
Ahora, el Gobierno busca la forma de paliar la crisis habitacional que generó un mercado con contratos que aumentaron casi 250 por ciento desde la sanción de la norma en junio de 2020 y la amenaza de alcanzar subas de tres dígitos en el corto plazo, en un escenario con alta demanda y listas de espera.
