No es una novedad que la economía atraviesa uno de los peores años de su historia con números contundentes que han comenzado a impactar en el desempleo. En este marco, desde diversos sectores empresarios han apoyado la Ley Bases y las propuestas de desregulación del Gobierno nacional. Entre ellas se encuentran el Régimen de Incentivo General de Inversiones (RIGI) así como la apertura de importaciones que ya ha comenzado a avanzar. Sin embargo, no se ha trata de un cheque en blanco sino que desde hace un tiempo las pymes nacionales solicitan leyes paralelas que ayuden a mejorar la competitividad en líneas generales.
Con la oficialización de la baja de aranceles de importación a 89 productos, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a nivel nacional insisten en la importancia de establecer medidas para poder competir. En la provincia diversas cámaras coindicen con la mirada y, entre otras opciones, trabajan desde hace un tiempo para lograr la sanción de la denominada Ley Pyme. Entre otras, se destaca la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Unión Industrial Mendocina (UIM).
Más allá de la sanción de esta ley, con el tiempo y el debate que ello implica, en función del avance importador con costos arancelarios menores, la UIA envió un comunicado en el que expresó que la industria nacional está en alerta. Por este motivo, solicitó que la reducción de aranceles vuelva a entrar en la agenda de la competitividad. Es decir, que no simplemente se disminuyan los impuestos para ingresar productos terminados desde afuera sino que también se establezcan medidas compensatorias para equilibrar los costos de producción argentina con los del resto del mundo.
En su informe “El costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, analiza comparativamente 14 indicadores y destacó que la buena productividad de la industria nacional, se pierde por la “mala competitividad del país”. El estudio mostró que la Argentina está por encima del promedio de América Latina e, incluso, supera a la de los países industriales de la región como Brasil y México. Sin embargo, esta buena performance se diluye cuando se analizan las pérdidas puertas adentro de las empresas.
“La Argentina acumula pasivos que impactan negativamente sobre la competitividad de las cadenas de valor”, subrayaron desde la UIA. Entre otros puntos, el documento menciona: déficits en infraestructura, energía, conectividad y logística, presión tributaria, bajo financiamiento y aumento de costos en dólares. Por otro lado, desmenuza la situación en función de las principales actividades económicas y de las regiones.
Ley pareja no es rigurosa
Más allá de la sanción o no de la promovida Ley Pyme, los empresarios en general coincidieron en la importancia de equiparar las reglas del juego hacia adentro del país. Es porque hasta ahora y por distintos motivos –pero sobre todo impositivos- producir en Argentina es más caro que en otros puntos de la Región o el mundo. Si esta situación se mantiene y la apertura de la economía se profundiza como se ha anunciado, muchas empresas nacionales se quedarían fuera de juego dada la imposibilidad de competir de igual a igual. Situación que, por otra parte, el sector productivo nacional ya ha atravesado con consecuencias nefastas.
En este sentido, Martín Clement, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), expresó que lo se necesita no es tanto una ley pyme que incentive inversiones al estilo RIGI sino “condiciones parejas y estables para todos”. Agregó que si bien el RIGI fue un salvoconducto para motorizar grandes apuestas, ahora deberían comenzar las grandes reformas estructurales con relación a temas laborales e impositivos. “Esto implicará reducir y efincientizar los gastos del Estado”, apuntó Clement.
Con una idea similar, Diego Stortini, vicepresidente de la FEM, comentó que es crucial generar una sincronicidad entre la baja de posiciones arancelarias y la reducción de la carga tributaria, en lo que se incluye el costo laboral de impuestos. El referente empresario recordó que en algunos sectores, los impuestos representan hasta el 50% del valor del producto fabricado en Argentina. “Es decir que los consumidores pagan mitad producto, mitad impuestos”, subrayó Stortini.
Sumó que es si se facilita la importación de bienes y servicios con baja de aranceles, es clave sincronizar esta medida con una baja de impuestos específicos para mejorar la competitividad. “Creo que el Gobierno nacional se ha demorado en este sentido ya que se deben reducir los impuestos internos como las cargas laborales o trabas regulatorias que suman costos burocráticos”, precisó el referente de la FEM. También opinó que desde la provincia también se puede sumar a esta mejora de la competitividad con la disminución de los Ingresos Brutos, las tasas de estadística y el impuesto a los sellos.
Por su lado, el presidente del CEM mencionó que los empresarios deben entender que es imperioso volver a competir con el mundo y, a pesar de las dificultades, “convertirnos en protagonistas”. Desde su punto de vista, la vuelta del crédito y un tipo de cambio más realista de acuerdo a la real competitividad, que es muy baja luego de años de desinversión y desidia, serán claves hacia adelante para cumplir ese objetivo. “Podemos hacerlo porque lo hemos hecho en el pasado y porque nuestros vecinos también lo han logrado, con mucho éxito en algunos casos”, remarcó Clement.
Qué dice el estudio de la UIA
El documento elaborado por la Unión Industrial tocó diversas áreas que atañen a la realidad de una empresa, pero hizo foco en dos que son cruciales. La primera es la actualidad sectorial y regional en donde se expresó preocupación por el impacto negativo que tendrá en la industria la reducción de aranceles a la importación de bienes finales. “A contramano del mundo, la baja de aranceles sin resolver la falta de competitividad y los costos asociados deteriora aún más la capacidad de la producción argentina frente a la competencia desleal”, alertaron desde la UIA.
Al mismo tiempo, además de la preocupación acerca de la baja de aranceles, se alertó sobre una situación extra. Se trata de la eliminación de los valores criterio de importación anunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que “dejará sin efecto un instrumento clave para enfrentar la evasión fiscal”. Se trata de la subfacturación en las operaciones de importación y las prácticas de dumping. Esto implica para la UIA profundizar la competencia desleal que afecta a empresas argentinas que generan empleo, invierten para mejorar su productividad con tecnología e innovación aplicada y tributan en el país.
El segundo punto priorizado por la Unión Industrial es la situación del empleo que se encuentra en una situación delicada. De este modo, se alertó sobre la pérdida de puestos laborales en el sector industrial, que todavía no retornan a los máximos previos a la pandemia. Según el estudio, el sector acumula desde agosto de 2023 una caída de 33.617 asalariados (2,8%). Al diferenciarlos, por áreas, se observó que las mayores caídas desde agosto son en la Metalmecánica (-8.927), Confección (-8.492), Madera y papel (-3.518), Automotores y neumáticos (-2.091), Química y petroquímica (-1.854), y Otras manufacturas (-9.552). Si bien se destacó que en julio el empleo industrial registró una desaceleración en la pérdida mensual (-0,2%), el sector acumula 11 meses de caídas consecutivas.
