En su paso por Mendoza, el presidente Alberto Fernández destacó a Impsa como una empresa clave para el desarrollo estratégico del país. Lo cierto es que la firma pisa fuerte en la economía provincial, tiene una fuerte presencia en el mundo y genera trabajo para más de 100 pymes nacionales.
En sus 114 años de experiencia (Enrique Epaminondas Pescarmona fundó sus Talleres Metalúrgicos en 1907), la compañía ha tenido grandes altibajos, alternando “épocas de oro” con períodos de desgracia. Para entender cómo llegó al punto de buscar la participación del Gobierno en su paquete accionario, es necesario repasar algunos puntos claves de sus últimos diez años de historia.
Fue clave lo ocurrido entre 2010 y 2014, cuando se formó una tormenta perfecta para Impsa (en ese entonces era Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA). Es que la empresa no logró cobrar sumas millonarias por proyectos energéticos realizados en Brasil y Venezuela y al mismo tiempo sufrió de un largo período sin trabajar con obras de envergadura.
La crisis se materializó con el colapso de Wind Power Energy (WPE), una subsidiaria de Impsa en Brasil, que acumulaba una deuda total de U$S850 millones, que engrosó el pasivo de U$S250 millones que ya traía la firma a cuestas. Fue tan duro el golpe, que la compañía no pudo hacer frente a sus deudas y debió iniciar un proceso de reestructuración en 2014.
Tras varios años de idas y vueltas, Impsa acordó la cesión del 65% de sus acciones a bonistas, bancos y organismos internacionales. El proceso fue homologado en octubre de 2017 y terminó por concretarse el 25 de abril de 2018, cuando Enrique Pescarmona renunció a su cargo, junto a los demás directivos de la firma, para darle paso a la gestión de Juan Carlos Fernández, quien es el actual CEO de la compañía.
En noviembre del 2020 la empresa reestructuró su deuda. La compañía y los acreedores acordaron cancelar los pasivos con un plazo de gracia hasta el 2025, una fuerte baja en los intereses al 1,5% y pagos de capital a partir del 2028.
Ahora, con la inversión de U$S15 millones, el Gobierno nacional pasó a ser el principal accionista de la empresa, con una participación del 63,7%, a la vez que el Gobierno provincial, con un desembolso de U$S5 millones, tendrá control del 21,2% de la compañía. En tanto, un 9,8% de las acciones seguirán perteneciendo al fideicomiso de acreedores y el otro 5,3% aún están en manos de la familia fundadora.
La empresa en números
En la última década Impsa fue noticia principalmente por sus problemas financieros, pero detrás de las deudas, los cambios de manos y la reestructuración, hay una empresa que ha sabido representar a Mendoza en todo el mundo.
La compañía exporta el 85% de su producción. Lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países en cinco continentes diferentes. Tal es el peso de Impsa en el mundo, que casi cualquier envío al exterior realizado por la compañía logra mover la aguja de las exportaciones totales de Mendoza. Además, tan solo en Argentina, las turbinas generadoras tienen el potencial de captar unos 2.000 mil millones de dólares, de acuerdo a información publicada por la compañía. También produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para la industria nuclear, energía eólica y solar fotovoltaica.
Impsa emplea de manera directa a 720 personas (un 35% son ingenieros), pero en algún momento llegó a tener una planta de 1.300 empleados. Además, genera contratos con más de 100 pymes nacionales a lo largo y ancho del país.
Los proyectos que vienen
Con la capitalización de U$S20 millones, la compañía buscará consolidar su operación en Argentina y volver a competir en Asia, Europa, África, y América. Para este año, Impsa tiene previsto competir para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia, según informaron los directivos de la compañía.
Actualmente se encuentra trabajando en el diseño y la fabricación de las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá (la empresa avanzó sobre la segunda de las 20 turbinas necesarias para la re potenciación de la Represa Hidroeléctrica Argentino-Paraguaya), en los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), en los equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), en los equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el Carem.
Además se presentó a la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Si bien por ahora no hay fecha definida para el avance del proyecto, la concreción de esta iniciativa representaría un importante empujón financiero para Impsa y dinamizaría al sector metalúrgico local en su totalidad, principalmente a las pymes del rubro.
De acuerdo a estimaciones del Gobierno, con la vuelta a la actividad la empresa contribuiría con impuestos, tasas y aportes a la seguridad social por un importe de más de 30 millones de dólares anuales.
