El sector de la construcción está atravesando un problema nunca antes visto. La frase del presidente Javier Milei “no hay plata” se cumplió al pie de la letra y no hay una sola obra nueva que vaya a comenzar. Pero la situación es mucho más grave aún, porque todas las obras en ejecución que contaban con financiamiento nacional están paralizadas desde el año pasado y hay cesación de pagos desde noviembre.
Pero si algo le falta a una historia que ya genera incertidumbre y pone al borde del colapso a las empresas constructoras, es que no hay funcionarios designados en los organismos nacionales por lo que, nadie firma, ni autoriza un solo expediente y ni siquiera hay con quien quejarse.
“Si antes estaba complejo el panorama por la redeterminación de precios (por la inflación) de la obra pública nacional, ahora es mucho peor, se ha complejizado muchísimo porque hay falta de nombramiento de funcionarios nacionales. Entonces todos los certificados de obras no han corrido, no se han pagado”, resumió Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim).
Las dificultades para las contratistas se remontan a 2023. En mayo la a Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) le advertía al gobierno nacional sobre los pagos insuficientes y la demora en la redeterminación de costos ante la crecida inflacionaria, y como corolario, el aumento de la morosidad.
Con ese clima transcurrieron hasta las elecciones pero con la victoria del libertario, Javier Milei, sobre el ministro de Economía y Candidato, Sergio Massa, él panorama comenzó a oscurecerse para las constructoras.
Antes de terminar la gestión, el Gobierno de Alberto Fernández activó los pagos de las obras en ejecución pero solo cubrieron los certificados de octubre y una mínima porción de noviembre.
Con la asunción de Milei en la Casa Rosada, y la meta primaria que es el ajuste fiscal para equilibrar las cuentas del Estado, los certificados, que ya estaban postergados, continuaron sin autorizarse y las deudas siguieron sin cancelarse.
Pero además de que el gobierno está en cesación de pagos, la salida de Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura, agudizó aún más el problema porque los puestos en los organismos que están debajo (Enosha, Vialidad Nacional, entre otros) que venían acéfalos, continuaron de la misma manera. No hay autoridades a quien elevar un reclamo y mucho menos que avale con la firma una autorización de pago.
“Venían frenando las designaciones pero con la salida de Ferraro y el pase a Economía de las principales áreas de Infraestructura, complicó más todos. Si es porque solo se están demorando, o una estrategia, no lo se, pero lo cierto es que no hay autoridades, no hay responsables de nada en los organismos nacionales y por supuesto no tenés a nadie a quien reclamarle algo”, comentó una fuente mendocina que supo estar muy ligada a la gestión del Alberto Fernández.
En la misma línea, Dalmiro Barbeito aseguró que “cuando hablamos con las reparticiones públicas provinciales, a ver qué es lo que pasa con las obras que financia la Nación, nos dicen todos lo mismo, no hay nombramientos entonces no tienen con quién dirigirse”.
La paralización de la obra pública y la cesación de pagos por parte del Estado, es en todos los ámbitos.
“Todas la obras financiada por Vialidad Nacional, toda la obra financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enosha), todas las obras financiadas por Procrear, todas las que bajaron por Hábitat, todas las obras financiadas por fideicomisos nacionales o las que son con fondos de organismos internacionales como el BID, pero dependen de que los expedientes sean aprobados por distintas reparticiones, todo está paralizado”, detalló el titular de la Cecim.
Según el empresario “no se trata de ajuste de precios como antes, ese problema también está, pero nunca ha pasado, es inédito, que no hayan autoridades nacionales para que firmen los expedientes de las obras que bajan a las provincias. Esto es muy grave, es una situación completamente irregular”, insistió.
Dentro de las obras viales, saneamiento y vivienda que se paralizaron en Mendoza que contaban con financiamiento nacional y están paradas se puede mencionar a la ruta 186 en Malargüe, la construcción de la red cloacal, también en el departamento sureño, los puentes en la ruta 40 en la zona de Anchoris, el túnel internacional, la finalización del tramo en la ruta 40 entre Anchoris y Tunuyán. En tanto están con un proceso de ejecución pero casi imperceptible la variante Palmira y la doble vía Mendoza - San Juan.
El jueves de la semana pasada el ministro de Economía Luis Caputo recibió a un grupo de empresario de la construcción que le plantearon los inconvenientes que está atravesando el sector y alertaron que ya se han registrado entre 50.000 y 60.000 despidos en todo el país.
Más allá de los reclamos, la conclusión del cónclave es que el Gobierno no pondrá en riesgo la meta del déficit fiscal cero y con el plan de ajuste en marcha, tal vez exista margen para financiar las obras que tengan un 80% de avance en la ejecución, que representa, según los empresarios, no más del 5% de las obras en el país.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina aseguró que “estoy presente una confederación en donde hay empresas que hacen obra pública y hace exactamente 90 días que no se paga un centavo, desde noviembre de 2023 no se volvió a pagar nada, cero, a nadie. Esto implica un golpe económico y financiero a las empresas y va a quedar gente en la calle”, remarcó.
En este sentido, Barbeito fue más directo: “Las constructoras están al borde de la cesación de pagos y obviamente han habido despidos masivos en el sector y las obras se han paralizado”.
Los problemas suscitados en la esfera nacional, también se trasladaron en parte a Mendoza y “con esta incertidumbre que hay más la falta de designaciones, en la provincia se han ralentizado todas las obras”, dijo Barbeito.
Así mismo el empresario reconoció que varias contratistas “están tan subsistiendo” con los contratos en marcha que tenían con la provincia y también los municipios, “esos contratos siguen adelante”.
Para poner en números la caída en el nivel de actividad de la construcción, el empresario consideró que los proyectos privados ocupaban alrededor de un 60% de la capacidad instalada y en la actualidad “debe estar en un 40% o 50% la actividad privada” mientras que “la actividad pública venían andando a un 80% y ha bajado a un 20% o 30%”, explicó.
