Este mes vencía el plazo para que los usuarios de Irrigación que tenían permisos precarios o temporarios presentaran su declaración jurada, pero el Superintendente, Sergio Marinelli, dispuso una prórroga con vencimiento al 15 de octubre.
Según indican desde el organismo, la provincia “se encuentra signada por la escasez de agua desde su creación”, por tratarse de un desierto, y por ello la Ley General de Aguas (1884), prevé herramientas para gestionar el recurso en momentos especiales de falta de agua como el actual. En este marco, es que Irrigación considera "imprescindible tener un banco de información actualizada de la demanda de agua que requieren los usuarios.
Para llevar adelante esta tarea, se habló de una “redistribución del agua de fincas sin cultivar”, algo que suscitó dudas entre algunos productores que entendieron que podrían perder “algunos derechos adquiridos”, y consideraron que sería “inaplicable” la medida, y quizás también inconstitucional. No obstante, las dudas fueron disipadas por Marinelli, quien aseguró que “se habla de dar el agua por hectáreas”, y a quienes pagan, pero que no habría conflictos con el derecho de “inherencia”.
“Si el productor tiene 10 hectáreas, y está cultivando 5, en la medida que tenga derechos va a seguir recibiendo el agua para las 10 hectáreas”, explicó Marinelli.
Además, señaló que se están relevando los permisos precarios que dan los Superintendentes, y su vencimiento, porque “cuando la oferta hídrica es escasa, esos permisos no deben darse para garantizar el agua a los que tienen derechos definitivos, otorgados por la Legislatura, que son los eventuales”. “Este capítulo es prácticamente para el río Tunuyán”, aseguró a medios sureños, según informaron desde el organismo.
“La posibilidad de revisar aquellas concesiones que no han pagado, de acuerdo a lo que dice la Ley por más de 5 años o 10 años, es porque no han hecho uso del agua, esto, lo dice la Ley de Aguas. Yo soy funcionario público y tengo que hacer cumplir la ley. Esto va a favor de los productores”, insistió.
El funcionario agregó que la idea es que la gran mayoría, mucho más del 50% de los empadronados que pagan el agua con gran esfuerzo, sean tenidos en cuenta. “¿Qué significa estar al día? Tener 3 bimestres hacia atrás pagos. Si una persona viene hoy a Irrigación y paga 1 bimestre del vigente y regulariza su situación con algún plan de pago hecho a la medida de la producción, puede tener agua toda la temporada porque recién vendrá a pagar en marzo del año que viene. Es mentira que se les produce la imposibilidad de regar a los productores”, aclaró.
No obstante, advirtió que quienes tienen imposibilidad de pagar por razones climáticas están contempladas dentro de la Ley de Emergencia y, por tanto, no perderán ningún derecho.
Reclamo inicial
“Nuestros socios a su vez son regantes, y naturalmente por ese lado fue que advertimos que podía verse vulnerado el principio de inherencia (que el derecho de agua para riego es inseparable de la propiedad), no obtuvimos una respuesta formal, pero los planteos fueron considerados”, indicó Mauro Sosa, referente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, al respecto.
No obstante, comentó que “si no hay agua, no se pueden seguir otorgando permisos precarios”, y consideró que la preocupación del sector, con respecto a Irrigación se relaciona hoy con el cegado de cientos de pozos de riego que en la zona Este están abandonados y que contaminan las napas más profundas de agua. “Hace años atrás hubo un pedido de informe, y se habían cegado cerca de 12 de los 10.000 pozos que hay”, comentó Sosa.
Igualmente, con la cosecha cerca, la mayor preocupación del sector se relaciona con la pandemia, y con la posibilidad de que esta impida que alrededor de 15.000 trabajadores que requerirá la provincia para la temporada que comienza en los próximos días, y termina entre abril y mayo se desempeñen con normalidad.
“Más que nada, estamos trabajando en que los trabajadores del Norte puedan venir como todos los años, y que para los locales también haya incentivos para hacer la cosecha. Este año, haciendo 60 tachos diarios (uva) se hacían $1.200 por día, y en esta cosecha sería similar, pero si un trabajador pierde su asignación y luego de la cosecha pasa tres meses sin cobrarla, prefiere no ser puesto en blanco y eso genera un inconveniente para el viñatero que entra en la ilegalidad, a pesar de pagar contribuciones patronales por quintal de uva. Necesitamos un protocolo que les garantice que no perderán el IFE, que se los va a poder registrar sin problemas, y que se van a poder viajar, y al mismo tiempo evitar contagios”, cerró Sosa.
Canon y estudios de costos
El último incremento, que se aplicó sobre el servicio de agua para los regantes de Mendoza, llevó el canon a $2.000 anuales, y tuvo lugar en febrero de este año. Se trató del primer incremento practicado luego de tres años y alcanzó un incremento del 130%, por debajo de la inflación proyectada.
Según explicaron desde el organismo, se trata de un costo con un peso poco representativo en la estructura de una finca, y tiene dos componentes; uno de ellos es el pago al Departamento General de Irrigación, que representa $ 1.200 por hectárea, considerando el valor promedio mencionado anteriormente. El otro, es la Inspección que integre cada regante, lo que se lleva los $ 800 restantes.
El Superintendente de Irrigación se refirió a este tema, y comentó que llevan un estudio actualizado en forma permanente sobre lo que significa pagar el canon de riego, “del cual el 60% es para la Inspección de Cauce y el 40% para Irrigación. En algunos casos 70% y 30%, respectivamente. La incidencia en un cultivo de vid o frutales va de un 2% a un 4%. Todos los insumos que tiene el agro han aumentado sustancialmente porque son en dólares. Si hay algún productor con verdadero problema de subsistencia lo tenemos en cuenta. Con los que vienen a charlar en serio, a consensuar hacemos reuniones y yo personalmente estoy disponible para eso”, finalizó el funcionario.
