En una reunión que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde participaron los ministros de producción de San Juan, Gustavo Fernández, el de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se dejó en claro que el gobierno de Javier Milei buscará desregular la vitivinicultura y en ese camino irá por Coviar y el aporte obligatorio que impone a la industria.
Establecida en 2004 por la Ley 25.849, Coviar es una entidad público-privada que gestiona el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector vitivinícola argentino. La corporación es financiada por las contribuciones obligatorias por Ley que hacen las empresas vitivinícolas, uno de los puntos con los que no está de acuerdo el gobierno nacional y varias entidades.
Según pudo reconstruir Los Andes, tras la consulta a varias personas que estuvieron en la reunión, Juan Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar, sobre la que el funcionario opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria. Además, cuestionó en función de los resultados obtenidos por el PEVI 2020, los objetivos de la entidad y su continuidad. Pero para suspender el pago de la contribución obligatoria, se debe modificar la Ley que le dio nacimiento a Coviar, por lo que su tratamiento debería pasar por el Congreso Nacional o ser derogado mediante un DNU.
Según se pudo saber, también los aportes de la Nación a Coviar a través de programas y partidas serían suspendidos. En 2023, el gobierno nacional habría realizado aportes a programas por más de $1.135 millones de pesos, asignados desde el Ministerio de Economía de la Nación. Vale recordar que en el presupuesto de la entidad, el aporte de los privados habría llegado a $527 millones de pesos.
Mario González, presidente de Coviar, minimizó el hecho y aseguró que se trató de un comentario al pasar y que no era un tema que estaba en el orden del día de la reunión del INV. “No creo que haya sido la intencionalidad del secretario de la Nación, sino que fue un comentario”, indicó a Los Andes, agregando que esperaban poder tener una reunión con el representante nacional para analizar el tema.
González recordó que la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, durante su discurso en el Desayuno, aseguró que la Corporación es un ejemplo para otras cadenas sobre la unión de lo público y lo privado. Y aclaró que las unidades ejecutoras están trabajando con el gobierno nacional.
Un aporte en conflicto
En marzo se dio a conocer la actualización del aporte que deben realizar las empresas a Coviar, el cual aumentó un 215% para bodegas, fraccionadores, mosteras y secaderos de pasas, los cuales pagan un aporte obligatorio sobre el producto que comercializan.
Entrevistado por Los Andes al salir la resolución en el Boletín Oficial, Carlos Fiochetta, gerente de Coviar, destacó que estos nuevos valores representan entre el 0,1% y el 0,3% de los precios promedio actuales de los productos vitivinícolas afectados por la ley. Por ejemplo, un vino de traslado con indicación de variedad, que en diciembre de 2023 costaba $397,54 el litro, ahora aportaría $0,58 al PEVI, equivalente al 0,15%.
Esta no es la primera vez que el aporte obligatorio es cuestionado por entidades que lo estiman como un costo más dentro de la producción de vino. Es que las disputas en Coviar no son nuevas. En 2014 tuvo el primer golpe, tras la salida escandalosa del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
“Los objetivos no se estaban cumpliendo, resultaba oneroso para las empresas. Sobre todo, y el más importante de los objetivos que era el mercado interno, se verificaba permanentemente que al contrario de lo que se pretendía, el consumo seguía cayendo, la promoción del vino en el mercado interno no estaba funcionando y no se quería cambiar. Teníamos fuertes disidencias con la conducción y de alguna manera se la había apropiado un grupo de dirigentes de Coviar. En resumen: se había desnaturalizado su objetivo final, ya que se había transformado prácticamente en la expresión gremial de la actividad empresaria vitivinícola, algo que nunca fue”, contó Mauro Sosa a Los Andes, quien además estuvo presente en la reunión con Pazo en el INV.
Desde 2018, diversas entidades han levantado la voz contra lo que perciben podría ser un manejo gremial por parte de las autoridades de la Corporación Vitivinícola, desviando su propósito original.
A pesar de una historia marcada por tensiones internas, estas mantenían bajo perfil público, buscando mostrar unidad. Pero las discrepancias públicas y notorias surgieron en 2019 cuando la Corporación emitió un comunicado crítico sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en contradicción con la postura expresada por Bodegas de Argentina, que representa a más de 250 establecimientos, incluidos los más importantes del país.
Esta disputa marcó el inicio de una relación tensa entre la Corporación y otras entidades, como Bodegas de Argentina.
Además del desacuerdo sobre el tratado de libre comercio, surgieron críticas sobre la asignación y ejecución de los recursos de Coviar. En 2020, tras la elección de José Alberto Zuccardi como presidente, se cuestionó la designación de nuevas autoridades, acusándolas de no representar la renovación esperada y de responder solo a intereses particulares.
Durante la pandemia, 260 bodegas expresaron su preocupación por el aumento del 30,1% en el aporte obligatorio gestionado por Coviar, pero no recibieron respuesta del ministro de Agricultura, Luis Basterra. Al final del año, se criticó el nuevo diseño del Plan Estratégico (PEVI), acusándolo de ser unilateral y meramente recaudatorio. Estas tensiones condujeron a la salida de Bodegas de Argentina de Coviar, una relación que nunca pudo reestablecerse.
Acuerdo Mendoza - San Juan
Durante la reunión, también se discutió sobre derogar la ley que regula la diversificación vitivinícola, es decir, el acuerdo Mendoza – San Juan, tema sobre el cual las autoridades provinciales estarían dispuestas a eliminar. Además, se debatió sobre la utilidad de la ley de contratos de compra de uvas y la necesidad de revisar la lucha antigranizo. También se abordó el tema de las importaciones de vino. Desde la Nación aseguraron que no se pueden prohibir debido a acuerdos internacionales, pero deben cumplir con altos impuestos para desalentarlas. El presidente del INV aseguró que el organismo fiscalizará la calidad de los vinos importados.
Seguir leyendo:
