La Asociación de Propietario de Taxis de Mendoza (Aprotam) y el Sindicato de Obreros de Taxis (SOTM) advierten que este año han sufrido una caída en la recaudación en torno al 60%, aunque esperan que comience a revertirse la situación cuando entre en vigencia el aumento aprobado del 47,2%. Mientras tanto, piden ayuda para afrontar la crisis que atraviesa el sector desde hace varios años.
Pedro Guerra, presidente de Aprotam, señala que este incremento en la tarifa ayudaría en parte para afrontar los costos de una operación que solo en combustibles ha tenido un incremento anual del 70%. Hace un mes, los representantes de los propietarios y de los trabajadores presentaron una nota en la que solicita se declare la crisis para el sector; un documento que también fue enviado al gobernador, Rodolfo Suárez, y a la dirección de transporte bajo la cartera que conduce Natalio Mema.
“La tarifa está por ajustarse en estos días, el aumento –que fue aprobado- está en fiscalía del estado y el expediente tiene que pasar a la secretaria para que se publique. Esto ayudará a palear el costo del combustible para seguir prestando el servicio”, explicó Guerra. Solicitan créditos blandos para plantear el recambio de las unidades que –por antigüedad- quedarían fuera de reglamentación y además piden sanciones para los transportistas clandestinos, que de acuerdo a datos del sector superan los 4.000 vehículos en toda la provincia.
Desde Aprotam señalan que en Mendoza la tarifa de taxis y remises siempre ha estado un 40% por debajo del valor que tiene el servicio en CABA. Distrito en el que el precio de los insumos y del combustibles es más económico que en nuestra plaza. “Pertenecemos a una federación nacional y conocemos cual es el costos de operación en otros lugares, por ejemplo cuando el precio del m3 de GNC acá era de $ 47, en Capital Federal se pagaba en $27”, detalló Guerra. Mientas que al establecer el costo de los repuestos como una medida de comparación, entienden que un ajuste en la tarifa tampoco les permitiría cubrir la inversión del recambio de unidades.
Sanciones para los clandestinos
El pedido de taxistas y remiseros para se declare la crisis se fundamenta en la aplicación de la ley 9086, por la cual los taxis dejaron de ser trasporte público para ser trasportes de interés general; lo que entienden perjudicó al sector al provocar una desregulación de la actividad. La competencia con las plataformas electrónicas (como Uber o Cabify, entre otras), infieren que se da en un plano de desigualdad jurídica por los controles a los transportistas.
Situación que los representantes de taxistas y remiseros entienden que se agrava por la falta de una política estatal que penalice a los transportes clandestinos. Semanas atrás Aprotam había informado que ya hay cerca de 4.000 autos trabajando en la ilegalidad, sin cumplir con ningún requisito. Desde el Ente de Movilidad de la Provincia (Emop), se señaló que creció la cantidad de los vehículos secuestrados por trabajar sin las habilitaciones correspondientes. Los 4.000 coches clandestinos a diario compiten contra 1.160 Uber habilitados, 550 vehículos Cabify,1.500 taxis y 500 remises.
Una competencia analógica
Iván es chofer de un taxi, trabaja con un turno de 12 horas, y cuenta que el mayor movimiento de autos y público se da en horas de la mañana; que por la tarde los viajes caen drásticamente y que hacia la noche es más difícil generar recaudación. “Para que rinda la jornada hay que trabajar más de 12 horas”, explica. La crisis económica, que vive el país con distinta intensidad desde 1999, provocó que muchas personas encontraran en el trasporte una posibilidad de generarse ingresos.
Para los representantes de taxistas y remiseros, actualmente cerca de 6.000 vehículos en forma diaria se reparten en toda la provincia el total de los pasajeros que se ha menguado por la crisis sanitaria. Una de las principales diferencias entre taxis y remises frente a los conductores registrados en las plataformas, ambos como vehículos autorizados a trabajar, es que los primeros prestan un “servicio de interés general”, con tarifas reguladas por el Estado provincial, mientras que los segundos responden a las leyes de la oferta y la demanda.
“La ley 9082, ha generado desigualdad y nos ha perjudicado. Para habilitar un auto como taxi, este vehículo tiene que cumplir con ciertas medidas, con cierta capacidad, y para poder vestir un auto necesitamos gastar sobre los 200.000 pesos; pero un auto de plataforma es un auto particular que no tienen las mismas exigencias y hoy por hoy, hay autos que en las plataforma son más chicos que un taxi”, concluyó Pedro Guerra.
