Este jueves se confirmó que la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta A. Preska rechazó el pedido del gobierno para la postergación de la fecha límite para presentar garantías en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera YPF. En consecuencia, a partir de hoy la argentina es pasible de embargos de activos, informó Noticias Argentinas.
De esta manera, llegó la noticia que la actual gestión de Javier Milei no esperada, ya que Preska resolvió que sea este 10 de enero (ayer) la fecha límite para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la nacionalización de la empresa, resuelta en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner.
Con esta decisión desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes -el Grupo Petersen y Eton Park Capital- podrán comenzar los pedidos de embargos de activos argentinos ubicados en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
El pedido del Gobierno
A principios de esta semana, el gobierno presentó un escrito ante la magistrada neoyorkina para la postergación de la fecha límite para la presentación de garantías. En el texto, puntualizaron la “falta de acceso a fondos” para realizar el depósito y argumentaron que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”.
Sin embargo, Preska falló a favor de los demandantes al considerar que la solicitud del gobierno, realizada a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, “demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo”, rescató la agencia AFP.
El pasado 15 de septiembre de 2023, la jueza emitió su sentencia final en el juicio por la expropiación de YPF y condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares al fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de Grupo Petersen y Eton Park Capital. Según recordó la mencionada agencia, dichas empresas no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando era controlada por la española Repsol.
