El proyecto oficial del Ejecutivo provincial para la compra de acciones en Impsa, que le darían derecho a Mendoza de integrar el directorio, ingresó esta semana a la Legislatura. En caso de aprobarse, la inversión alcanzaría los u$s4,5 millones, y está condicionada a que la Nación ponga otros u$s20 millones.
El ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié, explicó los “puntos centrales” que la provincia busca garantizar con su participación en la compañía. En principio, se espera que la empresa permanezca en Mendoza por un periodo no menor a 25 o 30 años. En segundo lugar, que ingrese un director de la provincia “para saber que los fondos que Mendoza coloque se puedan preservar”.
También está entre las condiciones la creación de una cláusula que establezca que “no entrarán empleados por la ventana permanentemente”, más un artículo que permita que el síndico pueda evaluar que la empresa sigue “un camino normal”.
El resto de las condiciones tienen que ver con el financiamiento. Por un lado, se pretende que el Gobierno Nacional sume fondos a los de la provincia. En lo que respecta a la parte de Mendoza, se estudia utilizar “fondos vinculados a la energía” (“Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar”, Fopiatzad), atendiendo a que se trata del objeto principal de la compañía.
El proyecto de ley
En concreto, el equipo del gobernador Rodolfo Suárez, pide que se autorice al Poder Ejecutivo de Mendoza a comprar 454.300.000 acciones de Impsa por u$s4,5 millones. No obstante, se aclara que “teniendo en consideración el principal protagonismo que le cabe al Estado Nacional en el Plan Integral de Recomposición de la Estructura de Capital de Impsa el presente proyecto de ley condiciona la participación provincial a la efectiva suscripción e integración de acciones por parte de aquel, en proporción mayoritaria”.
Es que el 22 de marzo, “Impsa cursó una nota al Gobierno Provincial mediante la que se comunicó que la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, fecha 20 de marzo de 2021, aprobó por unanimidad: un aumento del capital social de la compañía, de hasta 1.817.200.000 pesos, es decir el equivalente en pesos a 20 millones de dólares”, y se “formuló la oferta de Suscripción de acciones”, a la que la provincia acordaría suscribir parcialmente (30%), y el resto le correspondería a la Nación.
Tras tomar estado parlamentario, se definió que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados trabajarán en plenario el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo por el que se lo autoriza a ser accionista de Impsa S.A. En tanto, el próximo lunes, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, presentará a ambas Cámaras los detalles de la propuesta.
Empresa estratégica
En la fundamentación del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, se destaca que por “capacidad tecnológica y de innovación, IMPSA es capaz de competir a nivel internacional en la provisión de servicios integrales en proyectos energéticos y de infraestructura, siendo por su trayectoria y potencialidad una empresa estratégica para la República Argentina”.
Además, resalta que “la misma historia de la empresa resulta consecuente con la historia y el desarrollo de la Provincia de Mendoza. Desde su fundación en 1907, dedicado a la producción de elementos necesarios para la industria vitivinícola y las compuertas para los indispensables canales de riego de la provincia, hasta su pasado reciente como empresa fundamental en la industria de las energías renovables y la provisión de piezas para turbinas de generación hidroeléctrica y de grúas de grandes dimensiones para los principales puertos cargueros del mundo, ha sido una empresa señera que ha contribuido a poner a Mendoza en el mapa mundial”.
La restructuración de Impsa
Impsa se dedica a ofrecer soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear. La misma, lleva un proceso de reestructuración de deuda desde el año 2014, cuando una firma “hermana” brasileña entró en convocatoria de acreedores e Impsa debió asumir deuda garantizada de más de U$S850 millones, teniendo que reestructurar pasivos por U$S1.200 millones.
En el año 2018, y en la búsqueda de subsanar esa deuda, la familia Pescarmona cedió el 65% del paquete accionario a sus acreedores (el Banco de la Nación Argentina, el Bice, el Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada, Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales). Y más tarde, en noviembre de 2020, logró cerrar la aprobación del canje de la deuda existente a condiciones sustentables para la compañía, de unos U$S560 millones por nuevas Obligaciones Negociables con oferta pública y privada, un nuevo bono internacional y nuevos préstamos.
En la última reestructuración de deuda se incluyó la mejora en los plazos de pago, con vencimientos para intereses para 2025 y de capital para 2028 y una rebaja en las tasas en dólares pasando de 8,5% al 1,5%, quedando con un balance que le permite volver a competir en mercados internacionales.
Finalmente, como una segunda parte de este mismo proceso, fue que se aprobó la oferta para que Mendoza y la Nación inviertan y formen parte del Directorio.
