A fines de diciembre, personas que estaban visitando Malargüe observaron unas máquinas trabajando cerca del cauce de un arroyo y tomaron un video, que se viralizó. Se trataba de tareas para abrir un camino hacia la mina de cobre Cerro Amarillo. El ex senador provincial del FIT, Lautaro Jimenez, presentó una denuncia en Fiscalía de Estado y la Dirección de Recursos Naturales Renovables para que se investigara. El Gobierno provincial resolvió suspender los trabajos hasta poder definir la situación.
La denuncia fue presentada el 22 de diciembre y Jimenez explicó que él no sabía quién estaba haciendo las obras sobre el arroyo El Desecho, que atraviesa Los Molles, atraviesa humedales y es parte del corredor turístico. Luego, entendió que ese camino iba a Cerro Amarillo. Al día siguiente, acudieron al sitio inspectores del municipio, de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental y, al constatar que los trabajos se estaban desarrollando cerca de un curso de agua, decidieron ordenar su paralización.
Desde el Gobierno provincial coincidieron en que la denuncia llegó a través del sistema ticket y, a partir de esto, se dio conocimiento a la autoridad ambiental minera, que optó por paralizar las actividades para poder investigar si se estaba produciendo algún daño ambiental. Añadieron que hubo inspecciones conjuntas, de las que también participó el Departamento General de Irrigación, para establecer si había riesgo.
En la resolución de suspensión de las obras se le pide a la empresa que presente un descargo y al responder, suma información técnica que remite a las actuaciones del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental. En uno de los informes técnicos, había planteado dos alternativas para llegar a la mina: desde la ruta 226, que lleva al Pehuenche y conduciría a Cerro Amarillo desde el sur, y la ruta 220, que va a Las Leñas, y llevaría a la mina desde el norte (la que se está concretando hoy).
Desde el Ejecutivo resaltaron que se realizó un análisis legal y se confirmó que, en su momento, la presentación de la empresa fue muy específica y mencionaba estas dos posibilidades con puntos de coordenadas. Por otra parte, la compañía había avisado que en los primeros días de enero iba a dar comienzo a las actividades de exploración y que, previamente, desarrollaría tareas de acondicionamiento y trazado de huellas.
Asimismo, como el camino atravesará parte del arroyo, Irrigación intervino y se llegó a la conclusión de que los impactos habían sido evaluados en los informes técnicos y el dictamen había sido favorable. Y la inspección reciente determinó que “no se constataron daños físicos ni ambientales relacionados con el recurso hídrico”.
En el texto de la resolución conjunta de las direcciones de Minería y Protección Ambiental, que levanta la suspensión, se detalla que la DPA inspeccionó la traza el 29 de diciembre de 2023 y concluyó que no se habían detectado impactos no ponderados en los estudios previos, que fijan que la apertura de caminos es impacto medio sobre la flora, fauna, aire, suelo y agua, con lo que las consecuencias son “factibles de restauración”.
Dudas
Jimenez manifestó que la suspensión de las actividades se dio, y destacó lo positivo de que esto haya sucedido, porque la empresa no había notificado a la provincia, al municipio ni a Irrigación sobre el inicio de estas tareas específicas.
Además, señaló que el expediente tuvo muchas idas y vueltas, y que, si bien la firma planteó en su descargo que este camino estaba mencionado como una alternativa, había sido incluido en un expediente que se presentó en 2011, pero no se menciona en la DIA de 2014, que se retomó en 2022, donde se indica que el traslado de maquinarias y trabajadores se harán por helicóptero o con mulas, o por la traza sur (no hay referencias a la norte).
Y, desde su mirada, no se trata de un aspecto menor, porque, cuando, el año pasado, la Legislatura ratificó la Declaración de Impacto Ambiental para avanzar en la exploración en Cerro Amarillo, se modificó la de 2014 con la presentación de una declaración jurada por parte de la empresa.
Es que, explicó, en 2014 se había previsto realizar 19 perforaciones, algunas de las cuales podían estar incluidas en zona de glaciares y, como no estaba concluido el inventario, la Legislatura no dio el aval. Cuando se retoma el proyecto, en lugar de realizar una nueva DIA, se optó por el camino de la declaración jurada para modificar los puntos a perforar, dejando 9, en diferentes coordenadas.
El ex legislador considera que el haber dejado de hablar de la traza norte en los expedientes más recientes es la razón por la que ninguna autoridad estaba al tanto de que en ese sitio se estaban realizando trabajos, pese a que la empresa había notificado que iba a empezar con ciertas tareas. Y resaltó que estas confusiones los alarman porque, al no haberse realizado una nueva declaración de impacto ambiental, sino que se hicieron rectificaciones, ha quedado una mezcla de propuestas.
Y, advirtió Jimenez, de validarse ese criterio, la empresa estaría habilitada a concretar cualquier trabajo que se mencione en el expediente, que comenzó a armarse en 2007 e incluye las 19 perforaciones en zona de glaciares.
Retoman las tareas
Más allá de esta cuestión, tanto el Gobierno provincial como el denunciante coinciden en que se cumplió con los procesos -suspensión, análisis, presentación de documentación por parte de la empresa- para poder levantar la paralización y que se puedan retomar los trabajos de trazado del camino que conducirá a la mina.
Sin embargo, desde el Ejecutivo deslizaron que el emprendimiento se encuentra en zona de temporada, es decir, se puede trabajar desde septiembre u octubre hasta marzo o abril, dependiendo de las condiciones del tiempo, y que la demora podría significar que la exploración, que la empresa tenía previsto iniciar los primeros días de 2024, no pueda concluirse antes del otoño-invierno y deba retomarse en la primavera.
En esta primera etapa, de exploración, la empresa invertirá unos US$ 20 millones. Se trata de un yacimiento de cobre que se encuentra a 60 kilómetros del centro de Malargüe, que propone obtener el mineral por un proceso de flotación, con lo que se evitaría el uso de sustancias prohibidas por la ley 7722. Sin embargo, previo a llegar a esa etapa, es necesario determinar el potencial, es decir, la concentración del mineral, para luego evaluar la factibilidad técnica y económica del proyecto.
En noviembre de 2022, por segunda vez, el Gobierno envió la declaración de impacto ambiental a la Legislatura, para obtener la ratificación que establece la ley. En ese contexto, se mencionó la necesidad de realizar una nueva DIA, pero, finalmente, fue aprobada la propuesta en marzo de 2023.
