En mayo del año pasado, luego de un remate (el cuarto), las instalaciones de la ex Industrias Matas, que durante cinco años habían estado en manos de la Cooperativa La Terre, creada por ex empleados, fueron adquiridas por un privado. Los socios de la entidad presentaron un recurso en el que plantean que hubo irregularidades en el proceso de venta. Hace una semana, la justicia determinó que la mediación que se había iniciado en julio, para intentar acercar posiciones entre el adquirente y los asociados, no logró su objetivo y ahora deberá resolver si el procedimiento de adquisición fue correcto.
La historia de Industrias J. Matas comienza en 1940, con la elaboración de aceites esenciales. En 1963 se suma la producción de vegetales deshidratados. Y en 2005, después de varios años de dificultades financieras, la empresa se presenta a convocatoria de acreedores. Siete años después, mientras todavía trabajan en la fábrica, un grupo de empleados crea la Cooperativa La Terre. Y en 2014, cuando la Justicia declara la quiebra de Matas, la jueza dispone la venta del inmueble y el gobierno provincial declara de utilidad pública la ocupación temporaria por parte de la cooperativa.
Así es como en 2016, los socios de La Terre logran volver a poner la fábrica en funcionamiento y empezar a producir espinaca y cebolla deshidratadas. En su momento, hicieron reiteradas ofertas de compra, pero fueron rechazadas porque la Justicia consideró que no se podían usar los créditos laborales –los asociados eran, a su vez, acreedores de la quiebra- como forma de pago, ya que, detalla Carlos Ferro, representante legal de la entidad, los montos nunca fueron liquidados (no se calculó el total). Tampoco se permitió que se utilizaran para ofertar 10 millones de pesos que la provincia pagó a favor de la quiebra en concepto de alquiler por la ocupación.
Luego se llamó a sucesivos remates -el primero en junio de 2018- que quedaron vacantes hasta que, en el cuarto, en mayo del año pasado, se presentaron dos oferentes y terminó ganando la puja un empresario del sector del ajo, que pagó 25 millones de pesos (unos 600 mil dólares entonces, más 150 mil en otros gastos), que desde entonces están depositados.
La cooperativa interpuso un recurso en la Cámara, ya que considera que hubo irregularidades procesales. Entre ellas, detalla Ferro, que los socios realizaron inversiones muy importantes y se opusieron a que un tercero tomara posesión de las instalaciones hasta que no se determinara cuál había sido el importe invertido. Además, cuestionan el modo en el que el adquirente realizó el depósito.
Pablo de Rosas, abogado de American Garlic, el adquirente, explicó que la ley de ocupación temporaria –que se aprobó para los trabajadores de diversas empresas que quebraron- venció y, entonces, la jueza llamó a subasta. Es que el gobierno pagaba a las quiebras un alquiler y decidió que se había cumplido el plazo. Pero cuando se concretó la venta, se inició una disputa entre la cooperativa y la sindicatura, y el privado no ha accedido a la propiedad (y su inversión, en dólares, se depreció considerablemente porque, de caer la venta, le devolverían pesos).
En el marco de las negociaciones que se iniciaron en julio, surgieron propuestas de otros predios a los que podría trasladarse la cooperativa e incluso se les ofrecieron hornos para que puedan continuar con su actividad de secado. Como esta mediación no prosperó, ahora la Justicia deberá decidir si la impugnación tiene fundamento.
Gabriel De Las Morenas, abogado de la sindicatura, señaló que la Justicia resolverá únicamente sobre lo que planteó La Terre: que el comprador pagó una seña, pero canceló el total fuera de término, con lo que habría perdido el derecho de compra. Esto significa que, de fallar a favor del adquirente, los socios quedarán en una situación complicada –aunque el representante legal adelantó que irán a la Corte- y que, si falla a favor de la cooperativa, se cae la venta y se debe volver a rematar, es decir, se comienza otra vez todo el proceso.
Alejandro Zlotolow, subsecretario de Industria y Comercio de la provincia, detalló que se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar en la instancia de mediación y que, cuando les consultaron si había un predio alternativo, ofrecieron uno, pero resaltó que la intención del Ejecutivo era aportar a la resolución, no plantear que la cooperativa debe trasladarse ni definir qué debe suceder.
De hecho, subrayó que todas las partes coinciden en que lo mejor sería una solución negociada, de manera que tanto el privado como la cooperativa puedan seguir creciendo. En este sentido, consideró que se trata de actividades complementarias y que se ha llegado a una instancia en la que habrá un ganador o un perdedor, cuando lo ideal hubiera sido tener dos ganadores, ya que esto resta posibilidades productivas.
Entretanto, la cooperativa La Terre ha seguido produciendo. Su presidente, Daniel Sauretti, comentó que este año no pararon la producción y que incluso innovaron con nuevos productos, como comidas preelaboradas: guiso de arroz, guiso de lentejas, buñuelos de espinaca, locro y sopa crema. Además, entregan 30 mil raciones a comedores comunitarios, y esperan llegar a las 50 mil en diciembre, con el aporte conjunto de la entidad y donaciones, en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Si el 25 de abril, cuando recuperaron la fábrica, eran 24, ahora continúan trabajando 14 socios fundadores, más 56 empleados y diversos emprendimientos de agrupaciones sociales –de elaboración de lavandina, jabón líquido, alcohol en gel, calzado-, a las que les han cedido un espacio para desarrollar su tarea. Esto significa que hay 106 personas empleadas de modo directo, a las que se suman los indirectos que producen las hortalizas y legumbres.
Sauretti plantea que recibieron una “chacarita” de máquinas que no servían para nada, porque se habían ido deteriorando por el desuso, y que debieron ponerse al día con las deudas de servicios como la luz y el gas. En este sentido, lanzó que no entienden por qué, si la ley marco de empresas recuperadas aún está vigente –este es uno de los puntos en los que no hay acuerdo entre las partes-, se realizaron los remates y se procedió a la venta. Y adelantó que, si la Cámara falla en contra de La Terre, la decisión de los trabajadores es no entregar la fábrica, ya que seguirán defendiendo la ley 8874.
