Los productores asociados a Fecovita lograron que, en un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados de la provincia aprobara por mayoría de votos un pedido de informe dirigido a la Justicia con el objetivo de esclarecer el estado de los expedientes relacionados con la contienda judicial que la Federación tiene con su ex socia Iberte. La iniciativa surgió de la comisión de Derechos y Garantías, tras el encuentro que mantuvo la semana pasada con representantes de la entidad vitivinícola.
De esta manera, se solicitió al Segundo y Tercer Juzgado Concursal datos sobre las causas de pedido de quiebras que están radicadas en esa sede. Además pidieron información a la Fiscalía de instrucción N° 7, de delitos económicos, sobre la denuncia por estafa formulada por Juan José Retamero y Guillermo García directivos de Iberte y a la Fiscalía de instrucción N° 38 sobre denuncia por extorsión formulada por Rubén Panella, presidente de Fecovita.
La sesión estuvo custodiada por unos 50 productores socios de las cooperativas que forman parte de Fecovita quienes mostraron su malestar ante el supuesto “intento de desestabilización” que la empresa Iberte estaría ejerciendo sobre Fecovita. En este sentido, el Secretario de la Mesa Directiva, Marcelo Federici, sostuvo, antes de comenzar la sesión: “Nosotros nos presentamos ante la Comisión de Derechos y Garantías para solicitar la celeridad en la justicia porque tenemos un pedido de quiebra realizado por la empresa Iberte, que es totalmente infundado. Creemos que no tiene razón de ser, ya que la empresa se encuentra al día con todas sus obligaciones, está operando normalmente, no estamos en cesación de pagos”.
A favor y en contra
Durante la sesión, el diputado José Luis Ramón (Protectora), presidente de la comisión de Derechos y Garantías subrayó que este asunto es de importancia estratégica para la provincia y de alguna forma urgió a que Fecovita y su crecimiento futuro no se vean afectados por un acuerdo comercial “cuestionable” que, en lugar de resolverse en los tribunales convencionales, está causando incertidumbre en la sociedad mendocina. Afirmó que el problema radica en la incertidumbre y no en problemas económicos fundamentales.
Además Ramón manifestó su preocupación por la “duración del proceso judicial, que ya lleva cinco meses desde la solicitud de quiebra”.
El diputado Adrián Reche (UCR), que preside el Foro Legislativo Frutihortícola, apoyó al despacho de la comisión y sostuvo que “queda claro que como Legislatura no tenemos las facultades jurisdiccionales para intervenir en una decisión judicial de este tenor, pero no es menos cierto que sí tenemos las facultades legales para investigar, ver, analizar, hacer este pedido de informes”. En esa línea, expresó que “como actores de la política, donde en este recinto tomamos decisiones que afectan a los mendocinos, también debemos comprometernos con circunstancias que pasan a ser políticas de Estado para Mendoza”.
En el mismo sentido, el diputado José Orts (UCR), manifestó que en la zona Este en recorridas con productores ha notado inquietud sobre este tema y el reclamo de celeridad a la justicia se basa en que la indusria del vino es una industria que se basa en especulaciones por lo que es necesario tener certezas. “Este tipo de especulaciones no las tienen que tener nuestros productores ni aquellos que trabajan todos los días la tierra es por eso, que estamos pidiendo mayor claridad, mayor información y sobre todo mayor celeridad”, agregó.
A su turno, Gustavo Cairo (PRO), afirmó: “Estos pequeños y medianos productores están en una situación terrible, el contexto económico desfavorable, la dificultad para importar insumos, para las exportaciones, retenciones a las exportaciones”.
En tanto, desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto expuso el acompañamiento del bloque “porque si estamos acá para representar al pueblo cómo no vamos a estar apoyando a nuestros productores, a Fecovita, que genera empleo genuino, que moviliza la matriz agroindustrial”.
