Tras la audiencia pública que se realizó para analizar el aumento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que se aplicará a partir del 1 de junio, hay desconcierto en la Provincia respecto a cuál será el impacto en las boletas que recibirán los mendocinos en la segunda mitad del año. Lo que ocurre, es que la determinación de los precios se da en el marco de la discusión de un nuevo esquema de subsidios, y el Ejecutivo nacional definirá nuevos topes de incremento para 2022 según distintos segmentos.
Esta fue la segunda de tres audiencias que la Secretaría de Energía de la Nación convocó para esta semana. En la del martes, se estableció el aumento máximo anual en el precio del gas que tendrán los beneficiarios de la tarifa social y los usuarios medios (el 10% que tiene mayor poder de pago perderá el subsidio y se habla de que las subas podrían rondar en 200% al 400%). Ayer fue el turno de discusión por el precio estacional de la electricidad y hoy será el debate por la segmentación que se aplicará para los subsidios en ambas tarifas.
Tanto para la luz, como para el gas, el Gobierno nacional planteó que los incrementos, para el 90% de la población, deberán estar por debajo de la suba que registró el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) el año pasado -que fue del 53,4%-, para garantizar que el pago de los servicios públicos no implique una erosión de los ingresos reales ni comprometa el acceso a la energía.
Así, para los beneficiarios de la tarifa social, la suba no deberá superar el 40% del CVS, lo que implicará un 21,27% de aumento anual máximos en el gas y la electricidad. En tanto, para los usuarios promedio, el incremento no deberá exceder el 80% de ese índice; es decir, un 42,47% de incremento en 2022. En el caso del gas, con los aumentos que ya se aplicaron en marzo, el primer segmento no tendrá una nueva suba en junio y el segundo sólo podrá tener un ajuste del 18% en la segunda mitad del año.
Poca claridad
La situación no es tan clara en el caso de la luz, ya que si bien Nación estableció el mismo tope de aumento anual, las provincias tienen injerencia propia en el monto final de la facturación. Es que uno de los componentes de la boleta, el Valor Agregado de Distribución (VAD), depende estrictamente de cada provincia y mientras en Mendoza ha tenido actualizaciones periódicas, en el AMBA este ítem ha permanecido subsidiado.
El informe técnico de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que se presentó en el marco de la audiencia pública, toma como ejemplo únicamente las facturas de un usuario promedio categoría R2 y G1 del sector no residencial del AMBA, área que es de jurisdicción nacional. Para el resto del país se limita a plantear que, “para el caso de las distribuidoras de jurisdicción provincial, el traslado del incremento en el PEST (Precio Estacional de la Energía Eléctrica) definido por la metodología resultará en un menor impacto en factura, en la medida que el componente del precio de la energía constituya un menor porcentaje de la tarifa”.
El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, planteó que esta es la tercera vez en la gestión kirchnerista se habla de segmentar las subas y recordó que, ya en 2011, habían planteado la “sintonía fina”. A esto sumó que por diversos medios han intentado averiguar cuál es el criterio que va a utilizar Nación para establecer la segmentación, pero no se los han comunicado. Asimismo, indicó que intentaron hacer un trabajo propio, a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), pero no les aportaron datos.
Mema explicó que en Mendoza ya se aplica un sistema de segmentación que financia el Estado provincial. Desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) acotaron que, a través del Fondo Provincial Compensador de Tarifas, y con recursos propios del sistema eléctrico, se sustentan subsidios locales por más de 4.500 millones de pesos anuales en concepto de tarifa social, electrodependientes por cuestiones de salud, jubilados, riego agrícola, zonas de montaña, industrias electrointensivas y otros sectores vulnerables.
El funcionario añadió que la presidenta del EPRE, Andrea Molina, viajó a Buenos Aires en los últimos días de abril para intentar conocer cuál sería el impacto del aumento en el costo de la energía para los usuarios residenciales mendocinos, pero aseguró que “en cada oficina le decían algo distinto”. En cambio, sí le confirmaron que unas 240 industrias mendocinas, que tienen una potencia contratada de más de 300 kw, deberán afrontar una suba de 65% en la electricidad. Esto, señaló Mema, mientras “se sigue subsidiando a las viviendas de más de 400 m2 en Buenos Aires y los departamentos que abarcan un piso completo en Puerto Madero”.
En enero, los mendocinos tuvieron un aumento, definido en la provincia, del Valor Agregado de Distribución (VAD), que fue del 7,5% para los usuarios R1 y R2, y de 9,1% para los R3. Luego, en marzo, se aplicó otro, de componentes de competencia nacional –el valor del costo de abastecimiento de la energía eléctrica, que incluye la generación y el transporte-, del 8% para los R1 y R2, y del 10% para los R3. Además, en la última audiencia del EPRE, el organismo propuso un nuevo ajuste del VAD, del orden del 8,8% en promedio para los usuarios residenciales, pero aún resta que el gobernado Rodolfo Suárez defina si se aplicará y cuál será el porcentaje efectivo.
