Este martes, la AFIP advirtió que denunciará penalmente a 2500 personas que deberían pagar el impuesto a la riqueza a fines de marzo por “maniobras elusivas”.
Según se pudo saber, se trata de contribuyentes que omitieron presentar una declaración jurada, acción que, para el fisco, es un indicio de un “ardid” para evitar el pago del “aporte solidario”, tal como prefiere llamarlo el Gobierno.
Para dejar los números claros, dos de cada 10 contribuyentes del impuesto a la riqueza -según los cálculos de la AFIP- intentarían evitar el pago del gravamen. El organismo recaudador, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, considera que el universo total de contribuyentes está compuesto por unas 13.000 personas, aunque los datos finales se conocerán una vez que se presenten todas las declaraciones juradas y venza el impuesto, a finales de marzo.
La sospecha sobre esas 2500 personas se debe al tamaño de su patrimonio, confirmaron fuentes oficiales, tal como lo adelantó el periodista Marcelo Bonelli. La AFIP definió que iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por “evasión agravada” y se radicarán en los casos en los que no paguen el “aporte” el 30 de marzo.
La ley 27.605 que creó el “aporte solidario” prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas superiores a los $200 millones. Según datos oficiales, ese universo sería de 13.000 contribuyentes; según los tributaristas y asesores fiscales privados, podría llegar hasta 30.000 personas.
Desde que comenzó el debate por el impuesto a la riqueza, algunos de los alcanzados por este gravamen comenzaron a planear estrategias para evitarlo. En los últimos meses, se conocieron noticias sobre la salida del país de algunos empresarios y ejecutivos importantes de la Argentina.
Además, algunos hombres y mujeres de negocios ya advirtieron que irán a la Justicia para evitar el pago. Los principales argumentos para recurrir a los tribunales tienen que ver con la confiscatoriedad del impuesto (que hace falta probar con datos sobre las rentas de los activos que se gravan y el patrimonio total del contribuyente) y la consecuente afectación a la propiedad privada.
Los contribuyentes que no presentaron su declaración jurada y planearían no pagar el impuesto a la riqueza lo harían para luego llevar el caso a la Justicia. César Litvin, socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados, asegura que “judicializar el impuesto a la riqueza no tipifica un delito de evasión ante la falta de dolo, ardid o engaño al fisco”. Según el tributarista, ninguna de esas conductas se verifican “en la defensa de los derechos ante un impuesto creado a espaldas de la Constitución Nacional”.
