Una investigación de la Dirección General de Aduanas (DGA) permitió detectar una banda con sede en Mendoza que realizaba operaciones cambiarias para evadir impuestos, fugar y contrabandear divisas por un monto cercano a los 20 millones de dólares.
Según informaron fuentes de la Aduana a este medio, en un trabajo en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI) y con la Policía de Mendoza se logró identificar a quienes conformaron parte del entramado.
Las fuentes consultadas por este medio no revelaron el nombre de la empresa ni la identidad de los implicados dado que, dijeron, pretenden no complicar la investigación judicial que determinará la eventual culpabilidad.
La operatoria desarticulada por la Aduana que depende de la AFIP consistía en hacerse de moneda extranjera al tipo de cambio oficial a través de supuestos servicios de fletes internacionales que eran cobrados en Chile.
La investigación permitió establecer que una parte de esos billetes eran reingresados al país de manera ilegal para ser colocados en el mercado informal de cambios.
El organismo nacional que conduce Silvia Traverso radicó la denuncia en el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza. A partir de ello, la Fiscalía Federal N° 1 ordenó el allanamiento de 8 domicilios. Se secuestró documentación, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cheques, armas, sustancias estupefacientes, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos informáticos. Asimismo, una persona fue detenida y luego se requirió información a seis bancos con los que operaba esta asociación ilícita.
Cómo se inició todo
La causa se inició tras una denuncia anónima que recibió la AFIP. Se avanzó con una investigación llevada a cabo por la Aduana en la que se identificó que una asociación conformada por una familia tenía empresas bajo distintas razones sociales radicadas en Chile y en la Argentina que simulaban fletes internacionales.
Se pudo identificar que conformaron una organización cuya finalidad era la de realizar maniobras de evasión impositiva, contrabando de divisas, de lavado de dinero, infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario, a través de la utilización de empresas de transporte argentinas y chilenas sobre las cuales poseen el control.
Los acusados instrumentaron una compleja ingeniería que incluyó más de siete empresas en la Argentina, vinculadas entre sí, que a su vez simulaban prestar servicio de flete internacional con otra firma más, radicada en Chile, también vinculada por parentesco con las compañías argentinas.
La Aduana pudo confirmar que esta ingeniería incluyó servicios no prestados, montos excesivos con facturación apócrifa que superaba en hasta 1000% lo que se cobra por un servicio similar.
La logística implementada implicó un manejo cuidadoso y pormenorizado de divisas y de depósitos de los pesos -conseguidos en el mercado informal- en los bancos, que se hicieron siempre en montos chicos para intentar no llamar la atención.
Contó además con el expertise de una despachante de aduanas (perteneciente al grupo familiar) y una contadora (que era la misma para todas las empresas) para simular la operatoria como si fuera real, montada a su vez sobre operaciones registradas. Para hacerlo adulteraron documentación de comercio exterior.
Se pudo constatar el giro de unos 20 millones de dólares desde Argentina hacia Chile entre las empresas del clan familiar, en un periodo menor a dos años, que respondería en su totalidad a una maniobra fraudulenta llevada a cabo por esta presunta asociación ilícita.
