La jueza estadounidense, Loretta Preska, ha solicitado hoy a Argentina que demuestre que YPF y el Estado comparten los mismos intereses, en una nueva medida del juicio de US$ 16.000 millones contra la empresa petrolera.
Mientras se llevan a cabo estas solicitudes y audiencias en el tribunal de Preska, Argentina ha apelado la sentencia condenatoria en primera instancia y está a la espera de la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Esta nueva decisión podría demorar al menos un año.
Por solicitud del demandante, el fondo de inversión Burford Capital, se ha exigido al país que presente pruebas para determinar si son lo mismo, si representan los mismos intereses y si han tomado decisiones alineadas. Esto se decidió después de una audiencia en la corte del segundo distrito de Manhattan, donde se ha llevado a cabo el caso desde hace ocho años, tras la expropiación de YPF en 2012.
La jueza Preska ya ha emitido una sentencia que condena a Argentina a pagar unos US$ 16.000 millones, siendo Burford el principal beneficiario.
Durante la audiencia, ambas partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades controladas por el Estado son su “alter ego”. En esta lista se incluyen YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.
Preska sugirió que la petrolera estatal, de la cual el Estado posee el 51% de las acciones, y el Banco Central podrían caer bajo esta categoría, por lo que ordenó a Argentina presentar información de los últimos 2 años para demostrar su relación con el Estado.
El objetivo detrás de la solicitud de Burford es asegurar activos locales ante la preocupación de que el Estado no cumpla con la sentencia a su favor. Ahora, la jueza ha dejado de lado a las otras empresas y organismos, centrándose en YPF y el Banco Central. Eventualmente, podría autorizar embargos sobre los activos de ambos, incluyendo acciones en Wall Street, inversiones en el extranjero, bonos y otros activos.
