En el día de ayer, las acciones de la petrolera con mayoría de capitales estatales cayó vertiginosamente ante trascendidos que apuntaban a una estatización total. El precio del papel en Buenos Aires descendió 8,62% y en Nueva York se precipitó 11,8%, mientras que en dos semanas la baja es de 28%.
Hoy YPF es una sociedad anónima abierta y no se le aplican las normas del sector público nacional. Su gestión se realiza conforme a prácticas de la industria y del gobierno corporativo, y través de una gestión profesional. Pero las decisiones macro son políticas.
Por esta razón, los cambios políticos tampoco habrían dado buenas señales al mercado, es que el presidente, Alberto Fernández, le pidió al presidente de la firma, Guillermo Nielsen, que renunciara, y a cambio le ofreció la embajada en Arabia Saudita. El economista que viene de militar ocho años en el massista Frente Renovador será reemplazado por el diputado nacional y abogado Pablo González, quien responde directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández.
¿Qué dijo el ministro de Economía sobre una posible estatización de YPF?
El ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió los rumores sobre un supuesto plan para la estatización total de la petrolera YPF.
“De ninguna manera. El rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá siendo”, respondió el ministro a la agencia de noticias Télam.
El miércoles, Nielsen, a través de su cuenta en la red social Twitter, dijo que su salida responde a un “nuevo desafío” que le fuera ofrecido por el presidente Alberto Fernández. Se trata de un la Embajada de la Argentina ante el Reino de Arabia Saudita, cargo para el que la Cancillería ya formalizó el pedido de plácet, según informaron a la misma agencia, fuentes del Palacio San Martín.
El principal postulante para reemplazar a Nielsen en la presidente de YPF es el diputado nacional Pablo Gerardo González, un abogado que ocupó distintos cargos en la función pública desde que, en 1993, se desempeñó como asesor legal de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz.
