La industria del juicio es una de los principales costos y problemas que plantea el sector privado al hablar de los precios de producir en Argentina. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por Riesgos del Trabajo. Así, informó que solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país y que la cifra muestra el tamaño de la problemática y el desafío a resolver. Esto debido a que, según el comunicado de la UART los juicios impactan fuertemente sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo.
Además, la organización enfatizó que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo. Esto implica que los trabajadores bajen sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del Sistema. En 2023 las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó sobre la distorsión, el año que acaba de finalizar sumó 6,8%, sumando casi 8.500 demandas más.
En el ranking de demandas por provincia la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4,5%. La sigue CABA, con 22.946 litigios en el año, Santa Fe, con 16.439 juicios en el año y un incremento anual explosivo de 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales y un aumento interanual de 4. En el quinto lugar aparece Mendoza con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18%.
El comunicado de la Unión de Aseguradoras destacó: “Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este ‘costo judicial argentino’”. Hay que tener en cuenta que, según denunció la UART, los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, lo que descoloca cualquier esfuerzo productivo y competitivo.
Causas y soluciones
Según el análisis de UART, estos números, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27348 y de la CSJN en CABA, en crear los Cuerpos Médicos Forenses en ellas. Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema. Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348, determinó 15 días hábiles, lapso que rige en CABA.
El comunicado de la UART explicitó que estos 8 años de retraso en adecuarse a lo exigido por Ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida. “Resulta urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, constituyendo, tal como lo prevé claramente la Ley”, expresaron.
Agregaron que entre otras acciones se deben implementar las siguientes:
• Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.
• Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.
• Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.
