A un poco más de dos años de la entrada del Estado a IMPSA, la provincia confirmó la intención de salir de la compañía y vender la porción estatal. Mendoza, es dueña del 21,2% de las acciones, que adquirió tras el desembolso de 5 millones de dólares. En tanto, la Nación es el accionista mayoritario con el 63,7%, aportando 15 millones de dólares. Mientras que el 15,1% está en manos de privados: 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
La decisión tomada por la asamblea de salir a buscar socios y cotizar en bolsa en abril de este año, ya había generado rumores sobre qué acciones serían ofrecidas en primera instancia. En este sentido, se había especulado con que las acciones Clase C fueran las vendidas, pero en aquel momento desde la compañía se informó que se había iniciado el proceso, pero que aún la asamblea debía determinar los detalles sobre las acciones a vender, entre otros puntos.
“La venta de las acciones fue algo que quedó estipulado desde el primer día de ingreso. Fue una condición para el ingreso. Esto involucró varias etapas: la primera etapa era entrar porque la empresa no podía pagar los sueldos. El segundo punto era que no podíamos invertir la totalidad de los fondos que el gobierno nacional requería; la Nación nos proporcionó la mitad. El tercer punto era la administración de la empresa, buscando mantenerla de manera profesional, sin que ingresara personal que no fuera el requerido por áreas técnicas. El cuarto punto se refería a cómo recuperar la empresa, obteniendo contratos y, una vez que esto ocurriera, vender nuestras acciones”, declaró Enrique Vaquié, ministro de Economía de la provincia, a Los Andes.
Vaquié hizo un repaso del estado de la empresa y afirmó que la cantidad de contratos que han sido obtenidos le está permitiendo iniciar inversiones y recuperar el ritmo perdido. Además, aseguro que el objetivo principal es recuperar los contratos con clientes internacionales, los cuales han sido pilares sólidos de esta empresa.
Un proceso largo
En la reciente asamblea celebrada el 28 de abril, los accionistas de IMPSA otorgaron autorización al Directorio para solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el ingreso de la empresa al régimen de oferta pública de acciones. Cabe destacar que IMPSA ya formaba parte del régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables.
Esta decisión por parte de los accionistas, según explicaron desde la compañía, confirma lo que se estableció en el momento de la capitalización de la compañía, “donde se dejaba claro que en algún momento las acciones de IMPSA cotizarían en la Bolsa. La intención inicial al llevar a cabo la capitalización era y sigue siendo que, una vez que la empresa esté ordenada, sus acciones puedan cotizar en el mercado”, sostuvo el comunicado.
“Este proceso de venta es un procedimiento que lleva al menos un año, ya que en primer lugar tienes la obligación de ofrecer las acciones a los acreedores de la empresa, es decir, aquellos que deseen convertir sus deudas en acciones. Si todos aceptan, el proceso finaliza en ese punto. Sin embargo, si quedan acciones sin ser tomadas por los acreedores, es necesario salir a venderlas, lo cual lleva al menos un año para completarse. Pero todo esto está estipulado desde el primer momento”, afirmó el ministro Vaquié.
Achicando el rojo
Impsa presentó en mayo ante la CNV los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2023. El resultado antes del impuesto a las ganancias arrojó una ganancia de 2.619 millones de pesos para la empresa, casi cuatro veces más que los 540 millones de pesos registrados el mismo periodo del año anterior. No obstante, el efecto del cálculo del impuesto a las ganancias por aplicación del método del impuesto diferido y el ajuste por inflación impositivo revirtió la ganancia y del ejercicio y llevó el resultado final a una pérdida de 2.190 millones de pesos.
Para Vaquié, el balance no refleja el estado real de la empresa. Desde la capitalización nadie puso un peso en más en IMPSA, además destacó que la empresa se sigue manejando con el equipo profesional de siempre y desde que se capitalizó no se incorporó ni una sola persona que no sea para el área de tecnología o proyectos.
Cabe destacar que la empresa viene achicando las pérdidas, ejercicio tras ejercicio y con nuevos contratos que permiten estimar que a fin de este año podría alcanzar números positivos nuevamente.
De hecho, durante el primer trimestre del año IMPSA firmó nuevos contratos y continuó con el desarrollo de distintos proyectos vinculados a la generación de energía a partir de recursos renovables, y al diseño y fabricación de equipos para la industria de procesos y la energía nuclear.
Entre ellos, la construcción de un parque Solar en San Juan pero el más prometedor es el estudio de ingeniería avanzada sobre las turbinas de la Central Hidroeléctrica Santo Antonio, en Brasil, para determinar las causas que producen fallas en las turbinas y proponer una solución para implementar en las 50 unidades de la Central. “Este es un reconocimiento a la tecnología de IMPSA y a la vez, el regreso a Brasil, el mercado de energía renovable más grande de América del Sur”, indican desde la empresa.
De la familia Pescarmona al Estado
Si bien la empresa fue “rescatada” tanto por el Estado Nacional como por el provincial en 2021, las turbulencias en IMPSA se remontan a varios años atrás. Entre 2010 y 2014, la compañía enfrentó un acontecimiento crucial, ya que durante ese período la empresa no logró cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos llevados a cabo en Brasil y Venezuela. Además, atravesó un largo periodo sin proyectos de gran magnitud.
La crisis para Impsa llegó con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), la cual acumuló una deuda total de 850 millones de dólares, sumándose a los 250 millones de dólares que ya tenía la empresa. Este impacto fue tan severo que Impsa no pudo hacer frente a sus obligaciones y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, se llegó a un acuerdo para transferir el 65% de las acciones de Impsa a bonistas, bancos y organismos internacionales. Este proceso fue aprobado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.
En noviembre de 2020, Impsa realizó una reestructuración de su deuda en la cual se acordó con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025. Además, se logró una reducción significativa de los intereses al 1,5% y los pagos de capital comenzarán en 2028.
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