Originalmente, se había previsto un plazo de un mes -del 15 de julio al 15 de agosto- para que la ciudadanía en general realizara aportes al anteproyecto del código de aguas. Ante las inquietudes de varias asociaciones y cámaras, se otorgó dos meses más, hasta el 15 de octubre. Sin embargo, desde el sector productivo plantean que necesitan más tiempo para analizar las implicancias de ciertas modificaciones.
Hoy, las entidades que integran la Mesa de la Producción y el Empleo se reunirán con el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, para seguir analizando las dudas que les ha generado la propuesta. El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, detalló que, con las cámaras territoriales asociadas, han planteado algunas preocupaciones sobre ciertos puntos, pero que están en un proceso de diálogo.
Sumó que ya han tenido reuniones con los técnicos del Departamento General de Irrigación y pudieron salvar algunas inquietudes, mientras otras persisten y por eso decidieron juntarse a hablar con Marinelli para consultarle sobre la posibilidad de incluir algunos cambios en el proyecto.
Pero también indicó que les parece que el plazo de análisis ha sido muy corto y que, si bien se extendió hasta mediados de octubre, entienden que, por la importancia que este código reviste para la provincia -no sólo para el agro-, hay que darse el tiempo de análisis y discusión necesario para alcanzar un consenso y la tranquilidad de la mayor cantidad de sectores, en lugar de que salga aprobado por una simple mayoría en Legislatura.
Reparos
Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, indicó que, en el marco de estas reuniones, plantearon que rechazan el código tal como está planteado, porque hay puntos que son incongruentes y otros preocupantes.
Entre ellos, mencionó las facultades que tiene el Ejecutivo provincial para cambiar las prioridades en el uso del agua (hoy existe un orden, que preside el consumo humano), en función del beneficio socioeconómico que no se explicita quién determina ni cómo. También, que se pasará a un esquema de entrega volumétrica del agua, que resulta difícil de aplicar, porque el 90% de los canales no están impermeabilizados y se producen pérdidas por filtraciones, además de que no está claro dónde se realizaría la medición.
Por otra parte, Labay planteó que la inherencia del agua a la tierra podría estar comprometida y que consideran que antes que un código de aguas, se debería plantear un plan de obras hídricas y un plan hídrico.
Diego Stortini, vicepresidente de Producción de la FEM, lanzó que, para ser responsables y dar una verdadera posibilidad de estudio de los más de 280 artículos del ante proyecto del código de aguas, y de participación, no se pueden pensar en un plazo de tres meses. Esto, considerando que no se trata de una simple compilación de la normativa existente, sino que plantea modificaciones.
Señaló que a los usuarios les está costando realizar aportes, porque el tema es complejo y el tiempo establecido no permite una reflexión adecuada sobre un tema que se ha cuidado mucho en Mendoza, como es el agua. Añadió que, durante más de un siglo se ha administrado bien el recurso, pero no se han realizado tantas obras y ese tema no se resuelve.
En este mismo sentido, manifestó que aún no conocen las obras hídricas que la provincia planea ejecutar con los fondos de Portezuelo del Viento y, hasta no tener claridad sobre ese plan, no entienden la urgencia de aprobar un código antes de fin de año.
Stortini indicó que están de acuerdo en que hay que modernizar una ley tan antigua, pero que el anteproyecto modifica el paradigma. Pese a eso, prefirió no adelantar su opinión sobre los cambios que se proponen hasta no tener hoy la reunión con Marinelli.
Proceso participativo
Marcela Andino, abogada especialista en Derecho del Agua y asesora en Irrigación, comentó que el proceso de participación fue diseñado por especialistas y que ha estado abierto desde hace tiempo. En primer lugar, detalló, se convocó a los inspectores de cauce, porque son quienes administran el recurso a la par del DGI, y se realizaron varios encuentros para recibir opiniones sobre el modo en que se podía armonizar la normativa vigente (leyes, resoluciones del organismo y fallos jurisprudenciales).
A partir de esto, se redactó un primer documento, que se compartió con Marinelli y con el especialista en Derecho Ambiental y de Aguas, Miguel Mathus Escorihuela, y el referente español Antonio Embid Irujo. Asimismo, se invitó a 35 expertos de distintas ramas del derecho y la ingeniería -de los que 20 respondieron- a incorporar aportes al documento. Y luego, a las cátedras de Derecho del Agua de las universidades Nacional de Cuyo, Mendoza, Aconcagua, Champagnat y Congreso.
Andino explicó que, de este modo, se llegó al primer anteproyecto que está subido en la plataforma https://participa.irrigacion.gov.ar/ desde el 15 de julio. Además, se están realizando talleres presenciales y abiertos en distintas partes del territorio, como el que se desarrolló el lunes en la Enoteca, con organizaciones vitivinícolas, o el que se hará este viernes, de 15 a 16.30, en el salón Virgen de las Nieves, de la sede central de Irrigación (Barcala 202, de Capital). Para inscribirse se debe ingresar en el siguiente enlace.
La asesora del DGI planteó que, en los distintos encuentros, han surgido inquietudes y que no todas se vinculan con el sector productivo o con problemáticas que aborda el código. Así, la ciudadanía está preocupada por el agua potable; los ambientalistas por el caudal ambiental y si va a ser permanente; los productores sobre el derecho, la inherencia y si se les va a exigir ser más eficientes; y los sectores mineros sobre el hecho de que la minería esté última entre las prioridades de uso y qué puede suceder con los futuros proyectos.
Indicó que algunas inquietudes u opiniones son más fundadas, mientras otras sólo buscan entorpecer el procedimiento, como también que no todos pueden aportar respecto a todo. Para ilustrarlo, planteó que ella misma es abogada, pero cuando debieron abordar la distribución del riego consultaron a un ingeniero.
En cuanto a la posibilidad de una nueva extensión del plazo, señaló que deben cerrar el proceso de participación para poder tomar los aportes que se han realizado y volcarlos en un anteproyecto definitivo, que presentarán al superintendente, para que lo envíe al gobernador y que éste evalúe si resulta oportuno remitirlo a la Legislatura.
