Después de 30 años, la mayoría de las concesiones de generación y venta de la energía en las presas hidroeléctricas en el sur mendocino se vencerán en 2024. Algunas de ellas están en manos de la provincia, pero otras siguen siendo propiedad de Nación. Además de pedir el traspaso del Gobierno nacional al mendocino, el Ejecutivo local aspira a cambiar las condiciones en las próximas licitaciones y planea crear una empresa que gestione el proceso.
Sobre el río Diamante hay tres presas -Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre- que son propiedad del Gobierno nacional y la concesión de estas instalaciones se vence en el segundo semestre del año próximo. La provincia aspira a que pasen a ser de Mendoza, para poder definir las condiciones de la licitación, con foco en lograr una renovación y extensión de la vida útil de los equipos.
En junio del año que viene, también se vencen las licitaciones del complejo Los Nihuiles, sobre el río Atuel, compuesto por cuatro presas, de las que tres pertenecen al Gobierno provincial y una al nacional: Nihuil IV. Y el Ejecutivo local busca que esta última, que toma agua de Valle Grande y no es parte de la concesión de Hidisa, pero que igual vence el año próximo, pase a Mendoza.
El ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, explicó que las máquinas en estas represas datan de los ‘70, por lo que su cambio permitirá generar más energía; lo que, a su vez, aumentará las regalías que percibe Mendoza en concepto de esa generación hidroeléctrica. Pero también resaltó otro beneficio adicional: el sector de la metalmecánica mendocina tendría más trabajo, vinculado a la provisión de las turbinas y otros equipos.
Por otra parte, el Ejecutivo tiene previsto enviar a Legislatura un proyecto de ley para la creación de Mendoza Hidroeléctrica, la empresa que sería el “recipiente” del paquete accionario de Los Nihuiles (y las tres presas sobre el Diamante, si se logra el traspaso a la provincia).
Desde el Gobierno resaltaron que se trata de una figura legal, que no tendría personal propio, sino que funcionará en el marco de Emesa (Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima). Asimismo, la provincia pasaría a tener el 51% de las acciones de las represas y plantas generadoras sobre el río Atuel, mientras que hoy ese porcentaje es ínfimo.
Hay varias concesiones de centrales hidroeléctricas que se vencen en todo el país en los próximos años. En agosto de 2023, es el turno de las que administra Hidronor en Neuquén y Río Negro. Y en Mendoza aguardan para ver qué sucede en este caso, porque se está planteando una situación compleja; aunque también consideran probable que se recurra a la extensión del contrato, para que el próximo Gobierno nacional defina el proceso.
La diputada nacional Jimena Latorre comentó que, junto con el senador nacional Alfredo Cornejo, presentaron dos proyectos “espejo” en las Cámaras de Diputados y Senadores, que cuentan con el apoyo de legisladores de otras provincias (incluso de senadores del oficialismo, de Misiones y Entre Ríos, donde se encuentran Salto Grande y Yaciretá). La iniciativa propone la modificación de la ley 15.336, que data de los ‘60 y regula la generación de energía en el país y establece que la operación de las hidroeléctricas o su concesión es facultad del Ejecutivo nacional, para federalizarla.
Latorre resaltó que esta normativa responde a que, en su momento, la inversión de la construcción de las represas y centrales hidroeléctricas la afrontó el Estado nacional. Por otra parte, el fundamento de esta jurisdicción era la importancia de que se coordinara el sistema interconectado nacional.
Pero, explicó, la reforma de la Constitución nacional de 1994 reconoce, en los artículos 124 y 125, el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, por lo que el agua y el salto, necesarios para la generación de energía hidroeléctrica, son propiedad de las provincias. En cuanto a la necesidad de interconexión, más de 50 años después, ya está consolidada.
La legisladora acotó que el proyecto sí respeta la facultad nacional de regular el comercio interjurisdiccional, establecida en el inciso 13 del artículo 75, y que se aplica, en este caso, a la energía. Sin embargo, recalcó que esto no justifica que Nación tenga que seguir concesionando la operación de las centrales, ya que la inversión inicial está amortizada.
Necesidad de inversiones
Tal como sucede en la provincia, en todo el país se vencerán, entre 2023 y 2027, un buen número de concesiones de represas hidroeléctricas; algunas después de 30 años, otras después de 50. En todos los casos, cuando se llame a licitación para renovarlas, es necesario realizar una fuerte inversión para modernizar las centrales.
Latorre comentó que en agosto se vencen las concesiones de las centrales sobre el río Limay, en Neuquén y Río Negro (Chocón, Banderita, Piedra del Águila y Arroyito), que generan casi el 50% de la generación hidroeléctrica del país: en toda Argentina hay instalados 10.800 megavatios de potencia y estas cuatro presas aportan 4.000.
La Secretaría de Energía de Nación emitió una nota de instrucción a la empresa Enarsa -y el senador Oscar Parrili presentó un proyecto en línea con esto hace un tiempo- para que la operación de esas centrales pase a la firma estatal, cuando venza la concesión actual, en agosto. Esto, planteó la legisladora mendocina, cuando se podría hacer uso de la prórroga por un año que prevé el contrato; en especial ante un cambio de gestión inminente, con lo que sería más adecuado que el próximo gobierno nacional decida cuál va a ser su planificación energética.
Asimismo, resaltó que Enarsa es una sociedad anónima de capital estatal mayoritario (97% pertenece al Estado nacional), que tiene “serias dificultades financieras, logísticas y de operatoria técnica”. Para ilustrarlo, recordó que la empresa está a cargo de la construcción de las centrales sobre el río Santa Cruz, que hace años tienen entre un 25 y 35% de avance.
Esto, por falta de financiamiento, ya que se paralizó el de origen chino, que hace tres años y medio el Gobierno nacional no ha logrado destrabar, porque hubo errores en el proyecto. “Es realmente preocupante que esa empresa, que, además, subsiste a fuerza de transferencias del Tesoro Nacional, vaya a operar el 50% de la generación hidroeléctrica del país”, lanzó.
Pero más allá de este acuerdo, que Nación intenta alcanzar con las provincias de Río Negro y Neuquén, Latorre subrayó que se debería establecer un plan de inversiones para que las centrales puedan operar durante 30 años más. Y, sobre todo, con menores costos y mayor capacidad de producción.
Ante este panorama, Mendoza tiene, a su favor, que las concesiones vencen en 2024, cuando ya se habrá producido el cambio de gestión. Además, de no prosperar estos proyectos de ley -que se encuentran en comisiones- aún le queda un “plan B”: solicitar que la transferencia de la propiedad de las centrales sobre el río Diamante se efectúe como resarcimiento por las regalías mal liquidadas de Los Nihuiles, que la provincia viene reclamando.
