La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un comunicado en el que expresan que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial. Y resaltan que “acatar una imposición gubernamental no es acuerdo voluntario en materia de precios”.
La entidad, que representa a 14.500 empresas, de 34 sectores, planteó que la industria de alimentos y bebidas “ha demostrado siempre un firme compromiso, al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios”, como Precios Cuidados y Precios Justos, pero que la renovación de este último, bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio, no es viable.
El comunicado expresa que, sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el Gobierno anunció un nuevo esquema de pautas de precios “que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.
Asimismo, manifiestan que pretender que la industria de alimentos y bebidas absorba el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor. Sólo en las últimas 3 semanas, los principales costos de producción han aumentado en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. También se proyectan paritarias por encima del 140%.
“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”.
Detallan que, en un contexto de total incertidumbre para operar, el sector enfrenta dificultades de distinta índole. Se registran restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales al no efectivizarse la aprobación y debido curso de las SIRAs y SIRASEs. Se suman los descalces financieros y la deuda comercial fruto de los extensos plazos asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, sino también las que se asocian en primer lugar a la producción.
A su vez, a raíz de la devaluación, que llevó el dólar oficial mayorista a $350, los sectores exportadores adheridos al Programa de Incremento Exportador (conocido como dólar agro) han dejado de acceder al tipo de cambio diferencial que se otorgaba, ya que ha quedado desactualizado el esquema. En ese sentido, el contexto se vuelve cada vez más complejo para los distintos sectores de la industria de alimentos y bebidas, los cuales se ven imposibilitados de continuar absorbiendo, como lo vienen haciendo hasta el momento, estos impactos.
Desde la Copal plantearon la necesidad de que, en forma urgente, se abra un espacio de diálogo efectivo que permita acordar mecanismos que se establezcan sobre las posibilidades ciertas para la producción. Por eso, solicitan un diálogo intersectorial, sobre la base del “entendimiento del gran impacto que se registra en costos y prospere a un escenario razonable, teniendo en cuenta que se trata de un pilar esencial de la economía”.
