Veinticinco años han pasado desde que el 30 de noviembre del 1996 los bancos estatales de nuestra provincia, tanto el de Mendoza como el de Previsión Social, pasaron a manos privadas, el proceso fue complejo, pero en el camino fuimos enterándonos sobre el funcionamiento y manejo de los bancos públicos.
En marzo del ‘95, presionada por la crisis del Tequila, la Legislatura aprobó la privatización de los dos bancos por separado, recordemos que sólo se entregaban $ 200 a cada ahorrista que quisiera sacar dinero de los bancos oficiales. De esta forma, Mendoza accedió a 50 millones de pesos del dinero del Fondo Fiduciario, de un total de 260 millones que recibió la Provincia, para solucionar los problemas de liquidez. El Tequila hizo que se fugaran de los bancos oficiales unos 500 millones de pesos. La cartera irregular del Banco de Mendoza, a principios de 1995, equivalía al 50,5% del total de financiaciones otorgadas por el mismo. Para el conjunto de los bancos privados era del 6,7%, siendo la media para los bancos de provincia del 36,8%. Entonces, el Mendoza tenía poco más de la mitad de su cartera irregular, lo que equivalía a unos $ 575 millones, más del 5% del PBG provincial de esa época.
Mientras tanto se tramitaban cerca de 12 mil juicios por créditos dados y no cobrados y así fue como en diciembre del ‘95, el entonces gobernador Rodolfo Gabrielli, decidió que se privatizara el banco saneado; es decir, sin los créditos de difícil cobro que pasaron al Fondo Residual cuyo monto llegó a los 960 millones de pesos. En definitiva, el Residual quedaba constituido con créditos de difícil cobro y el banco “nuevo” se quedaba con depósitos por 300 millones.
El proceso de privatización
En enero del ‘96 se abrieron los sobres con las ofertas económicas por las acciones de los dos bancos. No hubo ofertas por el Mendoza y sólo una, de $ 4,2 millones, por el de Previsión realizada por el grupo Magna-República, integrado por Ernesto Pérez Cuesta, Juan Carlos Franchetti de inversora CTC, Pedro Mayol, de la Mercantil Andina, Ricardo Stradella de inversora Stradella, Jacques Matas de Industrias Matas, Enrique Pescarmona de IMPSA, Héctor López de Metro Inversora, Danilo de Pelegrin de La Colina SA, Roberto Pierrini de Triunfo Seguros, Emilio Magnaghi de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Luis María Caseros de Diario Los Andes, Osvaldo Zalazar por Cuyo Televisión, Daniel Vila del Grupo Uno y Raúl Moneta con el Banco República.
El 29 de febrero se abrieron los sobres del segundo llamado a licitación con las ofertas por las acciones del Mendoza, la mejor fue la de Magna-República que ofertó 20 millones de pesos. El 14 de marzo el gobierno de Arturo Lafalla declaró al Grupo Magna-República, al Exprinter y al Banco Galicia fuera de pliego pero dentro del proceso y se les pidió que mejoraran la oferta. Así fue como el grupo Magna-República presentó un recurso administrativo objetando la decisión de dejarlos fuera de pliego. El gobierno rechazó el recurso y decidió realizar un nuevo llamado a licitación. Esto al Grupo Magna-República no le cayó nada bien y presentó un recurso de amparo pidiendo la suspensión del nuevo llamado a licitación y que se siguiera adelante con el proceso de licitación manteniendo como oferta válida la de Magna-República por los dos bancos. Así entonces, Lafalla decidió no continuar el litigio y entregar los bancos porque la provincia no podía seguir manteniéndolos. El gobierno provincial debía destinar más de 70 millones de pesos/dólares al año para que los bancos oficiales siguieran funcionando.
El 29 de mayo se firmó el decreto adjudicando las acciones de los bancos, con previa autorización legislativa, obtenida el 8 de julio, y se traspasaron a manos privadas el 30 de noviembre del ‘96 hasta que quebró en 1998 en manos del Grupo Magna.
Desmanejo y descontrol
El caso Hanon es uno de los tantos en donde se puede advertir el mal funcionamiento de los bancos. En 1979 se le entregó un crédito a la firma La Franco Argentina S.A. por 650 mil dólares de la que Julio César Hanon era director. Además de dar un crédito con garantías que no llegaban a cubrir el préstamo, nunca se logró cobrar el monto y el banco terminó pagando más de un millón de dólares por la mala gestión de sus abogados.
