Las cámaras empresarias del sur mendocino volvieron a la carga con el reclamo para que los 1.023 millones de dólares del resarcimiento de la promoción industrial se destinen a obras de infraestructura en la región.
Tanto la cámara de San Rafael como la de General Alvear y también la de Malargüe apoyaron el pedido del diputado Guillermo Mosso para que se modifique el convenio original que preveía que el dinero tenga como finalidad la construcción de obras de generación hidroeléctrica, pero luego de la caída en desgracia de la presa Portezuelo del Viento, ven conveniente redirigir los recursos a obras de mejora de eficiencia hídrica como así también de infraestructura en general.
El pedido lo sustentan en que, el impacto negativo que sufrió Mendoza por el régimen de promoción industrial, fue “más evidente” en los departamentos del sur provincial “lo que se tradujo en menor desarrollo, pérdida de industrias, más pobreza y especialmente un éxodo de la zona rural”.
En el documento que hicieron público, las entidades indicaron que ese perjuicio “provocó que una región que supo tener más del 45% del PBG, con el paso de los años cayera a un escaso 20%”.
Además dejaron en claro que la zona “tiene derechos adquiridos” ya que “fue la Cámara de Comercio de San Rafael quien dio el sustento judicial a la demanda por los perjuicios de la promoción industrial, interponiendo un recurso de amparo para evitar la prórroga de este beneficio a otras provincias en deterioro de Mendoza”.
“Sin el amparo, ni la suspensión temporal del malicioso régimen, la Nación jamás hubiera aceptado indemnizar los quebrantos que sufrió la provincia”, remarcaron.
En el escrito, las cámaras pidieron que “los recursos tienen que ser destinados a proyectos que fortalezcan y diversifiquen el sector productivo de los tres departamentos de la región de manera sostenida en el tiempo y se revierta así, décadas de estancamiento económico”.
Además de la construcción de dique El Baqueano en el río Diamante, las tres instituciones consideraron necesario avanzar con “la variante de Portezuelo con el trasvase del río Grande al Atuel, además de obras de eficiencia hídrica fundamentales sobre las cuencas de los ríos Diamante, Atuel y Malargüe”.
Por último instaron al gobierno a mantener “un diálogo fluido” para “establecer prioridades” en el manejo de los 1.023 millones de dólares.
El documento completo
La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear, y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe, se expresan ante el Proyecto de Declaración presentado por el diputado provincial Guillermo Mosso, a través del cual se manifiesta el deseo de que el presidente Javier Milei modifique la cláusula tercera del Acuerdo para la ejecución de la Obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo de Viento”, a los efectos de permitir que los fondos provenientes de dicho acuerdo puedan ser utilizados para todo tipo de obras hídricas y/o de infraestructura productiva, no limitándose a obras para el desarrollo de la generación hidroeléctrica.
Desde las tres instituciones consideramos oportuno y necesario poner en funcionamiento los recursos que son producto del resarcimiento por los daños ocasionados por el régimen de Promoción Industrial en las provincias vecinas, y también coincidimos que deben ser destinados a inversiones en obras que generen recursos para Mendoza y permitan el desarrollo económico.
Pero también es preciso recordar que dentro del territorio mendocino, el impacto negativo de aquellas políticas impositivas fue más evidente en las economías de San Rafael, General Alvear y Malargüe, lo que se tradujo en menor desarrollo, pérdida de industrias, más pobreza y especialmente un éxodo de la zona rural.
En resumen, provocó que una región que supo tener más del 45% del PBG, con el paso de los años cayera a un escaso 20%.
La petición también se sustenta en que hay derechos adquiridos, porque fue precisamente la Cámara de Comercio de San Rafael quien dio el sustento judicial a la demanda por los perjuicios de la promoción industrial, interponiendo un recurso de amparo para evitar la prórroga de este beneficio a otras provincias en deterioro de Mendoza.
Sin el amparo, ni la suspensión temporal del malicioso régimen, la Nación jamás hubiera aceptado indemnizar los quebrantos que sufrió la provincia, y en especial el sur mendocino, en donde el daño fue y es muy importante.
Es por ello que entendemos que el reclamo de disposición de los fondos en nuestro oasis, es legítimo.
También creemos que los recursos tienen que ser destinados a proyectos que fortalezcan y diversifiquen el sector productivo de los tres departamentos de la región de manera sostenida en el tiempo y se revierta así, décadas de estancamiento económico.
Ya se han anunciado proyectos de obras fundamentales para el desarrollo del oasis sur, como la construcción de dique El Baqueano, pero también solicitamos el avance en la variante de Portezuelo con el trasvase del río Grande al Atuel, además de obras de eficiencia hídrica fundamentales sobre las cuencas de los ríos Diamante,Atuel y Malargüe.
No se niega la importancia de otras obras, pero es necesario generar una ruta de acciones a seguir estableciendo prioridades y esto se puede alcanzar a través de un diálogo fluido y armonioso entre los sectores público y privado.
