En la audiencia pública que se realizó el 12 de junio, Aysam, la empresa estatal que está encargada del servicio de saneamiento (agua y cloacas), planteó la necesidad de un aumento tarifario para el segundo semestre del año. Frente al impacto de la inflación, la empresa argumentó que el incremento no debería ser inferior a un 40,8%, aunque la decisión final sobre el porcentaje de ajuste que se aprobará estará en manos del gobernador Rodolfo Suarez.
Desde Aysam explicaron que en la revisión tarifaria correspondiente al período (julio 2022 - junio 2023) se tuvieron en cuenta variables que no se cumplieron según lo previsto debido a la realidad económica del país. El directivo aseguró que se proyectó una inflación del 66,3%, pero la variación de precios fue significativamente mayor.
Actualmente, Aysam presta el servicio de agua y cloacas a más de 1,3 millones de personas en Mendoza, lo que equivale a 416.575 cuentas. Las facturas mensuales promedio que pagan los usuarios residenciales oscilan alrededor de los $ 2.630, considerando el agua y cloacas. Sin embargo, una vez aprobado el nuevo incremento por el Gobierno, 9 de cada 10 mendocinos que cuentan con el servicio pasarían a pagar $ 3.703 con IVA, aproximadamente. Un dato a tener en cuanta, es que para un cuarto de los clientes de Aysam, ese monto sería solo el piso, ya que podrían llegar a abonar hasta $ 6.900 mensuales.
Las razones del recálculo
Durante la audiencia, la empresa defendió la necesidad de otro ajuste para garantizar la sustentabilidad de la prestación, argumentando un desfasaje en los costos operativos. Según los cálculos de la empresa, con una variación real del 109,3%, la diferencia entre un año y otro supera el 43%.
Aysam argumentó que el pedido de aumento tarifario se basa en el aumento de los costos operativos. Desde la compañía sostienen que el factor de recursos humanos (salarios) se triplicó en línea con la inflación interanual. Además, los insumos químicos para la potabilización del agua se multiplicaron por 2,5 generando un desfasaje del 80%. En cuanto al costo de los combustibles, aumentó un 46% debido a que el incremento fue más del doble en comparación con el año anterior.
Cabe destacar que el último ajuste de la tarifa de agua fue del 68,5%, autorizado en diciembre tras una audiencia pública en septiembre. Sin embargo, en mayo, el ejecutivo provincial aprobó una partida de $ 5.200 millones para “capitalizar” a la compañía, fondos con lo que se planea financiar obras clave como la ampliación de tres plantas potabilizadoras para atender al Gran Mendoza (Alto Godoy), la Zona Este (Palmira) y el Valle de Uco (San Carlos). En la actualidad la empresa cuenta con una capacidad de potabilización de 891.244 metros3 diarios, es decir 10.315 litros por segundo.
El mal estado de la red
En el informe presentado por la compañía solicitando el ajuste se señala que el 11% de los 5.355 km de cañería de las redes de agua es malo (es decir 589,05 km de la red); mientras que el 31% del sistema de conducción está en un estado regular. Del total de los kilómetros de red de agua en mal estado, la ciudad poesee 192 km de su tejido de conducción, seguido por 92 km de Godoy Cruz y 71 de Guaymallén. Mientrs que en el sur provincial, el departamento de San Rafael tiene una afectación de 59 km y General Alvear de 44 km.
Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, señaló que “se trata de marcar o hacer énfasis que si la empresa no es eficiente en el uso de sus recursos, obviamente, más allá de los datos inclacionarios, que sabemos que elevan el costo de algunos de los elementos necesita la empresa para prestar el servicio, como es el combustible, el personal, los salarios del personal, los insumos químicos, la electricidad y demás. Entendemos que la empresa no es eficiente para la prestación del servicio”.
Explicando que el estado de la red de agua y cloacas está destruido en el Gran Mendoza, y otra gran del estado de la red- entienden desde Protectora- es desconocida. “Entonces, esto provoca que haya una reparación no dure y tenga que realizarse reiteradas veces. Esto lleva mayor utilización del personal, de las maquinarias, de los insumos químicos que se potabiliza a una totalidad de agua que viene a los domicilios menos de esa cantidad porque el resto se pierde en la vía pública”, argumentó.
El cuastionamiento a la gestión de operación, atada a las reparaciones costosas y facturas mal cobradas, como a los reclamos de los usuarios por la mala atención. Son argumentos de peso, desde los consumidores.
Escalonamiento de julio a octubre
Por su parte, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas), en su análisis del planteo de Aysam, sugirió que el aumento tarifario se realice de forma escalonada y acumulativa entre julio y octubre, en lugar de ser un incremento pleno, para mitigar el impacto en el bolsillo de los usuarios. Una decisión final que recae en el gobernador Rodolfo Suarez cuando firme el correspondiente decreto reglamentario.