Otro caso resonante fue el de las tarjetas de crédito. En mayo de 1991 el Banco Mendoza tenía como política incrementar la cantidad de plásticos. La campaña fue un éxito, en noviembre del ‘92 el Banco contaba con 50.000 cuentas titulares. Pero la emisión masiva de tarjetas se debía a que en varios casos, no se pidieron los requisitos mínimos para tener una tarjeta para gastar 5.000 pesos/dólares por mes. La deuda que quedó en el Fondo Residual por las tarjetas de crédito superó los $ 43 millones de pesos/dólares en ese momento y la sanción más grave fue suspender por 20 días a una persona del banco.
El Banco también les otorgó asistencia crediticia a clientes que al 30 de junio de 1993 se encontraban con dificultades financieras. Dicha asistencia ascendía a casi 56 millones de pesos/dólares a esa fecha. El valor estimado de las garantías preferidas constituidas por esos clientes y el monto de previsiones para riesgo de incobrabilidad registrado alcanzaban a $ 5.890.000 y $ 12.976.000 respectivamente. Esto significaba que el banco poseía garantías preferidas sólo sobre el 9,49% de los préstamos otorgados, y que el monto de previsiones constituidas equivalía nada más que al 24% de los créditos otorgados.
Los empleados también hacían sus cosas, los cajeros le ponían una fecha diferente a la boleta de impuestos pagos y mientras tanto hacían trabajar la plata. Esto se supo porque la gente se quejaba en Rentas porque le reclamaban los impuestos ya pagados.
¿Y los 960 millones del Residual?
Un informe de 1998 realizado por el Consejo Empresario de Mendoza indica que el Residual estaba compuesto por pasivos con el sector público provincial por $ 493 millones y con el sector privado por $ 466 millones y que la deuda pública provincial se componía de la siguiente forma: déficits fiscales 1992-1997, 476 millones de pesos; privatización de los Bancos Mendoza y Previsión, 726 millones de pesos; Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 260 millones de pesos; deuda del Ente Residual con el sector privado, 466 millones de pesos. Quedó entonces una deuda total de 1.202 millones de pesos para la provincia y activos por cobrar del Ente Residual por 959 millones de pesos.
A noviembre del 2021, se han cobrado 370 millones de pesos. Lisandro Nieri, titular de Hacienda, ministerio del que depende la Dirección de Administración de Activos ex Bancos Oficiales, (Daabo) organismo que se creó para cobrar las deudas del Residual, dice: “Hablemos claro del endeudamiento de Mendoza, la privatización de los bancos generó el endeudamiento de 1.000 millones de pesos/dólares y lo cierto es que los 960 millones del residual nunca fueron 960 porque eran créditos de mala calidad, no estaba ese activo. De los 960 millones se cobraron 370″.
Dando créditos sin garantías, entregando tarjetas cuyos gastos no se cancelaban y condonando parte de las deudas para después volver a darle un préstamo al mismo deudor, así funcionaban los bancos y por eso quedaron 960 millones de pesos/dólares en ese momento sin cobrar. Imaginemos esto, que hoy la Provincia tuviera un banco estatal y hubiera generado 330 mil millones de deuda y no la hubiera podido cobrar. La cifra no es antojadiza, es el monto del presupuesto 2022 de Mendoza y la utilizo porque los 959 millones del Fondo Residual, en 1995, equivalían a un presupuesto provincial.
Arturo Lafalla, quien explica la privatización y la situación del banco en su libro Utopía y realidad. Testimonio de un gobernador (1995-1999), concluye diciendo: “¿Qué nos dejó esta triste y vergonzosa historia? 940 millones de pesos/dólares de pérdidas de fondos públicos supuestamente destinados a fomentar la actividad económica de Mendoza. Yo les pregunto y me pregunto: ¿dónde está el beneficio como contrapartida de esa multimillonaria pérdida? ¿Dónde fue a parar ese dinero? La respuesta está en el listado de deudores. Ahora bien: ¿esa inmensa masa de dinero sirvió para que medianos y pequeños empresarios se desarrollaran y pudieran competir con los capitales concentrados de las grandes empresas? De ninguna manera. No es entonces que el dinero no devuelto se convirtió en riqueza productiva en manos de los que no lo devolvieron, ojalá hubiera ocurrido, otra hubiera sido la historia. Lo grave es que no sirvió para ningún fin social, fue dinero perdido”.
