Los consumos de energía eléctrica a partir del 1 de noviembre tendrán un incremento promedio del 4,2% por la combinación de dos ajustes: el del precio de la electricidad, que es un componente de la facturación que se determina desde Nación, el del Valor Agregado de Distribución, que es de jurisdicción provincial.
La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de la Nación fijó los nuevos precios estacionales de la energía para el verano, que estarán vigentes desde el 1 de noviembre y hasta el 30 de abril de 2025. Este incremento impacta en el componente de la tarifa “costo de abastecimiento”.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Estado nacional decidió seguir subsidiando en un 7% el precio de la electricidad para todos los usuarios. Esto implica que, aun los usuarios N1 o de ingresos altos, que supuestamente pagan “tarifa plana”, perciben este porcentaje de bonificación. Y además significa que, si bien los valores actuales estarían vigentes hasta el último día de abril, podría haber un incremento en las boletas si el Gobierno decide reducir este subsidio.
Por otra parte, a partir del 1 de noviembre -y en febrero, mayo y agosto- se aplica también la actualización trimestral del VAD, que se realiza para reflejar el incremento de los costos de las distribuidoras. Esta adecuación se estableció en 2023 y toma como base para el cálculo los estudios presentados por las distribuidoras para la revisión tarifaria y se consideran índices del Indec -el IPC, que sigue la inflación general, y el IPIM, que mide la evolución de los precios mayoristas-, como también los acuerdos salariales o los índices oficiales de variación salarial y los costos de capital.
Aunque el próximo ajuste del VAD corresponde en febrero, el decreto provincial establece que, si la inflación acumulada en el trimestre es inferior al 7%, no se aplicará la suba y se tomará la variación de los últimos seis meses.
Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico detallaron que el impacto en la tarifa a usuario final de ambos incrementos (costo de abastecimiento + VAD), con impuestos, ronda el 4,2%. Para el caso de los usuarios residenciales, que representan el 85% del padrón, el aumento promedio será de $ 1.694 para los T1R1 (hasta 299kWh bimestrales), de $ 2.930 mensuales para los T1R2 (desde 300 a 599kWh bimestrales) y de $ 3.857 mensuales para los T1R3 (más de 600kWh bimestrales).
Subsidios
La resolución 19/2024 de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de la Nación también fija los topes de subsidios para los usuarios residenciales. Aquellos categorizados como Nivel 2, de ingresos bajos, mantienen la bonificación del 72% respecto del precio de la energía del Nivel 1, con un tope de consumo subsidiado hasta los 700 kWh/Bimestrales (350kWh/mes).
En tanto que los que quedaron encuadrados como Nivel 3, de ingresos medios, conservan un subsidio del 56% sobre el valor de la electricidad, con un tope de consumo subsidiado hasta los 500 kWh/bimestrales (250 kWh/mes). En ambos casos, el consumo excedente se abona al precio del Nivel 1.
Y si bien se había establecido una fecha límite para inscribirse en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía), el plazo se fue postergando y aún es posible completar el formulario, ya sea en el sitio https://www.argentina.gob.ar/subsidios o en la página web del EPRE https://epremendoza.gob.ar/segmentacion-tarifaria/. Esto es, particularmente, para aquellos usuarios de bajos ingresos que habían ingresado de modo automático, mientras que quienes ya tienen subsidio no tienen que volver a inscribirse.
De todos modos, la presidente del EPRE, Andrea Molina, recordó que, cuando se abrió el registro, se anunció que el usuario debía presentar la declaración jurada de ingresos y bienes, y luego se iba avanzar en el cruce de datos para verificar la información presentada; algo que no ocurrió, hasta ahora. Recientemente, el Gobierno nacional comenzó a realizar esas verificaciones, por lo que algunos hogares podrían tener cambios en el nivel o, incluso, perder el subsidio, lo que se verá reflejado primero con una notificación y, luego, con el aumento en la facturación.
Conceptos no eléctricos en la boleta
En septiembre, el Gobierno nacional prohibió que las provincias y los municipios incorporaran cargos adicionales, ajenos a la prestación, en las facturas de los servicios públicos. Sin embargo, en Mendoza esto ya estaba regulado y una resolución del EPRE, de 2019, estableció el procedimiento para poder incluir estos ítems dentro del apartado de “conceptos no eléctricos”.
Si un municipio o cooperativa -algunas también proveen el agua o brindan seguro de sepelio, por mencionar dos situaciones- quiere incluir el cobro de un ítem que no se vincula, en este caso, al servicio eléctrico, debe convocar a una audiencia pública para que la comunidad pueda discutirlo y presentar el pedido en el EPRE. De recibir aval, deberá figurar dentro de los “conceptos no eléctricos”. Y, aun así, cada usuario puede manifestar en la distribuidora que sólo quiere abonar lo que corresponde a la energía.
En cuanto a la tasa de “uso del espacio aéreo” que algunos municipios les cobran a las distribuidoras, y éstas transfieren a los usuarios -con lo que encarecen el monto final en comparación con otras localidades-, Molina indicó que es un tributo que las comunas tienen la facultad de cobrar, ya que se asocia a la prestación del servicio de electricidad, y que también sucede en otras partes del país.
Tarifas más caras del país
El reporte mensual que elabora el Observatorio de Tarifas y Subsidios, de la UBA y el Conicet, reveló que, en septiembre, los usuarios mendocinos N2 y N3 pagaron la boleta de electricidad más cara del país, con valores promedio de $61.000 y $71.200, respectivamente, cuando el promedio nacional era de $31.300 y $39.500. En tanto, los N1 se ubicaron en el segundo lugar de facturas más elevadas, después de Neuquén, con $85.500, siendo que en todo el país fue de $57.200.
La titular del EPRE comentó que ellos también realizan su propio relevamiento y que este mes Mendoza ha bajado unos cuatro puestos en el ranking. En cuanto a este monto elevado, explicó que es multicausal y, en parte, se explica por el hecho de que la provincia ha ido actualizando el VAD, mientras otras recién están empezando a hacerlo ahora (lo que explica el descenso del primer puesto). Pero también hay que considerar la dispersión o concentración geográfica, que determina el valor de la prestación del servicio, ya que es más económico hacerlo en conglomerados urbanos.
Otro factor que influye es el control de la calidad del servicio, que incentiva a las distribuidoras a realizar inversiones o de lo contrario reciben multas; algo que el Gobierno provincial realiza con periodicidad. Molina resaltó que lo ideal sería que no haya sanciones, pero que las empresas han ido incrementando su nivel de inversión -que hoy es razonable- para acompañar el crecimiento poblacional, en particular de la mancha urbana, y para mantener las redes existentes.