Jorge Difonso (UP), dijo por su parte que “hoy está siendo perjudicado un sector importante para la economía de la provincia, la Legislatura debe observar” y remarcó que “apoyamos el consenso de la comisión de Derechos y Garantías, me parece saludable tratar estos temas de esta forma”.
Josefina Canale (PDP), advirtió que esto “No es una intromisión a la justicia. Lo que buscamos es traer tranquilidad a FECOVITA porque sabemos lo que significan estas fuentes de trabajo”.
Finalmente, el diputado Germán Gómez (FdT) manifestó que “como poder político tenemos la obligación de saber qué es lo que está pasando con esto” a lo que sumó que “nuestro bloque va a defender la propiedad privada y no va a dejar que estos procesos extorsivos generen un perjuicio a Fecovita”.
Sin embargo, la libertaria y representante de Javier Milei en Mendoza, Mercedes Llano se mostró en contra de la petición y dijo: “sin opinar sobre la cuestión de fondo entendemos que esta presentación puede interpretarse como un avance sobre competencias que son propias del Poder Judicial, interpretarse que la Legislatura puede ser un elemento de presión”.
La fallida sociedad y el reclamo de más de 26 millones de dólares
Iberte junto Fecovita , establecieron una sociedad exportadora vitivinícola denominada Evisa, con el fin de exportar vino y mosto a países de Europa del Este. Sin embargo, según explicaron desde la Federación en el transcurso de la constitución de la sociedad, surgieron desencuentros en relación a los objetivos originales de la empresa. Ahora, la empresa española le reclama a Fecovita una supuesta deuda de más de 26 millones de dólares que habría surgido como un acuerdo mutuo tras el fin de las relaciones comerciales.
“Nos dijeron que ellos ya tenían fletes contratados internacionales en el momento de la pandemia, en ese momento conseguir un flete era muy complicado y la promesa que ellos realizaron es que iban a abrir nuestro mercado externo fundamentalmente hacia Europa del Este y Rusia. Eso nos llevó a empezar a entablar relaciones comerciales y a generar una sociedad”, explicó durante la entrevista Marcelo Federici.
Desde Fecovita explicaron que durante la formación de la sociedad, se registraron discrepancias en cuanto a los objetivos iniciales de la empresa. En lugar de expandir sus mercados, Iberte habría optado por ofrecer productos a los clientes de la empresa. Como resultado de estas discrepancias, ambas partes acordaron poner fin a la sociedad de manera mutua, lo cual se llevó a cabo en mayo de 2022. Pero el cierre no fue tan simple.
Según el documento firmado por Guillermo García, ex presidente del INV y representante de Iberte en Argentina, y presentado en la Legislatura, la deuda habría surgido del reconocimiento efectuado por Fecovita en el Acuerdo Final de fecha 13 de octubre de 2022, en donde se habría comprometido Fecovita a pagar 17.461.826 litros de vino y 6.610 toneladas de mosto, luego ajustado a 5.646,26. Sin embargo, según el documento presentado por García, ante el incumplimiento de ese trato renacía la validez del Acuerdo de Opción de Venta de Acciones de fecha 3 de enero de 2022, opción que fue ejercida por lberte y que representa la obligación para Fecovita de la compra de las acciones de lberte en Evisa, por un total de suma de USS 26.462.562,20.
Por lo tanto, por el no pago de esa suma, que desde Fecovita, desconocen como tal, la ex-socia le pidió la quiebra en dos juzgados concursales de Mendoza.
No obstante, Marcelo Federici aclaró que “hay varios contratos firmados y ellos-por Iberte- están en cierta medida desoyendo todos estos contratos que tenemos firmados. Nosotros hemos hecho hacer un dictamen por un estudio de abogado de la relación contractual completa y de esa relación contractual completa sale una deuda de Iberte hacia Fecovita de aproximadamente 15 millones de dólares”, detalló el secretario de la empresa vitícola.
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